En la página Web de la Fiscalía General de la República (FGR) dice: “Tiene como fines la investigación de los delitos y el esclarecimiento de los hechos; otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a derecho, que contribuya a combatir la inseguridad y disminuirla; la prevención del delito; fortalecer el Estado de derecho en México; procurar que el culpable no quede impune; así como promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de verdad, reparación integral y de no repetición de las víctimas, ofendidos en particular y de la sociedad en general.”
La FGR investiga hechos que pueden constituir delitos federales y, cuando corresponde, realiza acusaciones ante tribunales. Los fiscales no determinan la culpabilidad ni inocencia de alguien. No corresponde tampoco al Presidente, ni a la tribuna popular de Twitter, fallar sobre la inocencia o culpabilidad de nadie. Esto lo hace un(a) juez, en función de la evidencia que la fiscalía y la defensa aportan durante el juicio.
En octubre del año pasado Salvador Cienfuegos fue detenido en Estados Unidos y acusado de delitos de narcotráfico. La evidencia fue revisada por un Gran Jurado formado por ciudadanos, el cual determinó que era suficiente para iniciar un juicio. Con base en esto, una juez emitió una orden de aprehensión. No fue la DEA, la que decidió el asunto.
Semanas más tarde, a solicitud del Gobierno mexicano, el gobierno de Estados Unidos retiró los cargos contra Cienfuegos, para ser investigado -y en su caso juzgado- en México. En un comunicado conjunto, los Fiscales Generales de ambos países afirmaron que México había iniciado una investigación sobre los hechos. Asimismo, afirmaban que Estados Unidos había compartido evidencia con nuestro país, para ayudar en la investigación. 72 días después de abierta la investigación, la FGR anunció que no haría acusación alguna en contra del General porque no encontró indicios suficientes en su contra. No habrá por tanto juicio y, por lo menos en nuestro país, tampoco habrá investigación.
La evidencia pública del caso viene de la Presidencia que, en violación a un tratado bilateral, publicó parte de la información entregada por Estados Unidos. La otra parte proviene del expediente de la FGR, que tiene la mayoría de páginas testadas por tratarse de información personal. No sabemos qué diligencias realizó la Fiscalía, salvo lo que pueden leerse en el expediente casi ilegible. Hasta ahora la FGR ha actuado como defensoría de Cienfuegos y no como una institución autónoma que promueve, protege, respeta y garantiza el derecho a la verdad y la no repetición.
En el contexto de creciente poder para las fuerzas armadas, el mensaje de impunidad y sumisión del poder civil al militar es grave. El caso deja además claro que la FGR no es un órgano autónomo, sino un apéndice de Palacio Nacional.
Hoy existen cerca de 319,000 elementos de las fuerzas armadas en el país, con casi 200,000 elementos desplegados. Mientras la tropa es sometida a la arbitraria justicia militar, sin rendir cuenta a los civiles, los altos mandos aparecen como intocables incluso en el fuero internacional. El General Cienfuegos debe gozar de la presunción de inocencia, pero la flagrancia con la que la FGR y el gobierno mexicano dieron carpetazo al asunto, sin investigarlo, violenta los principios de derecho que sus titulares juraron defender.
@cataperezcorrea
