El cambio a las políticas en torno a las drogas parece no cumplir los derechos humanos de los consumidores, que fue lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impulsar las normativas legales al respecto. El cambio se observa más en el avance hacia el uso médico de la cannabis, lo cual ya es un progreso. A nivel mundial se destacan los esfuerzos centrados en el bienestar de la persona, la salud pública y el respeto a los derechos humanos. Con esta postura se propone la regulación de las sustancias, destacando el éxito limitado de las políticas prohibicionistas que han dado lugar a la violencia y han generado un campo fértil para el negocio de los cárteles de drogas.
La Organización Mundial de la Salud ha reconocido el valor terapéutico de algunos componentes de la planta y en el mes de diciembre la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas permitió el cambio de numeral donde se clasificaba a la cannabis, de droga dañina para la salud y sin utilidad médica, a mostrar su beneficio terapéutico y permitir su uso con fines de investigación que, de hecho, esto último nunca se prohibió. En este contexto, la propuesta de legalizar, regular o despenalizar a drogas como la mariguana ha ganado fuerza y México se podría convertir próximamente en un país más en regular por completo el mercado, después de Uruguay, Canadá y algunos estados de la Unión Americana, por ejemplo. Las propuestas de ley se han discutido con una gran falta de claridad: confunden entre la mariguana fumada y componentes de la cannabis que pueden ser medicinales; entre el uso terapéutico, comercialización de otros derivados que pudieran no ser terapéuticos; y el uso mal llamado “recreativo”. La iniciativa de ley que hace unas semanas aprobó la Cámara de Diputados, regulará el cultivo, producción, consumo, distribución, industrialización y venta de productos derivados del cannabis para consumo personal, dará lugar a un cambio radical en las políticas de drogas y ha sido muy criticada por los usuarios a quienes se autorizó el “uso adulto responsable” de la mariguana fumada. Las organizaciones de la sociedad civil que han impulsado esta propuesta también han criticado que beneficia más a la industria. Ahora el Senado tendrá que ratificar o modificar una ley, que ya había aprobado en noviembre, antes del 30 de abril.
Dentro de los argumentos indiscutibles que apoyan el cambio en las políticas de drogas, están los que se refieren a los derechos humanos de los usuarios. El llamado “uso adulto responsable” se refiere a la libertad de elección para el desarrollo de la personalidad, que implica que las personas mayores de edad puedan decidir el tipo de actividades que deseen practicar en su estilo de vida personal. En segundo lugar, la no criminalización del consumo podría evitar que los jóvenes vayan a la cárcel por “delitos menores” relacionados con las drogas, como la sola posesión de la sustancia. Además, se ha enfatizado que para el cultivo se dará preferencia a comunidades campesinas donde impera la pobreza y la violencia, con lo cual se espera una importante derrama económica e impacto social al impulsar al campo mexicano como parte de una cadena industrial que abre un abanico de oportunidades, lo cual no se ve reflejado en la ley y sí en cambio, la oportunidad de producción y comercialización de empresas trasnacionales. ¿Será que la industria vuelve a mostrarnos su poderío como en el caso de alcohol y tabaco? ¿Y el derecho de los consumidores?
Los derechos humanos, la no criminalización y el impulso al desarrollo, son sin duda elementos válidos e indiscutibles que influyen en el debate actual y que darán como resultado cambios en el paradigma. Sin embargo, de forma paralela a la defensa de los derechos de los usuarios, se debe considerar la protección de los derechos de los niños, niñas y jóvenes a vivir una vida sana, a tener un desarrollo saludable y a vivir una vida sin drogas, de acuerdo a las convenciones de derechos humanos de los niños. Lo anterior, debe ser considerado mientras se avanza a las nuevas políticas de drogas, de manera que se pueda asegurar el bienestar de los más jóvenes.
Pese a las diferentes posturas sobre políticas de drogas, todos los actores en este proceso coinciden en algo: el consumo de drogas es un problema de salud pública. Está documentado que consumir mariguana no es inocuo y se ha trabajado desde hace muchos años por informar sobre los daños que esta sustancia puede provocar en la salud, además de la dependencia a la misma. Cuando el consumo de mariguana es crónico puede causar deterioro de funciones cognitivas, respiratorias, circulatorias y riesgo de cáncer, y al combinarse con otras sustancias como alcohol, hay riesgo de psicosis.
Respetando el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y en pleno apego a la libertad de elección del estilo de vida en cada persona, es necesario brindar herramientas que permitan tomar decisiones informadas. La prevención es fundamental para preparar a la sociedad a este cambio en la política de drogas. Además, se debe recordar a los encargados de las legislaciones que es primordial gestionar y destinar mayor presupuesto para el desarrollo de más centros de tratamiento y de reinserción social, que a la fecha son insuficientes. Tenemos que estar preparados para atender a más usuarios que desarrollen uso problemático y dependencia a la droga. La experiencia internacional nos habla del aumento en las solicitudes de atención y hospitalizaciones tras la regulación de la mariguana en algunos territorios. En tanto que los datos epidemiológicos de México ya advierten del incremento del consumo en la población. En la actualidad, 81.4% de las personas que solicitan atención en Centros de Integración Juvenil (CIJ) reportan el uso de mariguana, con el agravante de que se combina con alcohol y otras drogas. Además, una cuarta parte de la población atendida la señala como droga de mayor impacto, es decir, la sustancia que motiva la búsqueda de tratamiento debido a los efectos que causa en las diferentes esferas de su vida. Estas consideraciones son de gran preocupación en aras de la regulación del cannabis.
De cara a este cambio en la política pública de nuestro país, se debe hacer énfasis en las campañas de reducción de daño. Es necesario alertar a padres, maestros y jóvenes sobre los peligros del uso combinado de drogas. Desgraciadamente, el consumo excesivo de alcohol entre los jóvenes ya es una realidad y muchos sectores juveniles se podrían ver atraídos por el consumo simultáneo de mariguana en eventos recreativos. También se debe impulsar el desarrollo en las comunidades para que los jóvenes cuenten con oportunidades de estudio, así como otras actividades complementarias a la educación formal que han mostrado generar estilos de vida saludable y alejarlos de las drogas, como las deportivas, culturales y artísticas, que les permitan un mejor desarrollo. Es prioritario atender y ser sensibles a los problemas de salud mental que acarrea consigo la situación de la pandemia.
Estamos convencidos de que las mejores leyes tienen un alcance limitado si las instituciones del Estado no cuentan con los recursos y la capacidad de establecer marcos legales operables. En este sentido, el trabajo colaborativo y coordinado entre las diferentes instituciones involucradas permitirá afrontar la transformación que se avecina en la sociedad mexicana, de frente a los cambios en la política de drogas.
Si tú o alguien que conoces necesita ayuda, comunícate a la línea telefónica de atención psicológica de Centros de Integración Juvenil, al 55 52 12 12 12, por WhatsApp al 55 45 55 12 12 o a través de mensajería instantánea en Facebook(@CIJ.OFICIAL). Visita www.gob.mx/salud/cij para conocer la oferta de servicios y encuentra tu Unidad de atención más cercana.
