En una votación dividida, el Consejo General del INE votó por declarar la validez de la elección judicial. Durante la última sesión, los integrantes del Consejo discutieron el uso de acordeones cuyos contenidos coincidieron casi totalmente con los resultados electorales en los órganos más altos del Poder Judicial Federal. Estas papeletas, recordemos, se distribuyeron en al menos 15 estados, para decirle a las y los votantes cómo votar en las distintas boletas. Todo, además, se dio con recursos ilícitos, ya que las personas ganadoras se deslindaron de los mismos y la propaganda pagada por terceros está prohibida. En la discusión, uno de los consejeros señaló: “Se trata de posible propaganda ilícita pagada con recursos prohibidos y distribuida en gran parte del territorio nacional.” Pero a pesar de la evidencia, que siembra serias dudas sobre la legalidad y equidad del proceso electoral, la mayoría de consejeros declaró la validez del proceso.
Corresponde ahora a la Suprema Corte y el Tribunal Electoral resolver sobre la validez de las elecciones. Sin embargo, serán probablemente los nuevos integrantes de estos órganos, las mismas personas cuyos nombramientos ahora están siendo cuestionados, quienes resuelvan sobre sus procesos. Es decir, quienes se favorecieron de los acordeones, resolverán sobre la legalidad del uso de acordeones y la validez del proceso.
Para cualquier persona que mire desde fuera el resultado de la elección, hay un serio problema. La Corte Suprema y el Tribunal de Disciplina quedaron integrados totalmente por personas afines al partido en el poder. La Sala Superior del Tribunal Electoral (encargada de decidir controversias sobre las elecciones federales y de gobernadores) igual que las Salas Regionales, estarán conformadas casi en su totalidad por personas afines al gobierno. Esto, además, después de una reforma llena de ilegalidades y una elección en la que participó cerca del 10% de la población (y de esos un importante porcentaje fue a anular sus boletas o no supo cómo votar). Se trata de un proceso viciado por ilegal, lo que resta legitimidad a los nuevos poderes judiciales (partidizados) pero también por la forma en que se construye la legitimidad judicial.
El Poder Judicial Federal tiene dos funciones principales, resolver conflictos (ya sea entre autoridades o entre particulares) y, marcar los límites de lo que puede o no hacer la autoridad. Resuelve conflictos entre dos municipios, un municipio y un estado, la federación y un poder local, etc. Su legitimidad no proviene de las urnas, sino por estar conformado de personas que sean percibidas como neutrales, que resuelven conflictos de manera imparcial y basada en la ley. La capacidad técnica y neutralidad de una juez es fundamental. Un tribunal electoral conformado por personas afines a un partido, cuyos nombramientos además provienen de acordeones distribuidos ilícitamente, carece de credibilidad. Sus decisiones, especialmente si favorecen al partido que representan, serán cuestionados por su falta de neutralidad. Las decisiones de un juez partidista que falle a favor del gobierno, y en contra de los ciudadanos, serán percibidas como carentes de legitimidad.
A nadie convienen tribunales vistos como parciales, pues pierden capacidad de resolver conflictos de manera pacífica y legal. No se trata de una derrota para la oposición, sino para todas las personas que anhelamos un país menos violento e instituciones que promuevan la participación democrática del país. La “democracia” que queda tras la elección judicial es una en la que las reglas del juego son opcionales, los jueces parte del conflicto y la participación ciudadana reducida a la movilización de aparatos políticos. Una “democracia” que pisotea la ley y que exilia a la justicia.
Doctora en derecho. @cataperezcorrea
