Hace unas semanas tuve un caso en el cual ayudé a un ciudadano mexicano indocumentado que vive al norte de los Estados Unidos desde hace 20 años. A este señor le secuestraron a dos miembros de su familia que acababan de llegar a una ciudad fronteriza mexicana con la intención de pedir asilo para irse a vivir con él.
Sus familiares llegaron en autobús, asumo que al bajarse del mismo no pudieron evitar lucir como gente que nunca había estado en ese sitio, volteando a ver para todos lados y con sus (pocas o muchas) cosas en un improvisado equipaje. Presas fáciles para los buitres del crimen organizado.
Los criminales se comunicaron con él (les recuerdo su estatus de indocumentado) para solicitarle varios miles de dólares que, por cierto, no contaba con ellos, ya que debido a las fuertes nevadas invernales no había tenido trabajo en muchas semanas.
Aun así, juntó sus modestos ahorros, pidió dinero prestado y giró el rescate en dos tandas (como cualquier remesa) a una cuenta de Banco Azteca. Sus familiares salieron del cautiverio después de un proceso que tomó casi dos semanas… el crimen perfecto.
¿Y por qué me refiero a este como el crimen perfecto? Vayamos por partes.
¿Puede un(a) ciudadano(a) indocumentado acudir a las autoridades norteamericanas para solicitar ayuda derivado del secuestro de un familiar en México?
¿Puede ese mismo ciudadano con un estatus migratorio irregular trasladarse a la ciudad fronteriza en donde ocurrió el crimen para interponer la denuncia ante el ministerio público mexicano y después regresar al que ha sido su hogar durante las dos últimas décadas?
¿Puede la familia de los secuestrados (piense en las otras tantas nacionalidades de aquellos que cruzan nuestro país para llegar a la frontera norte) acudir desde su lugar de residencia (Oaxaca, Caracas, Tegucigalpa, etc.) a la ciudad fronteriza para reportar el secuestro?
¿Existe la suficiente confianza en nuestras autoridades para desafiar la instrucción de los agresores de no acudir con la policía?
Amable lector, yo podría darle las respuestas a estas preguntas en este caso en específico, pero usted se podrá dar cuenta fácilmente que las probabilidades de recibir ayuda en casos como este son microscópicas. Y sin denuncia, no existe el delito, ergo, no habrá intervención alguna de las autoridades, ni conocimiento del caso, y eso lo saben los criminales… y lo saben muy bien.
El secuestro de migrantes se ha convertido en un proceso delictivo recurrente, del cual es imposible saber cuántas víctimas y cuántos casos ocurren anualmente. En diciembre de 2023, 32 personas fueron secuestradas saliendo de la estación de autobuses en Reynosa rumbo a Matamoros en Tamaulipas.
Ese caso fue ampliamente difundido gracias a la denuncia del chofer del camión donde viajaban. De otra manera, es muy probable que nadie se hubiera enterado y que todo hubiera quedado entre las víctimas, sus familiares y los agresores.
Ahora, la CNDH publicó por primera vez en 2021 un informe especial sobre la situación que guarda el tráfico y secuestro en perjuicio de personas migrantes del año 2011 al 2020. En este informe, hay cuatro hallazgos que quisiera compartir con ustedes.
Uno - En los últimos diez años, más de 70,000 migrantes han sido víctimas de tráfico y secuestro en México.
Dos - El tráfico de migrantes tiene un alto grado de incidencia delictiva en México que no se atiende.
Tres - El tráfico de personas se aborda desde una perspectiva de control migratorio, omitiendo la dimensión delictiva del fenómeno y de otros más como el delito de secuestro, lo cual coloca a las personas en una situación de indefensión institucional, pues ni siquiera son consideradas como víctimas.
Cuatro - No existe un registro nacional de personas traficadas, ni de los delitos que se derivan de este ilícito, como el secuestro. Por consiguiente, la información proporcionada por las diferentes autoridades competentes no es homogénea, es parcial y limitada.
La conclusión de todo esto es terrible. Desamparados, marginados e ignorados, no hay seguimiento de los secuestros (ya no digamos de las desapariciones o reclutamiento forzado) en contra de migrantes que atraviesan nuestro país.
Repito, el crimen perfecto.
POSTDATA – La madrugada del viernes, grupos armados levantaron a 66 personas pertenecientes al menos a 10 familias distintas en diversas zonas de Culiacán y Mazatlán.
Varios ya han sido liberados, pero 20 adultos y 4 menores no han sido localizados todavía al momento de escribir esta columna. Esto no fue un típico secuestro por rescate; o fue un mensaje para alguien o fue un precedente para una negociación posterior.
Consultor en seguridad y manejo de crisis
@CarlosSeoaneN