Lo pregunto porque si todos sabemos que este año no terminará con un buen balance en materia de seguridad en lo general, en cuanto al problema de delitos de extorsión, no hay forma ni de empezar a debatirlo. Y note usted que la extorsión no es poca cosa. Éste es el segundo delito más frecuente en el país y las cifras son malas y en tendencia a empeorar.
La pregunta está lo más lejos posible de ser insustancial. Los datos del SESNSP sobre víctimas denunciantes por este delito sugieren que terminaremos este año de 2019 con alrededor de nueve mil personas en esta condición, lo que representa un incremento del 67% frente a 2015 y del 34% frente al año pasado. Estos son incrementos muy elevados. Pero note que lo anterior son sólo cifras sobre víctimas denunciantes. Porque Inegi nos informa que el año pasado sucedieron un total de 5.7 millones de extorsiones. Por lo que también nos informa que sólo el 2.1% de estos delitos son denunciados o se les inicia una investigación (Envipe, 2019). Y si a este enorme nivel de impunidad, se le suma que la tasa de éxito de las extorsiones (es decir que se pagó) es del 7.1%, pues lo que tenemos enfrente por combatir es un negocio criminal altamente efectivo. No hay duda que la extorsión es un modelo de negocio por teléfono muy exitoso. Así que lo que tenemos enfrente es un problema de muchas extorsiones cometidas, muchas con éxito, y a la par muy pocas denunciadas. Algo debe decirnos sobre la impunidad el hecho de que la relación de extorsiones exitosas por denunciadas sea de 3 a 1.
Pero de nuevo, la pregunta es si políticamente se está haciendo algo al respecto. La pregunta la dirijo tanto al gobierno federal como a los gobernadores de los estados. Porque a todos ellos les corresponde protegernos de este delito.
Al respecto, al menos en el ámbito federal, la llamada Estrategia Nacional de Seguridad Pública establece que se desarrollarán estrategias focalizadas en lo local y regionalmente, incluida la extorsión. En términos de acciones concretas, se mencionan dos: que se harán más eficientes los sistemas de bloqueo de señales de celulares en los reclusorios, y que se agilizarán los procedimientos de extinción de dominio y confiscación de bienes al respecto de extorsiones y otros delitos más. Lo segundo implicó una reforma constitucional que ya se realizó. Pero lo primero no. Y es una lástima porque la primera es más importante que la segunda. Y es que más fácil es legislar que ejecutar. Además, falta también ver qué se está haciendo con respecto al cobro de piso, la cual es la modalidad dirigida contra empresarios, la cual viene acompañada de amenazas cumplidas, que en ocasiones terminan en homicidios, o con la migración de los empresarios, sus familiares, y sus empresas y empleos.
Todos los sexenios, una vez iniciados, se nos pide que seamos pacientes para ver resultados en seguridad. Porque la seguridad es una promesa típica, podríamos decir que hasta aburrida, de cada campaña y cada sexenio. Pero desde inicios de este siglo, y en particular desde 2006, no ha habido uno que cumpla tal promesa. ¿Será éste la excepción? De acuerdo a lo que vemos hacerse, en lo federal y lo local, lo dudo. La coherencia entre los dichos y los hechos es lo primero para ver el éxito de una política. Y entre ambos, por ahora, hay una desconexión al respecto del problema de la extorsión. Los datos y la ausencia de acciones concretas al respecto son bastante claros. Por lo que el mejor escenario posible de una reducción significativa de este problema, no se verá este sexenio. Lo más que podemos esperar al momento, es que por simple azar, o máxima cobertura del mercado de víctimas potenciales, no siga aumentando el problema. Aunque para los políticos y sus ofuscados seguidores, de todas las ideologías, siempre existe la libertad de imaginarse cosas mejores.
Investigador y Miembro del Sistema
Nacional de Investigadores (SNI-3).
Centro de Investigación en Ciencias de
Información Geoespacial (CentroGeo).
Twitter: @cjvilalta
