Se aprobó en ambas cámaras la Ley Zaldívar. Aunque el paquete de reformas incluía varias modificaciones a leyes federales relativas al poder judicial, el proceso se vio opacado por un artículo transitorio que se agregó de última hora para ampliar el plazo por el que el hoy presidente de la Corte ocupa ese cargo. La importancia de la reforma hacía necesario cuidar cada aspecto de la propuesta. Sin embargo, la inclusión del artículo transitorio, que abiertamente violenta la Constitución y que politiza de forma inevitable como innecesaria a quien encabeza al Poder Judicial Federal, terminó por acaparar la atención pública. No es para menos, la permanencia de Zaldívar, más allá de lo que marca la Constitución, no solo pone en duda la autonomía de la Corte Suprema sino la legitimidad de sus decisiones y del resto del Poder Judicial.
Nuestro sistema constitucional está organizado sobre la división del poder. De manera vertical, este se divide entre Federación, Estados y Municipios. Horizontalmente, se divide entre poder judicial, legislativo y ejecutivo. En términos muy simplistas: el poder legislativo crea el derecho, el ejecutivo administra y aplica las normas y el poder judicial garantiza que se cumplan. Además, este último funge como árbitro cuando surgen disputas entre otros poderes o cuando están en riesgo los derechos de alguna minoría.
La separación de poderes tiene como objetivo limitar el poder público. Las diversas ramas están en constante tensión: dialogando entre sí y vigilándose unas a otras. El entramado constitucional entero es un sistema de frenos y contrapesos que permite controlar el uso del poder. La complicidad entre poderes -por ejemplo, cuando el legislativo y el ejecutivo hacen normas a modo para beneficiar a un funcionario judicial específico, identificable con nombre y apellido-, deslegitiman y debilitan al sistema.
Pero la cosa es aún más grave. Además de la división de poderes, está en juego la capacidad del Poder Judicial para defender derechos y resolver conflictos, de ser la vía para sortear la crispación política actual.
Vivimos en una sociedad diversa. Como tal, está marcada por diferencias y desacuerdos. En cuestiones morales, políticas, económicas, sociales existen fuertes disputas. Ello no es malo ni extraño en una sociedad moderna formada por millones de personas con diferentes necesidades y opiniones. En este contexto, el papel de los y las jueces es fundamental ya que en ellos recae la tarea de resolver los desacuerdos, dando voz a las partes y sin menoscabar la pluralidad. Sin embargo, como muchos teóricos han señalado, el poder judicial es la rama de gobierno que más dificultades tiene en legitimar su actuar, pues es la más alejada a la representación popular. Es por ello que entre más polémicos sean los asuntos que resuelve, más difícil se vuelve legitimar sus decisiones. Pero entre más polarizada está la sociedad, más importante es que tenga capacidad de dar un cauce pacífico a la resolución de conflictos. Esto se logra comportándose de manera imparcial y autónoma frente a los otros poderes y las partes. En otras palabras, se logra con credibilidad. El propio ministro Zaldívar lo reconocía la semana pasada en una entrevista de radio: “en un país tan polarizado como el nuestro, las decisiones de los jueces generan controversia.” Sus fallos, decía, generan críticas de un lado y otro. “Lo que yo he garantizado y seguiré garantizando a los jueces es que podrán seguir resolviendo los asuntos en libertad, con independencia, con autonomía.”
La Ley Zaldívar, sin embargo, pone en entredicho la autonomía, independencia e imparcialidad del ministro frente al presidente y mina la capacidad del poder judicial de cumplir con su función de árbitro entre los poderes y como garante de la pluralidad. El presidente de la Suprema Corte será beneficiado al ver prolongado su poder -y salario-, pero condena al Poder Judicial al desprestigio y la sumisión. Nada tiene de transformador otra ley de cuates. Lo distinto sería ejercer los cargos con un sentido de responsabilidad y anteponer los intereses de todos sobre los propios.
Profesora investigadora del CIDE.
@cataperezcorea
