El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 incluye como prioridad del gobierno de López Obrador la reformulación de la política de drogas. El texto, publicado en el Diario Oficial de la Federación, dice: “En materia de estupefacientes, la estrategia prohibicionista es ya insostenible, no sólo por la violencia que ha generado sino por sus malos resultados en materia de salud pública, en la mayoría de los países en los que ha sido aplicada, esa estrategia no se ha traducido en una reducción del consumo. Peor aún, el modelo prohibicionista criminaliza de manera inevitable a los consumidores y reduce sus probabilidades de reinserción social y rehabilitación. La ‘guerra contra las drogas’ ha escalado el problema de salud pública que representan las sustancias actualmente prohibidas hasta convertirlo en una crisis de seguridad pública.” Es decir, en el documento rector, se reconoce como una de las prioridades de este sexenio un cambio en la política de drogas, no sólo para reducir la violencia sino también para proteger la salud.
La realidad hasta ahora, sin embargo, es contradictoria con el anunciado proyecto de cambio. En materia de cannabis, por ejemplo, después de una infinidad de foros e iniciativas presentadas, la Ley quedó congelada en el Senado. A pesar de que la SCJN dio hasta octubre para legislar en la materia, de forma atípica, el Senado pidió una prorroga. Seguimos así sin Ley. Mientras, los pacientes siguen esperando, los militares siguen realizando erradicaciones con químicos en comunidades campesinas y los usuarios y menudistas siguen siendo perseguidos. Nada ha cambiado ahí.
La política de estigmatizar usuarios también continúa. En repetidas ocasiones el Presidente ha ligado el uso de drogas con la incidencia delictiva, ha dicho que quienes cometen homicidios están drogados. La campaña contra las adicciones, Juntos por la Paz, está llena de prejuicios. Promueve la idea de que todo uso de sustancias es malo, resultado de la desintegración social o de problemas de personalidad. Entre usuarios no hay adultos responsables e informados, solo personas con ansiedad o soledad.
En términos de criminalización, la estrategia punitiva sigue pujante. Durante la conferencia matutina del 29 de octubre se relanzó la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones. En el acto, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, afirmó: “En el lado de seguridad pública, (…) no hay ninguna limitación en ir a combatir la parte de oferta, de trasiego, de producción, de comercialización de estos productos.” También participó ese día el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía: “Lo que se busca es no solamente combatir a las organizaciones delictivas, sino también combatir este mercado de consumidores.”
Quienes llevamos años contando los costos de la Guerra contra las drogas sabemos que la distinción entre la oferta y la demanda es engañosa. En nuestro sistema penal, la persecución del narcomenudeo implica la criminalización y encarcelamiento de consumidores. El combate a la producción y trasiego, significa el combate a campesinos y el encarcelamiento de mujeres pobres. Quienes producen, transportan y venden, son también esos jóvenes que el presidente tanto dice querer proteger. Continuar el combate a la oferta es continuar la guerra.
Los terribles eventos de las ultimas semanas evidencian que la crisis de violencia continúa y se ha recrudecido. Sin embargo, no son el resultado de una política de drogas (o de seguridad) distinta, sino de la misma estrategia fallida que llevamos años implementando. No es un modelo nuevo que no funciona, es el mismo: militarización, combate a las drogas, más intervención penal con menos derechos procesales. Lo grave es que, sin haberse puesto en marcha un cambio, comienza a permear la idea que la estrategia “nueva” fracasó y que lo necesario es más mano dura y más guerra. El riesgo hoy es que pierda apoyo el cambio y se pierda así la posibilidad de una transición hacia la paz.
Profesora investigadora del CIDE.
@ cataperezcorrea
