Esta semana sucedió lo inevitable. La mayoría oficialista en el Senado, sin escuchar las razones de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, aprobó la extinción de 13 de los 14 fideicomisos púbicos no entidad del Poder Judicial de la Federación (PJF) en perjuicio, primordialmente, de los trabajadores por la afectación a las reservas de sus pensiones complementarias y gastos médicos catastróficos, que suman alrededor de 9 mil millones de pesos de los 15 mil millones, que supuestamente piensa recuperar el Legislativo, por instrucciones del Ejecutivo, para el beneficio del pueblo.
La ministra en retiro, exsecretaria de Gobernación y presidenta del Senado de la autollamada 4T, expuso las cifras de la reforma en miles de trabajadores y beneficiarios de los mismos que serán afectados. Con esto contradijo directamente la palabra presidencial, que fue empeñada por su dueño, quien desde las mañaneras aseguró que con esta acción legislativa no habría afectación a derechos laborales, ni reducción de sueldos.
Hay que señalar que lo último es cierto. No hay reducción del ingreso cotidiano de los trabajadores, pero lo primero es falso, como bien lo explicó la ministra en retiro ya que no habrá sustento financiero para el pago de los derechos contenidos en las condiciones generales de trabajo, cuya existencia se funda en lo dispuesto por el artículo 123 constitucional, Apartado B, con lo que el Congreso de la Unión está cometiendo, indirectamente, tal vez no combatible, una restricción de los derechos de seguridad y previsión social.
Los derechos pensionarios y enfermedades y maternidad derivados de la relación laboral son vanas promesas si no hay reservas para pagarlas en el futuro y eso eran los fideicomisos extintos. Eran “guardaditos” actuariales (calculados con fórmulas matemáticas y financieras) para cumplir con obligaciones en el largo plazo. Esta estrategia de olvido ¿desprecio de los jóvenes? es congruente con la visión de gobierno del presidente, que consiste en todo debe gastarse hoy en subsidios sociales y obras improductivas que generen empleo inmediato en el corto plazo y no importa si consumimos el ahorro de los últimos 30 años o nos endeudamos.
La generación nacida en las últimas dos décadas, las mujeres y los hombres entre veinte y cuarenta años, pagarán con sueldos deprimidos por el costo de la seguridad social y los efectos del endeudamiento público, las pensiones y atención a la salud financiada con el presupuesto público, ya que no existen reservas para pagarlas y después, dentro de quince años, no gozarán de este apoyo vital en su retiro o enfermedad crónica propias de la edad en razón al natural envejecimiento de la población simplemente porque el presupuesto no será suficiente.
El diputado morenista Hamlet García Almaguer ya lo dijo con claridad en una de sus múltiples conferencias para justificar la injustificable extinción de los fideicomisos del PJF: la incertidumbre pensionaria es una realidad de los trabajadores mexicanos y los trabajadores del PJF son privilegiados porque no sufren esta incertidumbre. Este tipo de comentarios sólo fomenta el rencor para conseguir apoyo político, popularidad superficial e inmediatista. Esta es una lógica torcida por la ambición.
Falacias similares a la anterior fueron el sustento de la desaparición en 2021 del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) que tenía reservas por el monto de 95 mil millones de pesos se gastó ese año. El ex secretario de hacienda, Arturo Herrera, anunció en el proceso de aprobación del paquete económico para 2021, que ya no había recursos en los fondos estabilización de los ingresos presupuestal y el de estabilización de los ingresos de las entidades federativas, así como la mayor parte de los “guardaditos” (Excelsior, 29-08-20). En 2021 se utilizaron estos recursos previsionales para pagar las “urgencias” presidenciales.
El Fonden tenía recursos para apoyar financieramente la recuperación después de un temblor o un huracán y reglas de operación para acceder a los mismos, por lo que la asignación recursos no dependía de la voluntad presidencial, ni de sus preferencias políticas, ni estaba sujeta a la disponibilidad presupuestal. Hoy con los efectos del huracán Otis en Acapulco el debate sobre lo procedencia de gastarse los “guardaditos” en lo inmediato para sostener la popularidad de los políticos.
Lo mismo está pasando con la desaparición del fondo de protección contra gastos catastróficos del Seguro Popular y sucederá con los fideicomisos del PJF. Las eventualidades no se programan, se previenen en sus efectos dañinos creando reservas que se “guardan” en fideicomisos públicos no entidad. El presidente no se equivoca cuando señala que siempre habrá presupuesto, pero no aclara que esto sólo es cierto mientras haya capacidad de endeudamiento. Esto no será correcto para el gobierno siguiente, cualquiera que sea el resultado de las elecciones. La irracionalidad administrativa en su máxima expresión sólo se hace evidente cuando sucede la desgracia. Esperemos que haya pensiones complementarias para los trabajadores del PJF que se quedaron sin reservas. En todo caso esto es un problema del futuro, hoy no serán afectados en su salario. La no existencia del Fonden es problema de Acapulco, mañana será de cualquier otro. El pueblo (Dios) proveerá, diría mi abuelita.
Investigador del Instituto Mexicano de Estudios
Estratégicos de Seguridad y Defensa Nacionales
Twitter @cmatutegonzalez
