La semana pasada el diario Milenio reportó la existencia de un proyecto entre México y Estados Unidos para construir una cárcel de máxima seguridad “para jefes del ‘narco’”. El proyecto, según la nota, tiene como objetivo incomunicar a los líderes del crimen organizado y disminuir su capacidad delictiva. La prisión tendrá inhibición de celular, triple protección perimetral, custodios sin rostro, “que podrían acompañar a jueces sin rostro en tribunales especializados construidos dentro de la prisión con una protección especial para que los internos no tengan comunicación con el exterior, incluso durante las audiencias judiciales”. La nota añade que se contará con la asesoría de “agentes estadunidenses especializados en edificar los sistemas penitenciarios más duros del continente”.
En México ya existen cárceles de máxima seguridad. El Cefereso no. 1 (o Altiplano) es un ejemplo. Ahí han estado líderes criminales como Caro Quintero, el Z-40, los Arellano Félix y el Chapo Guzmán (quien construyó un túnel de más de 600 metros de largo y nueve de profundidad para escapar de esa prisión). El penal tiene un muro de 1 metro de espesor, telecomunicaciones restringidas, detectores de metal, sensores de presencia, cámaras en todas partes, varias bardas perimetrales, etc. Para ingresar hay que pasar varios filtros de seguridad. Alguna vez visité ese centro. No solo revisaron mis zapatos manualmente, tuve que quitarme los calcetines y la camisa como parte de la revisión antes de poder ingresar. Existen otros centros como el Cefereso 16, una prisión federal femenil ubicada en Morelos, donde desde 2016 se ha registrado la muerte de 29 mujeres por suicidio y negligencia de las autoridades. Las duras condiciones de vida en este centro de “máxima seguridad” en parte explican la ola de suicidios entre las internas.
¿Qué aportaría otro centro más de máxima seguridad al país? ¿Quién va a pagar y cuánto va a costar su construcción y el asesoramiento de expertos norteamericanos? Durante el gobierno de Felipe Calderón, se otorgó a varias empresas contratos para construir, equipar y operar estos centros bajo el esquema de asociación público-privada. Empresarios (y autoridades) de México y Estados Unidos se enriquecieron con esos contratos con enormes costos para el erario público. Y el negocio ha continuado: una nota de Proceso señala que la “Asociación de Correccionales de América” ha cobrado 14 millones de dólares de la Iniciativa Mérida para certificar 29 centros penitenciarios en México, 16 de ellos fueron Ceferesos. Sorprende que en la administración de Claudia Sheinbaum se contemple este proyecto, a pesar de las críticas que hizo el gobierno anterior a estos contratos y los esfuerzos por reducir sus costos.
Para México la construcción de otro centro de máxima —o ultra máxima— seguridad implica reconocer la incapacidad del gobierno federal para controlar sus cárceles (construidas con todos los recursos y equipamientos disponibles). Sin embargo, la idea no es completamente ajena a otras medidas que ha tomado este gobierno (y el anterior) en aras de la seguridad, pero a costa de nuestros derechos fundamentales. Ahí están las reformas para ampliar la lista de delitos que conllevan prisión preventiva oficiosa y violan la presunción de inocencia, la militarización de la seguridad pública, los jueces sin rostro, entre otros. Pasamos del delito al delito grave y de las cárceles de máxima seguridad a las de ultramáxima seguridad. Cada nueva iniciativa, un reconocimiento del fracaso del gobierno para garantizar la seguridad de las personas sin violentar la Constitución, sin disminuir derechos y sin construir un estado un poco más autoritario.
Doctora en derecho. @cataperezcorrea
