Es evidente que hubo plagio. Es difícil de creer la versión de la ministra que asegura ser ella la víctima, a pesar de que su trabajo fue publicado un año después de la otra tesis que es casi idéntica. La versión se vuelve aún más difícil de creer luego de que el autor de la primera tesis negara la versión de la ministra y rechazara haber testificado ante notario como afirmó esta. El papel de la Fiscalía capitalina solo evidencia la indecencia y sumisión de la justicia al gobierno en turno.
La revelación del plagio le costó la presidencia de la Corte a la ministra del presidente. En su lugar, fue nombrada Norma Lucía Piña, primera presidenta de la Corte. Su nombramiento es una muestra importante de autonomía del Poder Judicial frente al Ejecutivo. Pero lo cierto es que, de demostrarse el plagio, Esquivel tendría que renunciar a su cargo como ministra. De no hacerlo, debería ser removida.
Es difícil que algo así pase, pero soñar nada cuesta. Cuando yo trabajé en la Facultad Derecho de la UNAM, hace años, el plagio de tesis era frecuente y tolerado. Como el acoso a estudiantes por parte de profesores, se reprobaba en público, pero toleraba en privado. Ojalá los tiempos hayan cambiado y las autoridades universitarias muestren un rechazo claro hacia la apropiación de trabajos ajenos. Nada menos útil para la vida universitaria y la formación de cultura cívica que tener a estudiantes tramposamente reproduciendo como propias las investigaciones de otras personas. Este caso podría servir como parteaguas para la vida universitaria y la ética social. Hasta ahora, la Universidad ha dado buenas señales. Ojalá.
Desde el gobierno, se seguirá defendiendo a la ministra, como ya ha hecho el presidente. Al igual que con otros escándalos de personas afines al gobierno, la postura oficial es de rechazo a la acusación, minimizar la falta, acusar a los medios que hacen la denuncia y finalmente, convertirlo en un asunto contra la persona del presidente. “Fue hace 40 años” afirmó en la mañanera AMLO, y luego acusó de corrupción al medio que dio a conocer el plagio. “Esto se dio a conocer a través de un medio que se caracteriza por defender a la mafia del poder… El golpe a esta candidata tiene que ver con nosotros… porque sostienen que ella es nuestra candidata”.
La transformación moral de la que tanto habla el presidente no aplica para los suyos. El plagio, la corrupción, el abuso están justificados y tolerados para quien es simpatizante del presidente. Ahí está el caso de Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, acusado también de plagio por 70 académicos, pero exonerado por el Conacyt a cargo de Elena Álvarez Buylla. En el CIDE, donde trabajo, está José Antonio Romero Tellaeche quien tuvo a bien plagiar a nada menos que Amartya Sen. Nuevamente en ese caso el Conacyt avaló el robo. También están los escándalos que han rodeado al secretario de la Defensa luego de las filtraciones masivas hechas por el grupo Guacamaya. En estas se revelaron los costosos obsequios que recibe el general Sandoval, la compra de boletos para conciertos que recibe a cargo de Sedena y cómo personal militar tuvo que bordar sus iniciales y los de su esposa en las toallas que utilizan. En cualquier otra parte, la mera filtración hubiese llevado a la renuncia del funcionario. No así en la 4T donde la incompetencia, la falta de ética y los conflictos de interés se toleran. Como la iglesia católica en sus peores momentos, los abusos se encubren y los infractores son arropados por el poder. “Será corrupto, pero es mi corrupto”, es el lema de la 4T. Nadie renuncia ni es expulsado, salvo que critique al presidente.
Profesora-investigadora del CIDE.
@cataperezcorrea
Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más.