Hace unos días, el Conahcyt escribió en su cuenta oficial de Twitter: “Ir en contra de la #LeyGeneralHCTI enviada por el presidente @lopezobrador y aprobada por el @senadomexicano y la @Mx_Diputados, es oponerse a que el pueblo de #México goce del derecho humano a la ciencia y los beneficios que de ella emanan.”
El mensaje hacía referencia a la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, aprobada en el Senado la madrugada del sábado 29 de abril, durante el llamado “viernes negro” (con 257 votos a favor y 208 en contra).
Desde el anuncio del proyecto de ley por parte de las autoridades, la comunidad académica y científica del país pidió una discusión seria y responsable sobre la misma, sobre las implicaciones que tendría su aprobación para el desarrollo de la ciencia y tecnología, así como para la comunidad científica. Asimismo, solicitó que se revisaran otras iniciativas y no solo la del presidente. Ante las críticas, se acordó realizar un parlamento abierto. Habría 7 foros de discusión, en los que participarían expertos(as), grupos afectados, legisladores y autoridades. Sin embargo, después de realizar 2, el ejercicio se suspendió. Para qué discutir lo que ya estaba decidido. Menos de 72 horas después de su aprobación en Diputados, el Senado aprobó la Ley. No contaron las opiniones en contra y solo estuvieron presentes legisladores del partido oficial y aliados. Durante la aprobación, además, se incurrió en varias violaciones a las normas que rige el proceso legislativo, como realizar convocatorias extraordinarias en circunstancias ordinarias y tomar lista de sesiones que no tuvieron lugar.
Las formas importan. No se puede hablar de procesos democráticos cuando estos se llevan a cabo sin deliberación, sin la participación de las comunidades afectadas y violando los procesos legislativos. Pero las críticas también son sustantivas, por imponer un modelo centralista, por ser discriminatoria, por no garantizar un gasto mínimo en la materia y, quizás más grave aún, por limitar la libertad de investigación. Además, se excluye a la comunidad académica del Consejo Directivo del Conahcyt, pero abren lugares para las Fuerzas Armadas en ese mismo órgano (otra facultad civil más para los militares que debe agregarse al Inventario Nacional de lo Militarizado).
La Ley ha sido impugnada ante el poder judicial por individuos, grupos de académicos, instituciones académicas y sindicatos. Los partidos de oposición también presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN. Dadas las flagrantes violaciones procedimentales, es posible que el poder judicial la declare inconstitucional y suspenda su aplicación. Violaciones similares llevaron a la SCJN a declarar inconstitucional el plan B en materia electoral. Tanto la directora del Conahcyt como el presidente, continuarán insistiendo que es facultad del poder ejecutivo aprobar las leyes que quiera y cómo quiera, y que impugnar su voluntad es oponerse al pueblo. Por supuesto, sabemos que no existe un pueblo, menos una voluntad popular que se esté defendiendo. Existe la imposición de un modelo antifederalista, que abre más la puerta al ejercicio arbitrario, opaco y discrecional del poder. Pero la retahíla del enemigo/opositor -tan repetida por las autoridades-, acostumbra a la lógica de la confrontación y autoriza todo tipo de excesos e ilegalidades. Se destruye el patrimonio, violan derechos, desaparecen proyectos y purgan académicos. Cuando la Ley sea declarada inconstitucional quedarán ruinas institucionales. Será difícil reconstruir lo perdido, pero también encontrar quien quiera construir sabiendo que cuando llegan los partisanos al poder, todo lo pueden destruir.
Profesora-investigadora del CIDE.
@cataperezcorrea
