Ante las muchas críticas que se hicieron sobre el texto, la iniciativa de ley en materia de telecomunicaciones enviada por la presidenta Sheinbaum al Senado fue pospuesta para el siguiente periodo legislativo. Varias organizaciones, expertos y expertas en el tema, el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) se expresaron en contra de la iniciativa por el riesgo que implica para la libertad de expresión. Al respecto, la organización Artículo 19 escribió: “La iniciativa, bajo una redacción ambigua, legalizaría prácticas de censura previa y vigilancia masiva en contravención a estándares internacionales de libertad de expresión, derecho a la información y privacidad”.
Varios puntos de la ley propuesta son alarmantes. El articulo 109, por ejemplo, establece que “las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la Agencia de Transformación Digital para el bloqueo temporal de una plataforma digital, en los casos en que sea procedente por incumplimiento de disposiciones u obligaciones previstas en las normativas correspondientes.” No sabemos qué autoridades incluye esta facultad, pero será la propia Agencia la que emita los lineamientos para bloquear plataformas digitales, sin mediar orden judicial. El gobierno podrá ejercer censura previa sobre redes sociales, o simplemente censurar críticos. Además, se establece el registro de usuarios de servicios móviles y su vinculación con datos biométricos, una disposición que fue declarada inconstitucional por la SCJN en 2022.
En otra parte (artículo 210), la ley propuesta establece que “los concesionarios que presten el servicio de radiodifusión, televisión o audio restringidos en el país, no podrán transmitir propaganda política, ideológica, comercial o de cualquier tipo de gobiernos o entidades extranjeras, con excepción de la promoción turística o cultural.” ¿Qué es una entidad extranjera? ¿Incluye a empresas, organizaciones civiles, medios de comunicación? Actualmente diversas organizaciones extranjeras realizan estudios y/o denuncias en temas de protección ambiental, libertad de prensa, equidad de género, corrupción, abuso de la fuerza (ya sea detenciones ilegales o ejecuciones extrajudiciales) por parte de las fuerzas de seguridad. También existe un gran número de medios de comunicación extranjeros en México, e inclusive medios mexicanos, que se han constituido formalmente en el extranjero justamente para evitar la censura y presión gubernamental. ¿Quedarán estos prohibidos con la nueva ley?
Como se ha señalado en diversos foros, se trata de una iniciativa que abiertamente limita la libertad de expresión, controlando los contenidos de radio, televisión e internet, sin procedimientos claros, y sin Poder Judicial de por medio (que ya el actual gobierno destruyó y sometió).
La propuesta no sorprende, aún con todos sus excesos. Se agrega a una larga lista de reformas que concentran poder en el Ejecutivo, limitan derechos fundamentales y amplían la discrecionalidad de las autoridades sin ningún contrapeso.
En mi colaboración pasada escribí sobre las iniciativas aprobadas en varios estados —y presentada ya a nivel federal—, para criminalizar la expresión artística que haga “apología del delito”. Se trata de una figura abierta que permite el uso del derecho penal para castigar a cineastas, novelistas, cantantes, etc. que, a juicio de la autoridad, “promuevan, glorifiquen o justifiquen” conductas ilícitas. Habría que agregar la siempre expansiva prisión sin juicio, la reforma judicial (que limita los efectos del juicio de amparo) y la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información. La lista pinta un retrato bastante claro del nuevo régimen. Si el gobierno pasado marcó la pauta acallando desde el púlpito presidencial a la prensa crítica, a la academia y medios de comunicación independientes, este parece empeñado en reinstaurar el régimen de censura anterior a la transición democrática mediante mecanismos legales e institucionales. El régimen autocrático construido sobre el culto a la personalidad está dando pie a un régimen autoritario, construido a partir de la autoridad formal.
Doctora en derecho. @cataperezcorrea
