Está por terminar el sexenio y las últimas iniciativas que propondrá Andrés Manuel López Obrador acaban de llegar al Congreso. Son veinte y se pueden clasificar en tres grupos. El primero lo componen las iniciativas que él ha mencionado muchas veces y a fuerza de hacerlo son ya lugares comunes. Un ejemplo: ningún funcionario público debe ganar más de lo que percibe el presidente (sin contar, obviamente, las millonarias prebendas en especie que él disfruta en Palacio Nacional). Otro ejemplo: deben extinguirse los organismos autónomos (en defensa de los cuales hemos escrito aquí).
El segundo grupo lo integran las iniciativas que son tan banales que hasta contienen párrafos que son simples chistes. Un ejemplo: en la Constitución no debe hablarse de “empresas productivas del Estado”, sino de “empresas públicas del Estado” (por aquello de los déficits de la CFE y de Pemex). Otra ocurrencia, que ya se está volviendo un clásico entre los mexicanos, es que en la Constitución debe establecerse que se prohíben los “vapeadores” (cigarrillos electrónicos).
El tercer grupo es el de sustancia, el que contiene las manzanas envenenadas. Una de esas iniciativas, por fortuna inadmisible para la oposición, es reformar el sistema electoral. Entre las trampas está el reducir de 500 a 300 el número de diputados y de 128 a 64 el número de senadores, una vez que se elimine la posibilidad de que haya legisladores por la vía plurinominal y senadores que sean primera minoría. Con esta reducción el presidente pretende que en las elecciones de junio Morena, junto con sus partidos satélites, obtenga la mayoría calificada (más de dos tercios de los legisladores), o al menos la mayoría absoluta (más de la mitad).
Otra trampa en esa misma iniciativa gira sobre la revocación del mandato presidencial. Plasmada a fines de 2019 en la Constitución, esa disposición establece que para que una revocación pueda ser efectiva debe haber una participación en la consulta de, al menos, 40% de los electores. López Obrador pretende ahora reducir la cifra a 30% (el porcentaje actual de su voto duro se estima entre 20 y 25%).
La otra iniciativa de gran riesgo gira alrededor del actual sistema de pensiones que fue creado en 1997 y fue modificado, para bien, en el 2020. Hace un mes detallamos en este espacio tal sistema, que involucra un incremento gradual en las contribuciones patronales y lleva a una tasa de reemplazo (el porcentaje del último salario percibido) similar al promedio de los países de la OCDE.
Bueno, pues por razones electoreras López Obrador ya inventó que esa tasa sea del 100%. Para este año la iniciativa pretendería incluir a quienes se retiren con un salario mensual hasta los 16,777 pesos. En el largo plazo esta propuesta tendría un impacto presupuestal gigantesco, pues todo el extra de la pensión sería cubierto con dinero público.
Pero lo más absurdo es que el presidente cree que el dinero que se requeriría hoy, más de 60 mil millones de pesos, puede salir del llamado Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y de las utilidades del Tren Maya y el AIFA. Lo que es no tener idea de la situación financiera de esos organismos. El instituto tiene más pasivos que activos y sus elefantes blancos tendrán pérdidas por mucho tiempo.
