Hay una escena que debería atormentarnos como país.
En el video se ve a hombres armados tratando de entrar a una casa. Rompen cristales. Golpean la puerta. Usan marros. Apuntan con un arma larga hacia el interior. Insisten.
Del otro lado está Roxana Berenice Guzmán Ramírez, periodista. Está dentro de su casa, en Nanchital, Veracruz. Afuera, un grupo armado logra la incursión. Adentro, alguien alcanza a grabar parte de la agresión.
Lo que vemos no es solamente el inicio de un secuestro. Vemos algo más grave: una ventana crítica para que el Estado reaccionara.
Y no reaccionó. O al menos no reaccionó a tiempo.
En Colombia, uno de los puntos clave para reducir el secuestro fue entender algo elemental: una abducción no se atiende cuando ya terminó. Se enfrenta en el momento en que empieza.
En cuanto se reportaba un secuestro, las autoridades salían a perseguir. Cerraban rutas. Instalaban retenes. Reducían las opciones de escape.
La lógica era simple; quien acaba de llevarse a una persona necesita tres cosas para consolidar el delito: tiempo, distancia y control. Si el Estado le quita una de esas tres, el criminal empieza a perder margen. Si se las permite conservar, la víctima desaparece del mapa operativo.
El caso de Roxana no responde al patrón clásico de un secuestro extorsivo. No hay, por lo que se sabe públicamente, una exigencia económica inmediata ni una negociación por rescate. Las motivaciones parecen ser otras: intimidación, represalia, control territorial, silenciamiento o castigo.
Pero desde el punto de vista operativo, el principio es el mismo: una persona está siendo sustraída por la fuerza. Los agresores necesitan salir, moverse, ocultarla y ganar tiempo. La obligación del Estado es impedir que esa ventana se cierre a favor de los criminales.
En este caso, la ventana existió. No fue un levantón fugaz en medio de la nada. Hubo una irrupción domiciliaria violenta, con video prácticamente en vivo y testigos presenciales.
Tres semanas después, se informó la detención de cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, presuntamente relacionados con su desaparición. Si esto se confirma judicialmente, el problema ya no sería solo que la autoridad llegó tarde. El problema sería que la autoridad estuvo del otro lado.
Y eso cambia todo.
Porque cuando en una privación de la libertad aparecen involucrados miembros del Estado, ya no hablamos solo de criminales. Hablamos de criminales que usan fragmentos del Estado para operar.
Sí, nada nuevo, ya lo sé.
México ha construido capacidades para investigar después (cuando quiere) y pocas para reaccionar durante. Somos campeones mundiales para abrir carpetas de investigación, emitir comunicados, atraer casos y prometer consecuencias. Pero el delito no espera al comunicado.
Cerrar salidas. Alertar corporaciones. Compartir características de vehículos. Revisar cámaras. Coordinar municipios vecinos. Poner a patrullas, policías estatales, Guardia Nacional —según corresponda— a perseguir mientras todavía hay algo que perseguir.
Eso no garantiza el rescate. Pero aumenta el costo de la operación criminal. Reduce su margen. Rompe su comodidad.
En el caso de Roxana, lo que indigna no es solo la violencia observada. Es la tranquilidad operativa que parece rodearla. Los agresores no actuaron como quien teme una reacción inmediata. Actuaron como quien calcula que puede entrar, romper, someter, sacar y escapar.
Ese es el mensaje más grave.
La discusión sobre Roxana Guzmán no debe reducirse a si era periodista o si publicaba temas incómodos. Todo eso importa. Pero hay una pregunta anterior y más básica:
¿Qué hace el Estado mexicano cuando una persona está siendo privada de la libertad en ese mismo momento?
Colombia entendió que la persecución inmediata no es una reacción desesperada. Es una doctrina.
En México, demasiadas veces, la autoridad aparece cuando la escena ya está fría. Y una escena fría sirve para investigar, pero rara vez sirve para salvar.
El caso de Roxana deja muchas preguntas. Pero hay una que no debería perderse entre las demás:
¿Quién salió a perseguirlos?
POSTDATA - La gobernadora Rocio Nahle dice que la buscaron “desde el primer momento”. En Veracruz, al parecer, el primer momento empieza cuando los criminales ya terminaron de hacer su trabajo.
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