Contra la desaparición forzada

El delito de desaparición forzada se define como la privación de la libertad cometida por un servidor público o por un particular, con la autorización, apoyo o aquiescencia (asentimiento) del primero. Se suma a la acción anterior, la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad y/o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero. Es, por ende, un delito diferente del secuestro o la privación ilegal de la libertad. No hay ni habrá petición de rescate. Y es un delito que sólo puede suceder si un servidor público está involucrado. Un delito que muestra que gobierno y legalidad no van por la misma línea, y de lo cual México es una muestra para el mundo.

Un inicio típico es el “levantón”. Que si bien en sus inicios en México, era un medio de control de la disidencia política (ej. el movimiento de 1968 y la posterior represión de los setentas), ahora es un mecanismo de saqueo territorial por parte del crimen organizado en complicidad (voluntaria o forzosa) de las instituciones políticas en todos los niveles y todos los poderes. Ya no sólo se desaparecen a líderes políticos o sociales incómodos para el Estado. Ahora cualquier ciudadano que impida la extracción ilegal de alguna renta, es víctima potencial de este delito.

Pero yendo a las soluciones, porque éste problema hay que solucionarlo, vale la pena considerar que la desaparición forzada es un delito en donde se presentan tres tipos de problemas: un bajo nivel de autocontrol por parte del victimario (ej. cero remordimiento), una alta propensión criminal (ej. experiencia y gusto por, digamos, la corrupción), y la aparición de una oportunidad viable para delinquir y salirse con la suya (ej. falta de un vigilante que prevenga y/o persiga al victimario). Desde esta perspectiva, la desaparición forzada sólo puede prevenirse atacando alguno de los problemas anteriores. Sin ser exhaustivo, por razones obvias, comparto a continuación algunas ideas sobre lo que está haciéndose y/o podría hacerse en la prevención de este delito.

Primero, se podría buscar elevar los niveles de autocontrol de los funcionarios públicos y particulares victimarios. Esto ya se hace todas las mañanas por cadena nacional, a través de la prédica de la Cartilla Moral. Contamos con una política, yo llamaría exegética, de seguridad pública. Sin embargo, la existencia de contraejemplos actuales, y la tendencia creciente en la comisión de delitos con violencia, sugieren que esta política tendrá una muy baja probabilidad de éxito en prevenir no solamente la desaparición forzada, sino de cualquier tipo de delito.

Segundo, se podría intentar reducir la propensión de los funcionarios a participar en la comisión de desapariciones forzadas. El reto a vencer aquí es que para muchos funcionarios y miembros de bandas criminales (a veces indistintos), la corrupción y la coacción son tanto un medio como un estilo de vida. Si sólo fuera un medio bastaría con elevar los salarios y prestaciones. Y si sólo fuera un estilo de vida, bastaría con homilías como las que ya se hacen. Pero no es así. La propensión debe combatirse reduciendo la impunidad.

Es así que, en tercer lugar, reducir la impunidad podría tanto reducir la propensión como y las oportunidades en la comisión de desapariciones forzadas. Y al respecto, sin resultados garantizados, hay dos cosas que se están haciendo actualmente. Primero, están los legisladores aumentando la severidad de las penas de los delitos. Como si los criminales estuvieran pendientes de los cambios en los códigos penales. Y segundo, el ejecutivo formando la guardia nacional (GN), cuyos objetivos son, teóricamente, aumentar la probabilidad de arresto (con una buena policía) y aumentar la probabilidad de condena (con una buena investigación), para con ello disuadir a los criminales de no cometer delitos. O sea, reducir las oportunidades y motivaciones para delinquir.

La GN inició funciones, formalmente, el 30 de junio del año pasado. Los resultados de su creación, buenos o malos, no son aún visibles. Lo que muestran las estadísticas oficiales, en cambio, es un aumento (11% entre 2018 y 2019) en el número de víctimas por delitos que atentan contra la libertad personal, dentro de los cuales se hallan las desapariciones forzadas de personas. Falta ver su coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y la Fiscalía especializada en este delito. No sobra decir que a las anteriores se les redujo su presupuesto este 2020. Ya sabe usted, cosa de prioridades.

No hay más espacio para comentar otras cosas que podrían intentarse y que no se intentan. Pero no hay visos de que la dirección de la política cambie por ahora. Esto es lo que hay. Y atención con Guerrero, Edomex, Aguascalientes y Colima, entre otros. Las tendencias de este delito son más que alarmantes.