El próximo sábado continuará la batalla por el Infonavit, con base en el dictamen en que las comisiones unidas de Vivienda y de Trabajo y Previsión Social aprobaron la reforma que adiciona y deroga diversas disposiciones de su ley, relacionada con la recomposición de los órganos de gobierno y administración, así como la modificación de las relaciones del Poder Ejecutivo con el organismo de vivienda.
La reforma pretende ampliar las vías de acceso a la vivienda digna para los trabajadores con base en la modificación del Artículo 123 apartado A constitucional en la materia por medio del arrendamiento social de los inmuebles y la intervención del INFONAVIT en la ejecución e inversión del programa de inversión, así como la creación de una constructora filial no catalogada como empresa de participación estatal mayoritaria.
La estrategia propuesta es clara. El objeto del INFONAVIT se adiciona de tal forma que se flexibiliza su operación con la autorización para celebrar contratos, convenios, alianzas y asociaciones en los términos permitidos por el derecho privado y con la creación de una sociedad con capacidad de gestión regulada por el derecho mercantil. En la misma situación se encuentra la Afore XXI, empresa del IMSS, que es una idea del gobierno de Zedillo, que ha dado buenos resultados. Esta es una táctica cercana el gerencialismo impulsado en el gobierno de Fox. Incluso, se establece que el organismo deberá realizar sus actividades con base en los principios del gobierno corporativo. Todo esto es contrario a la narrativa del oficialismo morenista, que ahora apoya con entusiasmo estas acciones legislativas de corte “neoliberal”.
El dictamen contiene pronunciamientos más que elementos técnicos de mejores prácticas y se consignan deberes de coordinación con las diversas instancias de gobierno, cumplimiento de las obligaciones de transparencias, fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación, de respeto a los principios del manejo de recursos económicos del Estado, promoción de planes de desarrollo urbano y criterios ambientales y sociales, facilidades administrativas, entre otros. Estas expresiones en favor de la clase trabajadora ya son materia de la Constitución y otras leyes innecesarias jurídicamente. Llama la atención la eliminación del patrimonio del Instituto lo aportado por el Gobierno Federal, lo que haría suponer que es una prohibición a este último de realizar transferencias para el apoyo a la vivienda de los trabajadores.
Una adición que ha generado mucho ruido político es que, si bien en la iniciativa de ley, minuta y dictamen se reitera que los recursos acumulados en la subcuenta de vivienda son propiedad de las personas trabajadoras, sospechosamente se agrega que “en su conjunto conformarán el Fondo Nacional de la Vivienda”. Este complemento ha detonado un debate sobre las intenciones ocultas del gobierno que, según lo alegado por los partidos opositores, son quedarse con el ahorro acumulado de 2.3 billones de pesos para utilizarlo de “caja chica” en sus proyectos políticos.
La parte central del diferendo en el Poder Legislativo es la integración de la Asamblea General, que se reduce en número de integrantes y se propone que se designación coincida con el inicio del sexenio, lo que implicaría una renovación inmediata, que correspondiera a una representación empresarial y obrera más cercana al segundo piso de la 4T. Además, se le otorga más presencia al director general que presidirá los órganos colegiados, será nombrado por el Ejecutivo, tendrá mayores facultades y será el único servidor público que forme parte de la Asamblea y el Consejo de Administración. Esto es congruente con la tendencia centralizadora de las decisiones en la cúspide de las organizaciones gubernamentales de los últimos años y a que todo se determine por programas burocráticos, en los que las decisiones se deciden en un escritorio y no por la oferta efectiva de inversión en vivienda.
La mayor preocupación en esta batalla por el INFONAVIT es quién asignará y ejecutará los cuantiosos recursos que se destinarán a la construcción de vivienda y como se afectará la rentabilidad de los saldos acumulados en las subcuentas que administran. En su caso, el fracaso de la constructora filial o de los programas de inversión se reflejará en menores rendimientos para los trabajadores. Como ya había escrito en otra colaboración, en materia de gastos de administración se iguala con el régimen de las afores, pero se permite invertir los fondos de las subcuentas en bienes inmuebles y otros bienes, que son de baja productividad financiera.
Las personas trabajadoras con su ahorro pondrán el capital en la disputa de la filial y los particulares por el mercado de la vivienda y son quienes podrán sufrir minusvalías en el valor de la subcuenta de vivienda. Si habrá más derechos, pero en la propuesta no hay garantía que haya más recursos para financiarlos y hacerlos efectivos, y en su lugar una empresa mercantil del gobierno participará del negocio. Esperemos que haya transparencia y buenos controles.
Profesor de la Universidad de las Américas Puebla
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