En noviembre del año pasado, el presidente López Obrador emitió un acuerdo, conocido en redes como “el Decretazo” porque aplica a casi cualquier obra que realice el gobierno federal. Dicho acuerdo declara de interés público y seguridad nacional las obras impulsadas por el gobierno federal en materia de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanas, fronteras, agua, medio ambiente, turismo, salud, ferrocarriles y sus vías, energía, puertos, aeropuertos y cualquier otro que al gobierno se le haya olvidado incluir en la lista pero que luego decida que es relevante. Además, ordena a las dependencias del gobierno federal a dar, en menos de cinco días y por un año, todos los permisos, licencias o autorizaciones necesarias para iniciar los proyectos u obras que quiera realizar el gobierno federal. Si, por ejemplo, el gobierno federal decide construir una carretera o refinería sobre alguna área protegida (como área natural o arqueológica) o de algún territorio comunitario, el decretazo le da una especie de pase automático para iniciar la obra. Después de un año, cuando los daños de la obra estén hechos, la administración se dará a la tarea de averiguar si cumple o no con las leyes o si violenta derechos. El objeto del decreto presidencial es claro: se hace lo que el presidente quiere, cueste lo que cueste y viólense los derechos que sean. Mientras los ciudadanos seguimos sujetos a todo un régimen legal complejo que limita lo que podemos hacer, el gobierno queda exento de cumplir las leyes.
El decretazo, además, reserva toda la información de las obras del gobierno federal, la mayoría de las cuales son además llevadas a cabo por la Sedena. Es decir, además del pase automático, cuentan con una especie de “licencia de opacidad”, por ser de seguridad nacional, para reservar información sobre costos, licitaciones, contrataciones, etc. El año pasado, el INAI presentó una controversia constitucional en contra del acuerdo por violar el derecho a la información. Ese mismo año, un ministro de la SCJN admitió el recurso y ordenó la suspensión del decreto, pero solo en la parte sobre la reserva de información. La semana pasada, en resolución de un amparo, una juez federal ordenó la suspensión definitiva en la parte sobre la obligación de transparencia. Sin embargo, las resoluciones judiciales no tocan la parte mas autoritaria del proyecto: el pase automático.
Hace unos días, nos enteramos que la más reciente ruta propuesta para el Tren Maya, pretende que se construya la vía ferroviaria sobre un gran sistema de cavernas y cenotes. Esta zona representa una riqueza incomparable en términos de la biodiversidad y arqueología, es además una de las reservas de agua más importantes del país. Pero nada de eso importa. Justamente el decretazo permite hacer de lado todas la consideraciones ambientales o de otro tipo y dar paso al cumplimiento de la voluntad presidencial. Quizás por eso se lanzó una petición en Change.org que busca “llegar al presidente de la República Mexicana para que detenga por completo los planes de construcción del Tren Maya sobre las cuevas y cenotes de Quintana Roo”. Como en los viejos tiempos del paternalismo y autoritarismo PRIista, la voluntad presidencial es lo importante y la ley sale sobrando.
El decretazo muestra una forma de gobernar, haciendo de lado controles legales, constitucionales y procedimentales para facilitar el uso del poder. Durante el actual gobierno, esta misma lógica se ha llevado a otros ámbitos. La ampliación del uso de la prisión preventiva oficiosa, por ejemplo, cumple una función similar al permitir que la autoridad encarcele a una persona en lo que se investiga si es culpable o no. La figura hace de lado el debido proceso tan engorroso y molesto para la autoridad. La semana pasada, también, la Cámara de Diputados aprobó varias reformas para permitir a la UIF bloquear, sin orden judicial, las cuentas bancarias de cualquier persona de la que se tengan “indicios” de participar en ciertos delitos. De nuevo, se hacen de lado las leyes para facilitar el uso del poder estatal.
Estas figuras nos dicen que para el presidente y para el gobierno hay licencias, opacidad y uso irrestricto del poder. Para la ciudadanía, en cambio, subsiste la obligación de sujetarse y cumplir con la ley, una más punitiva, centralizada y militarista. Gracia para la autoridad, injusticia para los demás.
@cataperezcorrea
