Si algo marcó la jornada electoral del domingo fue la bajísima participación ciudadana. Cerca de 90% del electorado no acudió a votar. Varias razones pueden explicar la falta de participación: poco entendimiento sobre la reforma, desconocimiento acerca del Poder Judicial, desacuerdo con la reforma y la elección judicial, y/o desconfianza en el proceso. Según una encuesta de Massive Caller, 48% de las personas que no votó afirmó que la principal razón por la que no acudió a votar fue la falta de confianza en la elección (20% dijo no tener interés en el proceso judicial y 10% que no sabía que había elecciones).
Si el objetivo de la reforma era dotar de legitimidad al Poder Judicial y democratizarlo, el ejercicio no solo falló, sino que terminó por ser contraproducente. Es imposible hablar de democracia con una abstención de casi 90%. Peor aún, según las cifras preliminares, cerca de 20% de quienes acudieron a votar anularon su voto. Esto pone el voto efectivo en números diminutos. Para algunos cargos (boletas), la votación aparece aún más bajo del 10%.
Los datos preliminares muestran, además, que quienes participaron lo hicieron para votar favoreciendo al gobierno federal. Con 70% de los votos contados, las 3 ministras del oficialismo, 2 candidatas propuestas por el Poder Ejecutivo/Legislativo y 4 candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo encabezan la lista para integrar la Corte. Si esto no cambia en los conteos, tendremos por primera vez en muchos años, una corte conformada 100% por perfiles afines al partido oficial. Volvimos a los tiempos del viejo PRI, cuando la Corte no hacía más que confirmar las decisiones del gobierno. Es posible que las personas que encabezan la lista asuman posturas de disidencia frente al gobierno, pero también es posible que, por lo menos frente a asuntos más importantes para el gobierno, no exista contrapeso alguno desde la Corte Suprema.
No podemos en seriedad festejar una jornada electoral sin participación ciudadana, en la cual el resultado es la ausencia de pluralidad y disidencia. La elección judicial representa así un doble fracaso para el país, primero porque no hubo participación ni interés de la ciudadanía y, segundo, porque cerró los canales para que más voces puedan participar y sean representadas en los procesos judiciales/constitucionales de este país. Es posible, además, que haya causado un golpe adicional: un quiebre en la confianza que existe en los procesos e instituciones electorales del país. Desde la transición democrática, hace más de 30 años, las mexicanas(os) nos hemos orgullecido de nuestras instituciones electorales (en las que participamos activamente). Que casi 50% de las personas que no votaron hoy exprese recelo frente a los procesos electorales, representa otro descalabro a la democracia.
El domingo se constató lo que muchas hemos señalado desde la aprobación de la reforma: que el objetivo no era legitimar al Poder Judicial o democratizarlo, sino partidizarlo, cooptarlo, debilitar su autonomía e independencia. En eso sí fue un éxito. Fuimos testigos de una simulación electoral, del derroche de recursos públicos y capital humano para llevar a cabo el asalto al Poder Judicial. Hay que decir las cosas como son, porque en éste —como en cualquier proceso de concentración de poder— la primera baja es la verdad.
Doctora en Derecho
Catalina Pérez Correa
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