Hace unos días el presidente López Obrador hizo un llamado a maestros y alumnos a rebelarse ante las mafias que existen en las universidades. “Nosotros no podemos meternos porque sería violatorio de la autonomía, pero sí pueden hacerlo los mismos universitarios.” A estas alturas, no creo que el presidente tenga una preocupación real por la democratización de los espacios universitarios. Las decisiones, declaraciones y procesos de los últimos meses apuntan más bien hacia una intención de debilitar los espacios públicos de academia independiente, así como la independencia y libertad de investigación. Menciono algunos de los últimos acontecimientos.
Uno de los primeros golpes a la investigación pública fue la desaparición de fideicomisos públicos, incluyendo los de los Centros Públicos de Investigación y otros destinados a la ciencia. Se eliminaron -supuestamente- porque se trataba de mecanismos opacos que permitían la corrupción y por la necesidad de usar esos fondos para comprar vacunas y medicamentos. Los fideicomisos de los Centros Públicos no eran opacos; eran auditables y auditados regularmente. A los y las investigadoras nos permitía concursar fondos privados para llevar a cabo proyectos de investigación independientes del gobierno (es decir, de las líneas e intereses oficiales). Hoy, no hay reglas para acceder a estos fondos ni sabemos bien a bien qué se hizo con los fondos desaparecidos. Nos dicen que tenemos libertad para investigar, pero desaparecieron los mecanismos para hacerlo.
Segundo, el anuncio de la eliminación del programa Cátedras Conacyt -que da empleo a jóvenes investigadores- fue otro duro golpe. Los investigadores Cátedras Conacyt constituyen el cuerpo de investigación más grande del país. En el CIDE su trabajo ha permitido el avance de importantes líneas de investigación relacionadas con el COVID , el uso de sustancias, la educación, las consecuencias de la expansión militar, el análisis de la violencia en el país, entre muchos otros temas. La incertidumbre laboral que hoy enfrentan estos investigadores es una afrenta a sus derechos, pero también a la capacidad de producción de ciencia independiente en el país.
En tercer lugar, hay un esfuerzo deliberado para reinterpretar las leyes y someter a los y las investigadoras de los Centros Públicos a la regulación que corresponde a burócratas federales. Considerar a los investigadores como burócratas análogos a los de una secretaría implica que la directora de Conacyt o del Centro Público puede prohibir la publicación de alguna investigación que no quiere que se de a conocer. En ese supuesto, podría llegarse a sancionar -incluso inhabilitar- a quien haga publico su trabajo en contra de la orden de su superior. Las recientes modificaciones al Código de Ética, abonan a las preocupaciones sobre la libertad de expresión . En este documento se pide que empleados de la institución, prestadores de servicio y solicitantes de becas se abstengan de “emitir comentarios u opiniones negativos o desfavorables sobre las políticas o programas del Conacyt”. En caso de incumplir, pueden ser denunciados ante el Órgano Interno de Control.
Cuarta, la persecución por delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero de 31 investigadores por el manejo del Foro Consultivo, es quizás la más violenta e intimidante manifestación en contra de la academia pública en el país. No queda mucho espacio para la duda sobre el uso político de la Fiscalía General de la República en este caso cuando el vocero de la presidencia -y el propio presidente -defienden impúdicamente las acusaciones como propias y como si no existiera la autonomía de la FGR.
La remoción de Alejandro Madrazo como director del CIDE Región Centro es el más reciente golpe. Su despido, se le dijo, fue por apoyar públicamente a las Cátedras Conacyt que trabajan en la Sede Región Centro. Se trata de otra señal ominosa sobre la libertad de expresión, la descentralización y capacidad de decidir en los Centros Públicos del país.
El gobierno de López Obrador parece decidido a convertir a los Centros Públicos de Investigación del país en un apéndice del gobierno federal y ahora también a interferir en las universidades públicas que gozan de autonomía constitucional. Las alarmas tendrían que estar encendidas en todo el país. Los frenos y contrapesos del gobiernos no solo vienen de los otros poderes constitucionales (el legislativo y el judicial), la sociedad civil tiene un papel importante como control del poder. Los medios de comunicación, las y los periodistas , las organizaciones civiles no gubernamentales y la academia cumplen también ese rol. Desde estos espacios se vigila al poder, se critican sus decisiones y se le obliga a la transparencia. Los ataques del Ejecutivo a la academia están ahí, a la vista de todas y todos.
Profesora-investigadora del CIDE.
@cataperezcorrea
