Esta semana, ante la evidente falta de medicamentos e insumos médicos en los centros de salud públicos en los tres niveles de atención, la presidenta Sheinbaum culpó en la mañanera a las farmacéuticas extranjeras por el incumplimiento de los contratos, que les fueron asignados en un accidentado proceso licitatorio de compra consolidada por Birmex. Ante la denuncia pública desde el poder, los representantes de la industria (CANIFARMA) respondieron en los medios de comunicación para deslindar de estas conductas reprochables a sus agremiados, señalar empresas que fueron seleccionadas a pesar de su baja presencia en el mercado nacional y a solicitar el pago de un adeudo de más de 19 mil millones de pesos.
El condimento a esta tragedia nacional es una grabación filtrada que publicó El Universal en la que el subsecretario de desarrollo e integración del sector salud, Eduardo Clark, responsable del proceso, reclamó (¿amenaza?) a las empresas incumplidas, les avisó que el gobierno no está jugando (¿antes sí?) y abrió la posibilidad de perseguir penalmente a los responsables. Todo esto sucede después de que en las mañaneras había prometido que ya merito se lograba el abasto total de medicinas y que ya se estaba en un 94 % de cumplimiento de las compras consolidadas. La CANIFARMA cuestiona las cifras presentadas en la mañanera y señala algunas inconsistencias con los datos de la industria.
El desabasto de medicamentos es una historia sin fin de la 4T, que heredó la presidenta Sheinbaum del gobierno anterior e inició con una comedia de equivocaciones, que rápidamente se convirtió en una tragedia nacional en la que, los niños que padecen cáncer, fueron los más afectados e invisibilizados por el Dr. López Gatell.
La dotación oportuna de insumos médicos es un reto mayúsculo en un sistema de atención disperso, administrado por organizaciones federales, estatales y municipales de distinta naturaleza y fuentes de financiamiento, que abarcan tanto instituciones de seguridad social como de asistencia social. En la década de los noventa, la complejidad de la compra y distribución de estos bienes en el IMSS obligó a que se diseñara una estrategia para lograr el abasto total y, en el mejor de los momentos, se obtuvo el 96 % de abasto y se iniciaron los procesos de consolidación de compra interna, que tendrían sus primeros resultados en la primera década de este siglo. Luego, este proceso de consolidación se extendió al sector salud bajo la dirección del IMSS.
La construcción de la institucionalidad de las adquisiciones públicas consolidadas de insumos médicos se realizó durante más de dos décadas con base en procesos innovadores administrativos-presupuestales y el diseño de modelos de negocio que integraron su producción, comercialización y distribución y la creación de amplias redes y alianzas de entes públicos y empresas de la industria. Esta institucionalidad, como cualquier obra humana, tenía defectos y,
lamentablemente desviaciones de recursos, que eran corregibles y sancionables. Dos de las áreas de oportunidad que se habían detectado en 2017 eran la necesidad de diversificar los proveedores, aumentar su número e impulsar la competencia y de mejorar la regulación presupuestal y la normatividad de las compras públicas.
La 4T decide, bajo el argumento que había mucha corrupción, mantener la estrategia de consolidación, pero concentrarla en la oficialía mayor de la SHCP, que no es un área especializada en el tema y, por lo tanto, fracasa y provoca desabasto crónico de insumos médicos por dos razones: se separa la comercialización de la distribución y se descalifica a la industria farmacéutica mexicana con acusaciones de índole ideológica.
La corrección fue contratar a un organismo internacional no gubernamental para que llevara a cabo la compra consolidada y buscara proveedores internacionales (indios, primordialmente) que rompieran el oligopolio de las empresas farmacéuticas que operan en México. Sin embargo, el remedio resultó peor que la enfermedad, toda vez que la separación entre la comercialización y a la distribución se amplió. Los almacenes centrales y regionales recibían, pero el insumo no llegaba con oportunidad a la farmacia, al centro de salud o al centro de canje. La solución fue peor aún: la mega farmacia.
Este gobierno intentó corregir los errores del anterior y regresó la compra consolidada a un organismo especializado, pero separó el proceso de la selección de los proveedores y asignación del contrato con el resto de las etapas, es decir, la planeación, la contratación y la ejecución, lo que ha ocasionado descoordinación y falta de información y además decidió que la distribución se llevaría a cabo por el gobierno con las llamadas rutas de la salud. Hoy, los dimes y diretes continúan en una historia sin fin y el desabasto continúa. La adquisición de las claves de productos licitados llegó al 94% en agosto, pero no el abasto por incumplimientos o falta de distribución. Esta es la razón del reclamo presidencial y, sobre todo, de la queja ciudadana.
Profesor de la Universidad de las Américas Puebla
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