El pasado domingo el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo emitió un comunicado denunciando una nueva masacre cometida por el Ejército mexicano en Tamaulipas. Según el comunicado, así como varias notas de medios locales y nacionales , seis jóvenes salieron de una discoteca el domingo en la madrugada. Se dirigían a sus domicilios - desarmados - en una camioneta blanca que fue balaceada por elementos del Ejército mexicano. Según reportes de los vecinos, “varios de los jóvenes bajaron de la camioneta y gritaban pidiendo ayuda”. Sin embargo, “los militares les negaron la atención médica e incluso impidieron que ambulancias y paramédicos pudieran acceder a la zona”. Además, según los testimonios recabados por el Comité, dos jóvenes que sobrevivieron la balacera fueron ultimados por elementos del ejército, con balazos en la nuca . El saldo: 5 chicos muertos y un herido de gravedad.
Esta matanza se agrega al cúmulo de casos de ejecuciones extrajudiciales que ha cometido el Ejército mexicano: Tlatlaya, Palmarito, Jorge, Javier, Ángel… Para el medio día, elementos del Ejército intentaron retirar la camioneta baleada del lugar. Esto provocó el enfado de vecinos y familiares de los jóvenes asesinados. Varios periodistas y defensores de derechos humanos que estaban ahí documentaron cómo los militares fueron increpados -e incluso golpeados- por civiles enfurecidos. Ante las protestas, por lo menos tres soldados dispararon sus armas para dispersar la manifestación, poniendo en riesgo a la población, incluidos niños y periodistas, y a pesar de estar prohibido usar armas de fuego de esa forma y con este objeto.
Ese mismo día, cientos de miles de personas se manifestaron en el Zócalo capitalino y varias ciudades en contra de la reforma electoral de López Obrador que busca debilitar la autonomía del órgano electoral mexicano para ponerlo bajo el servicio del partido en el poder. El “plan A” era reformar la Constitución, sin embargo, como el partido de López Obrador no logró la mayoría calificada necesaria, optaron por el llamado “plan B” una reforma inconstitucional que ilegalmente busca modificar las elecciones del 2024.
“Los que van a participar vienen a eso … No, vienen a decir ‘el INE no se toca’, pero también ‘García Luna no se toca´”, afirmó López Obrador días antes en su conferencia mañanera. Ayer nuevamente insistió en descalificar a quienes marcharon en defensa de su voto: “Cuando dicen ‘el INE no se toca’, lo que hay que estar pensando es ‘no se toca la corrupción’, según ellos, ‘los privilegios no se tocan’, ‘el narcoestado no se toca’.”
Matanzas como la sucedida el domingo en Tamaulipas se hicieron cotidianas bajo el gobierno de Calderón y la administración de García Luna. El abuso era sistemático y algo que López Obrador prometió cambiar. Pero a pesar de que -con palabras- el presidente intenta dibujar una línea entre su gobierno y los anteriores, los hechos - como los datos oficiales muestran – indican que la política de seguridad y el abuso de la fuerza es un continuo de los gobiernos anteriores. Lo que realmente no se toca en México es el negocio de la guerra. No se toca al Ejército que no rinde cuentas y tampoco el sistema de captura y corrupción que posibilita el narcoestado. AMLO descalifica a la ciudadanía que se manifiesta en defensa del voto, pero protege los abusos, como hicieron sus antecesores.
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