El caso de Fernandito, un niño de cinco años asesinado en La Paz, Estado de México, no puede no conmocionar a quien lo conozca. No solo por la brutalidad del crimen, sino por la cadena de omisiones que lo hicieron posible.
Raptado como “garantía” por una deuda de apenas mil pesos, permaneció retenido varios días mientras su madre, Noemí —quien conocía a los prestamistas quienes se lo llevaron y sabía dónde lo tenían cautivo— recorría oficinas y módulos policiacos suplicando ayuda. Las autoridades no actuaron a tiempo y, cuando finalmente se ordenó el operativo, ya era demasiado tarde.
El asesinato de este pequeño no solo es el retrato atroz de un crimen cometido por tres bestias sin escrúpulos, a quienes les espera el resto de sus vidas tras las rejas. Es también, y, sobre todo, la evidencia de un sistema institucional que falla en lo único que no puede fallar: salvar una vida.
La madre de Fernandito hizo lo correcto: buscó inmediatamente a la autoridad, informó del riesgo, suplicó que intervinieran. La respuesta fue indiferencia, burocracia y un reloj institucional que, cuando se trata de vidas humanas, corre demasiado lento.
Cada minuto que se perdió en atender esa denuncia fue un minuto que jugó a favor de los agresores. El retraso en activar protocolos de rescate —y el desdén con el que se trató a una madre con una discapacidad para comunicarse— no son simples errores administrativos: son omisiones que se pagan con sangre.
En casos de rapto, desapariciones o trata de personas, las primeras horas son críticas. La diferencia entre encontrar a una persona viva o muerta (o no encontrarla nunca) suele definirse en ese margen. Ignorar un reporte, postergar la toma de una denuncia o “esperar al lunes” —como en este caso— para actuar es, en términos prácticos, una condena anticipada.
No se trata solo de sancionar a los asesinos. La justicia debe alcanzar también a quienes, por negligencia o insensibilidad, bloquearon la posibilidad de un rescate. Los responsables no son únicamente las personas que golpearon a Fernandito: también lo son quienes, teniendo la obligación y la capacidad de intervenir, decidieron no hacerlo.
Pocas veces es posible evitar un asesinato ejecutado con premeditación, alevosía y ventaja. Este debió haber sido uno de esos casos… ¡CARAJO!
Este no puede ser un caso más en la estadística interminable de la violencia que golpea a nuestro México todos los días. La muerte de Fernandito debería ser un punto de quiebre que obligue al gobierno del Estado de México, y a cualquier otro que quiera aprender en cabeza ajena, a cerrar de una vez las grietas por donde se filtra la negligencia. No debería haber margen para que algo así vuelva a ocurrir.
Para que una tragedia así no se repita, las lecciones son claras: las denuncias por rapto o desaparición deben recibirse y procesarse de inmediato, sin importar el día ni la hora; los protocolos de búsqueda tienen que activarse de forma automática en cuanto haya un indicio de riesgo; y el personal policial y ministerial debe estar capacitado para identificar la urgencia, incluso cuando la víctima o el denunciante enfrenten barreras de comunicación.
Si algo aprendí en mis años mozos como paramédico voluntario en Cruz Roja Mexicana, es que, en materia de protección de vidas, la velocidad salva; la burocracia mata.
Mientras las instituciones sigan operando con este desdén por la urgencia, los protocolos quedarán en papel, y las vidas seguirán perdiéndose en el espacio muerto entre la denuncia y la acción. En materia de crisis y seguridad, la inacción no es neutralidad: es complicidad.
Fernandito no murió solamente por la violencia ejercida en su contra por las bestias que se lo llevaron. Murió también por la violencia silenciosa de autoridades negligentes que, aun teniendo todo para salvarlo, eligieron llegar tarde.
POSTDATA I – Las cifras de homicidios publicadas a principios de este mes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) confirman que el sexenio del expresidente AMLO, es el más violento de la historia reciente al acumular 202,336 asesinatos en México, de diciembre de 2018 a septiembre de 2024.