El pasado 1 de mayo, el Infonavit celebró su 50 aniversario de ser uno de los pilares de la seguridad social del Estado mexicano. Su historia sintetiza el logro de la lucha obrera para formar un patrimonio propio. A la fecha, la institución ha otorgado millones de créditos y ha tenido un impacto profundo en la vida de las familias y ciudades mexicanas. Este artículo es el primero de una serie de cuatro en los que explicaré la transformación del Infonavit en estos años.
En sus inicios, el Infonavit fue el gran constructor de vivienda en el país. En 1973, carteles de la época anunciaban que se construía la unidad habitacional El Rosario, en la Ciudad de México, y había “9,165 viviendas en proceso”. Y así en cada estado de la República se inició alguna unidad o conjunto habitacional para los trabajadores. Para dejar un dato, en el país 214 colonias, 285 unidades habitaciones y 117 fraccionamientos llevan en su nombre al Infonavit. Hacia finales de los ochenta, se terminó la promoción de vivienda y la construcción por parte del Instituto por ser incosteables, además de que la Institución estaba capturada por grupos de interés que usaban la vivienda como prebenda política.
Durante los años noventa, se reformó la ley para consolidar al Infonavit como organismo fiscal autónomo, hipotecaria social, e institución complementaria al Sistema de Ahorro para el Retiro. Lo anterior, implicó una fuerte reorganización interna para establecer un sistema de crédito que fortaleciera las finanzas del Instituto a través de ahorradores portadores de cuentas individuales, abriendo así la participación de organizaciones en el desarrollo urbano. A la par, la descentralización de funciones llevó a que se constituyera al municipio como autoridad en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, sin que ello se acompañara con la fortaleza financiera para dicha tarea o capacidades técnicas para ello.
En la primera década del siglo XXI, se impulsó un modelo de vivienda autoritario e irracional. Se pensó en el concepto de “ciudad dormitorio”, como si se pudiera separar el derecho a la vivienda del derecho a la ciudad o cualquier otro aparejado. La mancha urbana se expandió por encima del crecimiento poblacional y se construyeron centros de población en los que no había garantía de servicios públicos, transporte o centros de salud. Este modelo expansivo tuvo como resultado el abandono de las viviendas y la consecuente pérdida patrimonial para las familias.
Por ello, el Programa Nacional de Vivienda 2021-2024 impulsado por la Sedatu establece que toda vivienda debe cumplir con los siguientes elementos: seguridad de la tenencia de la propiedad, ubicación, habitabilidad, asequibilidad, accesibilidad, disponibilidad de servicios y adecuación cultural. Además, las políticas de suelo y de ordenamiento territorial se armonizaron con el fin de evitar la expansión sin sentido de las ciudades, para que se respeten las áreas naturales y ecológicas, se privilegie la construcción en zonas de bajo riesgo y se impulse la creación de planes de desarrollo urbano y ordenamiento territorial.
Además, la reforma a la Ley del Infonavit de 2020 impulsada por el presidente López Obrador establece que se debe verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia urbana, ecológica y de riesgos a la hora de evaluar los créditos que se otorgan a los afiliados al Instituto. Con todo lo anterior como antecedente, en mayo de 2021 se aprobó el modelo de Zonas de Consolidación Urbana (ZCU), que permite evaluar la vivienda en su entorno y en función de los satisfactores urbanos.
Este nuevo modelo coloca el derecho a la vivienda como eje principal y habilitador del ejercicio de otros derechos. Por ejemplo, no es posible el ejercicio efectivo del derecho a la educación si no hay una escuela cerca. Por ello, se establece que toda vivienda o terreno financiado mediante crédito Infonavit debe contar en un radio de 2.5 km con escuelas, centros de salud, centros de abasto y acceso a vías primarias de comunicación, entre otros. Adicionalmente, cada vivienda debe contar con servicios completos como agua y luz, cosas que parecerían indispensables pero que no se exigían.
Esto representa un parteaguas en el desarrollo urbano del país: las autoridades locales podrán evaluar de forma más sencilla los desarrollos de vivienda a la vez que la necesidad de servicios próximos lleve a la verticalidad en ciudades grandes y medias. Adicionalmente, el trabajador contará con los elementos básicos para su bienestar y el Infonavit contará con mejores garantías de crédito. En los siguientes años, tendremos la oportunidad de atestiguar los efectos positivos que esta Reforma y sus beneficios heredará al país en materia de vivienda.
Infonavit 50 años: Créditos baratos para viviendas de calidad
En esta segunda edición para reflexionar sobre los 50 años del Infonavit, abordaremos la evolución de la política crediticia. En primera instancia, debe señalarse que, al momento de su creación, se dijo que la meta era otorgar 100 mil créditos anuales , dando como resultado que en 50 años se proyectara una colocación mínima de 5 millones de créditos. El Instituto superó esa meta, pues a la fecha ha beneficiado a 12 millones de familias. Por lo anterior, explicaré la evolución del crédito en estas cinco décadas.
En los primeros años de servicio, el Infonavit promovió un esquema de crédito en pesos con una tasa de interés fija del 4% a un plazo de 20 años. Estos créditos estaban limitados y sujetos a la disponibilidad de los fondos que tuviera el Infonavit. Se realizaban sorteos y el acceso en la sociedad se asimiló como “obtener una casa” del Infonavit en vez de “acceder a un financiamiento”. En la década de los 80, casi cualquier esquema de crédito se volvió insostenible a largo plazo por los elevados niveles de inflación y la consecuente pérdida de valor del peso mexicano. Fue así como, en 1987, el Infonavit cambió su esquema de crédito en pesos a uno que otorgara una cantidad de recursos nominados en Veces Salario Mínimo (VSM); con ello se argumentó que se podría prestar a más personas al fijar en esta medida el valor del crédito.
Este esquema de créditos además suponía que el sueldo de los trabajadores tendría un crecimiento en el tiempo y que lograrían amortizarlo en un periodo máximo de 30 años. Estos supuestos estuvieron lejos de cumplirse. Por el contrario, para muchas familias significaron que sus saldos crecieran cada año sin que ello se reflejara en un aumento a su salario. En los primeros años de la primera década del siglo XXI, el país había logrado controlar la inflación a cifras de un dígito, por lo que el mantenimiento de los créditos indizados al salario fue totalmente injustificable.
No obstante, fue hasta 2016 en que se desliga el salario mínimo como unidad de indexación para distintos aspectos de la economía, con una reforma la Ley del Infonavit y la aprobación del primer esquema de crédito en pesos. Este crédito nació con una tasa de interés del 12% y con un esquema de pagos progresivos los primeros años de vida del crédito. Esta progresividad aplicaba para las personas de menores ingresos, de tal manera que empezaran pagando una mensualidad baja y una tasa efectiva menor y fuera aumentando cada año durante ocho periodos.
El esquema, que en principio resultaba atractivo, privilegió el acceso sobre la sustentabilidad del crédito. Si bien eliminaba la incertidumbre sobre la cual crecería el monto del pago, descansaba sobre el supuesto de que las personas podrían pagar una mensualidad más alta cada año , una vez más haciéndose dependiente de una carrera salarial creciente con aumentos de al menos 4% anual.
Esas ideas, en combinación con un esquema agresivo de subsidio federal a los enganches, apostaban a garantizar acceso a la compra de la vivienda, dejando altos riesgos financieros por cubrir durante la vida del crédito. Los datos del Infonavit muestran que las carreras salariales de los trabajadores de bajos ingresos duran en promedio seis años y que posteriormente existe un riesgo de que, al cambiar de empleo, encuentren uno con menor remuneración. Es decir, a la larga no podrían pagar la mensualidad o terminarían destinando mayor parte de su salario a ello.
En la presente administración, se ha puesto como objetivo que los créditos sean sustentables y se elimine la idea de que el Infonavit perjudicaba a los trabajadores con estos esquemas financieros. En particular se ha roto el paradigma de prestar indiscriminadamente sin considerar el efecto nocivo, o al menos riesgoso de largo plazo que un préstamo financieramente muy caro puede tener para las personas que lo suscriben. En 2020, el Presidente López Obrador propuso una reforma a la Ley del Instituto que transformó de raíz la política de crédito. Entre otras cosas, se eliminó la restricción de que sólo se tenía derecho a dos créditos a lo largo de la vida: ahora se pueden solicitar cuantos créditos necesite una persona afiliada, siempre y cuando pague el anterior. Eso nos obligó a diseñar un esquema de pago sencillo y ágil que diera oportunidad a las personas de financiarse para distintos objetos relacionados con la vivienda a lo largo de su vida.
En mayo de 2021, se puso en marcha el nuevo esquema de crédito en pesos, que a la fecha ha beneficiado a más de 270 mil familias. En primer lugar, se disminuyó la tasa de interés con una lógica progresiva, en la que paga mayor tasa quien tiene mayor salario, con una tasa máxima de 10.45%. Contrario a los bancos que tienden a negar o encarecer el préstamo para quienes más lo necesitan, el Infonavit otorga créditos a una tasa del 2% a quien gana un salario mínimo. En segundo lugar, se diseñó un esquema financiero que permite que las mensualidades sean congeladas. Y, por último, se estableció que la cuota patronal del 5%, durante la vida del crédito, prepague el capital, reduciendo así el plazo de pago.
La reforma implica que ahora, quien ya no cotiza activamente el el Infonavit,pero alguna vez lo hizo y tiene una cuenta en el Instituto, pueda acceder a un crédito de vivienda. Por ello, se puso en marcha el esquema de Cuenta Infonavit + Crédito Bancario que permite, a quien tiene un ahorro en el Instituto, obtener un crédito cofinanciado con la banca para adquirir vivienda nueva o existente. El objetivo es que los trabajadores utilicen el recurso de su cuenta de vivienda para aumentar el monto de su enganche y así acceder a un mejor crédito con los bancos.
Finalmente, en congruencia con el Programa Nacional de Vivienda 2021-2024 , se sentaron las bases para un sistema de financiamiento a la autoproducción de la vivienda. A través de ConstruYo, los trabajadores acceden a créditos directos para hacer su casa en terrenos familiares o propiedad social, siempre y cuando se demuestre la posesión segura del inmueble. Y, por otro lado, a partir de abril de 2022 se puso en marcha el Crediterreno Infonavit para adquirir un lote y que poco a poco el trabajador y su familia construyan su casa a su gusto y necesidades.
Así, el Infonavit celebra su 50 aniversario con nuevos esquemas de financiamiento y en las mejores condiciones para los trabajadores, sobre todo aquellos que menos tienen y más lo necesitan.
Infonavit 50 años: Volver al origen social
La historia del Infonavit ha tenido claroscuros. En algunos periodos se favoreció a los sindicatos y a sus líderes, que manejaron la vivienda como una prebenda para fortalecer su posición política. En otros se favoreció a empresarios que se enriquecieron a costa del ahorro de los trabajadores, al construir vivienda alejada, sin servicios y que dañó el medio ambiente y desarrollo urbano de regiones completas. El Infonavit se alejó de su vocación social, pues estaba al servicio de intereses particulares y no al de los derechohabientes.
Nos propusimos recuperar la confianza de las familias, enfocándonos en la labor social del Instituto de otorgar crédito barato y suficiente para adquirir una vivienda adecuada. Nuestra convicción fue poner en el centro de todas nuestras decisiones a las y los derechohabientes mediante un modelo humanista de vivienda. Por ello, en esta administración impulsamos la creación de una Política de Cobranza Social que busca preservar el patrimonio de los trabajadores que se encuentren en dificultades económicas, con un enfoque de respeto a los derechos humanos y dignidad de las personas.
La primera instrucción del Presidente López Obrador fue a aliviar las deudas de las familias y acabar con las deudas impagables. En estos años hemos realizado 3 millones de acciones en ese sentido: otorgamiento de prórrogas, reestructuras, ajustes a las mensualidades, descuento a los saldos y cancelaciones de hipotecas. Todos ellos con el fin de que el trabajador conserve su patrimonio. Para ponerlo en perspectiva: a finales de 2021 se había apoyado a más personas que en las dos administraciones anteriores juntas.
Antes de 2018, las métricas del Infonavit se habían distorsionado tanto que tomaban como éxito financiero el hecho de desalojar a personas de las viviendas y subastarlas. Esto no sólo era contrario a la misión del Infonavit sino se aprovechaba de esquemas de reporteo de gasto que permitían que fuera difícil o imposible identificar el verdadero costo financiero de llevar una vivienda al desalojo y posterior venta. Por eso cancelamos los llamados juicios masivos de vivienda y las subastas de cartera. Se paró la maquinaria que únicamente beneficiaba a despachos de abogados e inmobiliarias que no tenían ningún interés en el derecho a la vivienda. Hoy cualquier acreditado con voluntad de pago puede encontrar opciones de apoyo para regularizar su crédito, por poner un dato, entre 2018 y 2021 hay más opciones para aquellos acreditados que tienen voluntad de pago.
Otro programa clave es la conversión de los créditos de Veces Salario Mínimo (VSM) a pesos a través del programa Responsabilidad Compartida. En total, esta administración ha beneficiado a más de 312 mil acreditados, condonándoles más de 62 mil millones de pesos en quitas. Además, gracias a esta conversión, los acreditados cuentan con un esquema de pago congelado durante la vida restante del crédito. A tres años de arrancar el progrograma, la evidencia es contundente en el sentido de que los acreditados que aplican a este programa tienen tres veces mayor probabilidad de liquidarlo.
En los siguientes años, el objetivo del Infonavit es que los 2.6 millones de acreditados que aún están en el esquema de VSM se conviertan al nuevo esquema, por lo que continuaremos trabajando hasta el último minuto consolidando la visión social y el modelo humanista de vivienda para que la transformación del Infonavit sea completamente irreversible.
Infonavit 50 años: Hacer más con menos
El dinero que administra el Infonavit pertenece a los trabajadores del país. Cada bimestre el Instituto recibe el 5% de la nómina de todos los trabajadores del sector privado. Estos recursos se individualizan a favor de cada trabajador y constituyen un fondo para otorgar crédito a quien lo necesite y generar un rendimiento a los que no ejercen su crédito. En esta última entrega explico la transformación que ha tenido la administración del Infonavit a partir de aplicar los principios de honestidad, racionalidad y austeridad en beneficio de la clase trabajadora.
Una de las primeras acciones fue recortar el gasto operativo. De acuerdo con nuestra Ley, este no puede exceder del 0.55% de los activos administrados por el Infonavit, en 2018 esta razón equivalía al 0.47% y se decía que el gasto estaba “muy apretado”. Sin embargo, el primer año de operación logramos una reducción de 2,300 millones de pesos y a lo largo de estos años ya es palpable una reducción de 20% en términos reales. Ni siquiera la pandemia por COVID-19 nos desvió de la disciplina presupuestaria.
Para acompañar cada ahorro, se tenía que buscar la transparencia y la competencia económica, con la convicción de que las licitaciones públicas traen mejores condiciones de compra para la institución. Antes de esta administración, más del 90% del presupuesto de adquisiciones e inversiones se adjudicaba a través de procesos discrecionales que impedían obtener menores presiones y mayor calidad por los bienes, servicios y obras que adquiría el Infonavit. Cada sobreprecio e ineficiencia significa menor rendimiento al ahorro de de los trabajadores y un menor monto para otorgar créditos, por eso teníamos que revertir esa situación.
En 2020, se rediseñaron las Políticas Aplicables a las Adquisiciones y Arrendamientos de Bienes, Contratación de Servicios y Obras, para garantizar que las adquisiciones se realicen con las mejores condiciones de economía, transparencia y competitividad. Si bien en administraciones pasadas el presupuesto se dedicaba a contratos directos, al cierre de 2021, 70.7% fueron licitaciones y solo el 29.3% fueron adjudicaciones directas si lo medimos por el monto de las compras.
Además de administrar los recursos con austeridad y honradez, se debe de invertir bien el dinero de los trabajadores. Si se logran ambos objetivos se garantiza un mayor rendimiento a largo plazo del fondo de la vivienda a la vez que se otorgan mayores rendimientos a los trabajadores que no solicitan un crédito. De acuerdo con el artículo 39 de la Ley del Infonavit, los recursos que no se utilizan para otorgar créditos deben de invertirse en un esquema similar al de las AFORE. En 2018, encontramos un fondo de inversión incipiente, que había sido administrado por terceros y que no contaba con un portafolio de referencia ni una política que sustentara su actuar.
Por ello, se construyó un andamiaje normativo que permite a los trabajadores observar con transparencia la forma en que se invierten estos recursos, en qué proyectos y qué rendimiento obtiene cada uno. También, siguiendo las mejores prácticas, se mejoró el modelo de gobernanza de dicho fondo de inversión, estableciendo que las decisiones de inversión se realizaran de forma independiente y bajo un comité especializado y que las áreas de inversión no estuvieran mezcladas con las áreas operativas de manejo de tesorería. La separación de funciones da pie a que los objetivos de inversión de largo plazo puedan cumplirse mejor. Por ejemplo, en diciembre de 2021, el fondo se adhirió a los Principios de Inversión Responsable de las Naciones Unidas (UNPRI, por sus siglas en inglés), que impulsa la inclusión de criterios Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo (ASG) en los procesos de análisis y toma de decisiones al momento de invertir. Actualmente, las inversiones del Infonavit constituyen un referente del sistema financiero mexicano al generar mayores rendimientos que las AFORE y sin comisiones de administración.
La construcción de un ambiente de disciplina de gasto y transparencia de las inversiones, permitieron al Consejo de Administración tomar una decisión histórica en enero de 2022. Cada año, los saldos de los créditos indexados al salario mínimo aumentaban, a una tasa no mayor a la inflación. Tradicionalmente, se había trasladado por completo al trabajador el aumento de precios en la economía. Sin embargo, ante el escenario inflacionario que se avizoraba para este año y como medida de protección al ingreso familiar se decidió que los créditos aumentarían a la tasa de los últimos cinco años de inflación en lugar de la tasa propuesta para 20202, en términos simples se aumentó el saldo en 4.9% en lugar de 7.3%, beneficiando a aproximadamente 3 millones de acreditados.
En resumen, el Infonavit ha tenido cambios profundos en estas cinco décadas de existencia. Sin embargo, la meta es siempre trabajar en aras de la consolidación de una mejor calidad de vida para los derechohabientes, ya sea a través de la adquisición de una vivienda adecuada o a través de un mayor complemento de su pensión. Por ello continuaremos trabajando en una política responsable y eficiente para la administración del gasto para que las familias tengan mejores créditos y mayor rendimiento de su ahorro.
