La semana pasada recibí un mensaje de texto de una persona que no conocía —algo bastante común en mi línea de trabajo—. Buscaba orientación ante un caso de extorsión que estaba sufriendo su negocio en el sur del país.
Nunca le niego tiempo a alguien que está siendo presionado por criminales. Minutos después sostuve una larga conversación con Daniel.
Lo que me contó me dejó helado. Y miren que, después de tantos años en esta profesión, ya no me cuezo al primer hervor.
Daniel se dedica al negocio de los combustibles. Es dueño de algunas gasolinerías.
Desde 2024 pagaba 20 mil pesos mensuales a “un grupo armado” por su supuesta protección —el ya tristemente normalizado derecho de piso.
Pero hace unas semanas ocurrió algo que cambió todo.
Otro grupo llegó a la zona y eliminó a quienes le venían cobrando desde hacía más de un año. Y ahora le exigen algo muy simple: que entregue sus gasolinerías o que se atenga a las consecuencias.
Pensé que no había entendido bien. O que Daniel, por los nervios, no me lo estaba explicando con claridad.
—A ver, déjame entender —le dije—. ¿No te están pidiendo dinero… te están pidiendo tus negocios?
Repasamos de nuevo los hechos.
Las gasolinerías ya dejaron de operar. El nuevo grupo armado ya había dado “levantones” a algunos empleados para que se pudiera corroborar su peligrosidad.
Daniel hizo lo que muchas víctimas terminan haciendo en este país: emprendió su propia tarea de inteligencia clandestina para identificar a la cabeza del grupo y tratar de negociar algo que le permitiera seguir trabajando.
Su esperanza era modesta: que le permitieran conservar una o dos gasolinerías. La respuesta fue un rotundo no.
Y en ese proceso descubrió algo más: quien encabezaba al grupo era, según le dijeron, “alguien muy pesado que venía del norte”.
Aquí es donde la historia da un giro todavía más inquietante. La pregunta obvia es por qué Daniel no acudió a las autoridades. La respuesta también es obvia: tiene miedo.
Miedo de que la denuncia no sirva para nada. Miedo de que su nombre termine circulando donde no debe. Miedo de que, después de denunciar, el tiro le salga por la culata.
Y ese miedo es hoy uno de los grandes triunfos del crimen organizado en México.
Porque cuando un empresario deja de ver al Estado como una opción viable de protección, el Estado deja de existir en la práctica.
Este caso revela una evolución del modelo criminal. No se trata ya solo de cobrar una renta. Se trata de apropiarse del negocio.
Las gasolinerías de Daniel representan infraestructura estratégica: flujo constante de efectivo, acceso a combustible, control de logística local y una fachada empresarial perfecta para múltiples actividades ilícitas.
En otras palabras: para un grupo criminal, una gasolinera no solo es un comercio. Es un activo.
Y eso explica por qué la negociación nunca tuvo realmente espacio para prosperar: Daniel, en realidad, estaba frente a un proceso de expropiación criminal.
Durante años hablamos del derecho de piso como si fuera el último escalón de la depredación criminal. Ahora puede que solo sea el primero.
Es la misma lógica que en otras economías criminales del mundo: cuando un grupo consolida poder en una región, deja de comportarse como una banda y comienza a comportarse como un propietario de facto del territorio.
Y cuando eso ocurre, la pregunta deja de ser policial para volverse política.
Porque si un empresario en México tiene más miedo de denunciar que de negociar con criminales, algo fundamental en la relación entre ciudadanos y Estado se ha roto.
Y cuando un empresario tiene que negociar su patrimonio directamente con hombres armados, la pregunta ya no es qué le está pasando a Daniel.
La pregunta es otra: ¿En qué momento el derecho de piso mutó en despojo?
POSTDATA – Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) celebra su décimo aniversario. Esta organización ha sido fundamental para exponer graves casos de corrupción gubernamental. Felicitaciones por esta primera década.