“Se acabará la impunidad”, fue una de las promesas que hizo Andrés Manuel López Obrador el 1 de diciembre de 2018 en el zócalo capitalino de la Ciudad de México y a millones de mexicanos y mexicanas que mirábamos la transmisión en vivo de su primer discurso como presidente electo. “Se investigará a fondo la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa; se conocerá la verdad y se castigará a los responsables”, añadió a la larga lista de promesas que hizo esa noche.
A pesar de las expresas ordenes presidenciales de entregar los documentos necesarios para esclarecer el paradero de los estudiantes, no fue hasta 2021 cuando se entregaron al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH los documentos y comunicaciones militares. Estos documentos, analizados por el GIEI y reportados en su tercer informe, evidencian que “los distintos nivel de autoridades militares estaban al tanto de lo que sucedía” esa noche y los días previos a la desaparición y que durante años omitieron información fundamental -o bien, abiertamente mintieron-haciendo imposible conocer la verdad de lo que ocurrió.
Dice el informe del GIEI: “Las autoridades militares y de inteligencia conocían y daban seguimiento a las actividades del crimen organizado, particularmente al accionar de Guerreros Unidos. También conocían de la siembra de amapola y la fabricación de heroína, así como su trasiego en buses de pasajeros hacia Estados Unidos. … La noche del 26 y 27 de septiembre, las autoridades militares tenían interceptación de comunicación en tiempo real.” Es decir, el Ejército estaba al tanto de todo lo que estaba pasando en la zona en relación con el tráfico de drogas y estaban al tanto de lo que estaba sucediendo con los estudiantes.
El informe también da cuenta de un video de la SEMAR que muestra a elementos de esa institución sacando bultos de camionetas de la Marina y prendiendo un fuego en el basurero de Cocula (uno de los principales escenarios del caso). Estas acciones, sin embargo, no se registraron en el expediente del caso. Además, se menciona una investigación militar, que aparece referida en diversos documentos militares, pero que no ha sido entregada al Grupo. Es decir, la SEMAR deliberadamente omitió información del registro oficial de las investigaciones públicas y existe una investigación militar secreta del caso.
A tres años de haber hecho estas promesas en el zócalo, el presidente ha cumplido solo parcialmente con la de entregar información. Los compromisos de poner fin de la impunidad y castigar a los responsables, parecen haber quedado olvidados. Al ser cuestionado sobre la responsabilidad del actual secretario de la Marina, quien en el momento de la desaparición de los estudiantes era comandante en Guerrero, el presidente se apresuró a absolverlo. “El no tiene ningún involucramiento en este asunto”, dictó en la mañanera. En contraste, acusó a sus adversarios de querer aprovechar lo expuesto por el GIEI para hacerlo quedar mal. Asunto resuelto. El presidente sabe, juzga y absuelve. No hace falta otro veredicto, ni más evidencia.
La impunidad
es un problema grave en México que se explica por una combinación de incompetencia de autoridades ministeriales, falta de recursos (materiales y humanos) y la ausencia reiterada de voluntad política. Se explica por la complicidad y desidia de las autoridades, quienes participan en los crímenes, se hacen de la vista gorda y/o solapan la ilegalidad cuando la llegan a conocer.
Para poner fin a la impunidad es necesario investigar y hacer pública la verdad de los hechos y, si es el caso, la participación de funcionarios de bajo y alto rango. López Obrador lo sabía bien en 2018, por eso prometió barrera la casa de arriba a abajo, “como las escaleras”, decía. Su sexenio, sin embargo, ha estado marcado por el otorgamiento de cada vez más funciones civiles a los militares, funciones que entrega sin requisitos de transparencia, sin supervisión civil y sin tocar las estructuras de poder dentro de las fuerzas armadas. Sabemos que varios de los militares a quienes él ha encumbrado arrastran sombras del pasado. Es posible que existan otros, pero no tenemos posibilidad de conocerlos sin investigaciones serias por parte del Estado.
La evidencia que ha surgido del caso de los estudiantes apunta hacia una verdad: el terror de Ayotzinapa fue obra del Estado, en todos sus niveles, y sigue siendo el Estado quien encubre, tolera y facilita el terror. Dejar a los militares fuera de la exigencia de justicia, como hace también el presidente con sus familiares y más cercanos aliados, solo garantiza que al acabar este sexenio seguiremos viviendo en el país de la impunidad.
@cataperezcorrea
