La última vez que viajé a Sinaloa fue en 2022. Llegué en carro, con mi familia, desde Nayarit. A la entrada del Estado nos detuvo un retén de unos 40 hombres uniformados. Nos pareció extraño pues apenas unos kilómetros atrás habíamos cruzado otro retén, de militares. En este, el uniforme era kaki, y algunos hombres portaban un logo que no alcanzamos a ver (quizás era negro), en la gorra o sobre el chaleco táctico. Un carro blanco sin rotulación, pero con luces azules y rojas estaba estacionado en el camellón. Del otro lado de la carretera habían detenido a un tráiler que inspeccionaban entre varios. Frente a nosotros, uno de los uniformados hablaba con el conductor de un vehículo pequeño mientras otro revisaba el auto por debajo de la carrocería. Me tomó unos instantes entender que no era un retén de autoridades gubernamentales y se me fue el aire. Pero el hombre a cargo de dejar pasar vehículos nos miró, nos hizo un gesto con la mano para seguir adelante y avanzamos. Unos kilómetros adelante había otro retén, de la Fiscalía del Estado. Ahí nadie volteaba a ver los autos que pasaban.
Esos eran los tiempos de paz en Sinaloa, cuando las autoridades hacían como que gobernaban y dejaba al Cártel de Sinaloa hacerlo. Ahora se viven niveles de violencia aterradores en el Estado. Diario se reportan vehículos, casas y negocios incendiados; bloqueos de carreteras; personas asesinadas; cuerpos humanos desmembrados y arrojados en las calles; jóvenes levantados cuyo paradero se desconoce. Han vuelto a los diarios términos como “víctimas colaterales”, “fuego cruzado”, “pugna por el territorio”. El domingo 19, finalmente el país puso atención, indignado por el asesinato a balazos de Gael y Alexander Sarmiento Ruiz, de 9 y 12 años cuando intentaron robar el vehículo en el que viajaban con su padre Antonio, quien también murió. Otro menor quedó gravemente herido. El domingo pasado, por segunda ocasión en una semana, miles de personas se manifestaron en Culiacán pidiendo paz.
La violencia en Sinaloa lleva meses, aunque se agravó con la captura de “El Mayo” Zambada (en la intervino Estados Unidos, sin conocimiento del gobierno mexicano). Desde la detención, los homicidios aumentaron en 57%. Sabemos, tras años de estudiar la guerra contra las drogas, que con captura de líderes criminales trae olas de violencia. Si el gobierno de Trump realiza (otras) intervenciones militares en México para arrestar o “neutralizar” a “objetivos prioritarios”, como ha prometido, es posible que lo que hoy sucede en Sinaloa se replique en otras partes del país. Es poco probable que la evidencia sobre el costo que su estrategia tendrá en la vida de miles de personas haga que Trump reconsidere.
El drama que hoy se vive en Sinaloa, sin embargo, no se explica solo por la captura de los Guzmán o “El Mayo”. Ahí están años de un Estado ausente en cuestiones tan importantes como la salud, la educación, la información y la seguridad. También está una sucesión de autoridades cómplices o negligentes, federales y locales, militares y civiles, que consienten el retén del cártel a la entrada del Estado, y que hoy niegan que exista una crisis. La intervención ilegal de Estados Unidos en México es tan perniciosa, porque en casos como Sinaloa elimina a la autoridad. El Estado mexicano busca-tardíamente-y con las armas, pelear el terreno que tantos años dejo a otro(s).
Doctora en derecho. @cataperezcorrea
