El reciente ataque a la presidenta Claudia Sheinbaum visibiliza, con crudeza, una realidad que millones de mujeres mexicanas viven cada día: la violencia de género no es un hecho aislado sino una manifestación cotidiana de una crisis estructural. Si la máxima autoridad del país puede ser agredida públicamente, ¿qué protección tienen las demás mujeres?
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares del INEGI, el 70,1 % de las mujeres de 15 años y más en México han experimentado al menos un incidente de violencia. Ese porcentaje se traduce en un universo cercano a 45 millones de mujeres que han vivido violencia psicológica, física, sexual, económica o patrimonial. Los datos se desagregan de este modo: la violencia psicológica se registra en 51,6% de los casos; violencia sexual, en 49,7%; violencia física, en 34,7%, y la económica, patrimonial o discriminación de género en 27,4%. Este conjunto de datos confirma que la violencia de género no depende de edad, condición social o ámbito: muestra además su condición mayoritaria en zonas urbanas (73 %) frente a las rurales (60,3 %). En el ámbito laboral, fue sufrida por el 21,7% de las mujeres trabajadoras.
Ante estas cifras, ¿cómo podemos garantizar la seguridad de las millones de mujeres en México? Desde Pro Mujer, la organización que lidero, sostenemos que erradicar la violencia contra las mujeres es una condición indispensable para la igualdad, la democracia plena y el desarrollo sostenible. Y para ello planteamos una estrategia de cuatro ejes clave.
El primer eje es transformar la cultura desde la educación. La violencia se alimenta de estereotipos machistas normalizados desde la infancia. Por ello, es necesario incorporar contenidos de igualdad, masculinidades positivas y corresponsabilidad en todos los niveles educativos, y desplegar campañas nacionales sostenidas que cuestionen los roles tradicionales y visibilicen todas las formas de violencia.
El segundo eje es el compromiso del sector privado como aliado estratégico. Las empresas deben adoptar políticas de cero tolerancia frente a la violencia, protocolos internos de respuesta, programas de liderazgo femenino y formación sobre acoso laboral y discriminación.
El tercer ámbito es institucionalizar la justicia con perspectiva de género. Las estadísticas demuestran que muchas agresiones no se denuncian o no se investigan adecuadamente. Capacitar a policías, fiscales y jueces; estandarizar protocolos de atención; crear unidades especializadas y garantizar rutas de atención y protección efectiva a víctimas.
El cuarto pilar consiste en reconfigurar los espacios públicos y digitales. Nueve de cada diez mujeres jóvenes declaran haber sufrido acoso en espacios públicos o digitales, según ONU Mujeres. Debemos apostar por infraestructura urbana con enfoque de género -iluminación, vigilancia, transporte seguro-, por normativas y herramientas que regulen y sancionen el acoso digital, la suplantación de identidad y la difusión no consentida de imágenes íntimas.
Los medios de comunicación también tienen un rol fundamental: debemos dejar de revictimizar, evitar narrativas que justifican o minimizan la violencia y visibilizar a las mujeres como protagonistas de cambio, no solo como víctimas.
La agresión a la Presidenta debe llamarnos a la acción. Erradicar la violencia de género es el punto de partida para construir un México verdaderamente justo, inclusivo y próspero.
CEO de Pro Mujer