Hace unos días concluyó en Viena la reunión anual de la Comisión de Estupefacientes, el órgano de la ONU encargado de la política de drogas a nivel internacional. Este año fue histórico: la Comisión aprobó una resolución en la que se establece la necesidad de revisar la implementación del régimen internacional de drogas. Para ello, se estableció la constitución de un panel de expertos, independientes y multidisciplinarios, que deberán hacer la revisión y emitir las recomendaciones necesarias para lograr una aplicación efectiva de las convenciones en materia de drogas y alcanzar los compromisos establecidos en política de drogas. La resolución abre la posibilidad de alinear la implementación de la política de drogas a nivel internacional con su objetivo último: la salud y bienestar de la humanidad. Los costos humanos, económicos, institucionales, ambientales, etc. de la política prohibicionista hoy vigente han sido ampliamente documentados. Hoy tenemos sustancias más potentes y mercados ilícitos más grandes. Lejos de proteger la salud (pública o individual), la prohibición —al sustraer a las autoridades de la regulación de un mercado amplio, imposible de suprimir— ha puesto en riesgo a más personas y lesionado diferentes derechos humanos.
Lograr recomendaciones que muevan el compás prohibicionista que rige en los órganos internacionales no será fácil, pues existen muchos intereses en mantener el sistema como está. Sin embargo, la mera aprobación de esta resolución muestra el quebrantamiento de la política del consenso que existía en la Comisión. Hasta el año pasado no se decidía nada por votación, se acordaba todo entre los Estados participantes. El año pasado, sin embargo, se llamó a una votación para incluir el concepto de reducción de daños. Este año, nuevamente, se votaron varias resoluciones. El resultado de las votaciones permite ver el surgimiento de un bloque dispuesto a cuestionar el actual sistema, y también, que las posturas más reaccionarias como las de Estados Unidos, Argentina y Rusia, quienes votan en contra, no tienen mayoría.
El esfuerzo de revisión del sistema internacional fue lidereado por Colombia. En su intervención la canciller, Laura Sarabia, dejó claro que el objetivo de este ejercicio es mejorar los resultados en términos de salud pública y seguridad, así como promover un modelo más inclusivo y respetuoso de los derechos humanos. “No podemos seguir cometiendo los mismos errores del pasado (…) Para los colombianos, reformar el régimen de drogas es abrir la posibilidad de vivir en un país en paz. … Colombia es el país que ha puesto los muertos en esta guerra.”
Si bien México votó con la mayoría, a favor de revisar la implementación de las convenciones, su papel dista mucho de lo que fue hace algunos años cuando junto con Colombia y Guatemala logró convocar a una sesión especial para discutir la política de drogas a nivel mundial. En ese entonces, en México documentábamos los estragos de la guerra contra las drogas, la militarización de la prohibición en pleno y la “estrategia” de detención de “objetivos prioritarios”. En su discurso ante la asamblea general de Naciones Unidas el de abril de 2016, el entonces presidente afirmó: “El objetivo es revisar la actual estrategia internacional y, sobre todo, definir mejores soluciones, desde una perspectiva de Derechos Humanos, prevención y salud pública, que ponga en el centro el bienestar de las personas. Es innegable: en los años recientes, los términos en el debate han cambiado; comienza a surgir un consenso en favor de una reforma significativa del régimen internacional sobre las drogas. Se vislumbra un nuevo enfoque, que combata decididamente a los criminales, pero que, en lugar de criminalizar a los consumidores, les dé oportunidades y alternativas.”
Por supuesto, lo dicho en aquel foro tenía poca relación con la política de drogas que se implementaba —y se continuó implementando— en el país. Hace una década, en México celebrábamos un fallo histórico en el que la Suprema Corte declaraba que nuestra Constitución protegía el uso de la cannabis a través del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Hoy, pasamos de liderear la revisión del régimen de control de drogas a constitucionalizar la prohibición, en su versión militarizada. Los estragos de nuestra guerra siguen contándose y en lugar de implementar una mejor política, entregamos nuestra Constitución como ofrenda a Trump a cambio de los aranceles que de todas formas se sostuvieron. Quedamos del lado prohibicionista, con las campañas ochenteras antidrogas del gobierno federal celebradas por el vecino. Es difícil, pero quizás el esfuerzo de revisión que se inicia a nivel internacional ayude a cambiar de paradigma, y entender que “reformar el régimen de drogas es abrir la posibilidad de vivir en un país en paz”.
Doctora en derecho. @cataperezcorrea