Una madre abraza restos humanos en medio del desierto. No hay ceremonia, no hay autoridad, no hay certeza. Solo una intuición: que esos huesos pueden ser de su hijo, Marco Antonio.
“Vamos a casa, hijo.”
Así empieza —y así termina— demasiadas historias en México.
Hace unos días, Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora y madre de dos hijos desaparecidos, publicó un video informando que encontró en Hermosillo los restos de uno de ellos. No hay confirmación de ADN. No hay verdad oficial. Hay algo más básico: la posibilidad de cerrar una herida abierta desde hace años.
En México, encontrar huesos ya es una forma de esperanza. Lo dijo ella misma, sin intermediarios: “Abrazo tus restos, es lo que queda, es lo que me dejaron.”
Ese es el punto al que hemos llegado.
Durante lustros, el Estado prometió verdad y justicia. Construyó fiscalías, comisiones especiales, protocolos. Diseñó estructuras completas para investigar, buscar y esclarecer. En el papel, el sistema existe. En la realidad, no llega.
Porque aquí no son las autoridades las que buscan. Son las madres, las esposas, las hermanas.
Ellas recorren cerros, desiertos y brechas. Cavan con sus propias manos. Aprenden a leer la tierra, a identificar olores, a distinguir lo que nadie debería tener que reconocer. Lo hacen sin recursos, sin protección y, muchas veces, bajo amenaza directa de quienes desaparecieron a sus hijos.
El Estado aparece después —cuando aparece—. Llega a levantar restos, a abrir carpetas, a procesar evidencia. Pero el momento decisivo, el hallazgo, casi siempre ocurre antes. Y ocurre sin él.
Eso cambia todo.
Porque cuando una sociedad normaliza que la búsqueda de desaparecidos dependa de civiles, deja de hablar de fallas institucionales. Empieza a hablar de sustitución. El Estado no es rebasado: es reemplazado.
Y con eso, también se degrada el estándar de lo que consideramos justicia.
Antes, la exigencia era encontrar a las personas con vida, detener a los responsables y reconstruir la verdad. Hoy, en demasiados casos, el objetivo es más pequeño y brutal: encontrar algo. Lo que sea. Un fragmento, una prenda, un indicio suficiente para dejar de buscar.
Cerrar, aunque sea así. Enterrar se vuelve victoria. No porque lo sea, sino porque no hay nada más.
En ese vacío, figuras como Ceci Flores adquieren una legitimidad que ninguna institución puede reclamar. No porque tengan facultades legales, sino porque hacen lo que el Estado no hace. Porque arriesgan lo que el Estado no arriesga. Porque cumplen donde el Estado falla.
Esa legitimidad no se decreta. Se construye con pala en mano. Y es profundamente incómoda.
Porque evidencia una verdad que el discurso oficial intenta esquivar: la capacidad de ejercer fuerza no es lo mismo que la capacidad de garantizar justicia. El Estado puede desplegar operativos, detener objetivos, neutralizar amenazas. Pero si no puede encontrar a los desaparecidos, si no puede darle respuesta a una madre, su autoridad queda incompleta.
Fragmentada. Desarticulada.
El caso de Ceci Flores no es excepcional. Es representativo. Resume en una sola imagen —una madre sosteniendo un hueso largo— el nivel al que ha descendido nuestra expectativa colectiva.
Ya no preguntamos cuándo habrá justicia. Preguntamos si habrá restos.
Y eso debería ser inaceptable. Pero dejó de serlo.
Porque en México, hoy, encontrar huesos ya no es el final de una tragedia. Es, para muchos, el único consuelo posible.
La pregunta es cuánto tiempo más vamos a seguir llamando esperanza a algo que, en realidad, es evidencia del fracaso.
Porque cuando el Estado deja de buscar a sus desaparecidos, no solo pierde control del territorio.
Pierde algo más grave: la legitimidad para llamarse Estado.
POSTDATA— Tras reunirse con la Fiscalía de Sonora, Ceci Flores informó que aún no hay confirmación de ADN sobre los restos localizados el 24 de marzo. Las condiciones han dificultado la identificación y los resultados podrían tardar algunos días más. La espera continúa.