¿Cuándo va a publicar el presidente López Obrador de qué vivió los 13 años entre que fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México y presidente del país? ¿Cuándo va a mostrar sus declaraciones fiscales? ¿Su declaración de ingresos va a incluir las “aportaciones” que sus hermanos Pío y Martín dijeron que eran para Andrés Manuel, mientras recogían clandestinamente los fajos de billetes? ¿Cuándo va a hacer públicos los ingresos y declaraciones fiscales de su hijo José Ramón, que justifiquen su lujoso estilo de vida en Houston? ¿Cuándo transparentará las declaraciones fiscales de Pío y Martín?
Ayer se cumplieron tres semanas de que salió el reportaje de la “casa gris” de José Ramón López Beltrán y el presidente sigue sin explicar de dónde sale el dinero de su hijo. Quiere que varios periodistas le digamos cuánto ganamos. El que está entrampado en conflictos de interés es él, pero trata de desviar la atención usando todo su poder para atacar a quienes divulgamos el reportaje y a quienes lo han reproducido.
El presidente de México está cuestionado hasta la médula. Ha vivido en la oscuridad financiera desde hace años, impunemente. Desde el periodismo hemos documentado cómo su entorno cercano, familiares, subordinados y aliados han llevado a cabo un esquema de financiamiento ilegal, de orígenes oscuros, durante por lo menos dos décadas para impulsar la carrera política de López Obrador.
Eso se llama corrupción en cualquier parte del mundo.
Y aún habría que contar los miles y miles de millones de pesos del erario que ha desviado o tirado a la basura para sostener sus caprichos, su ego descontrolado y su obsesión de poder. Eso también es corrupción.
El tema de la “casa gris” tiene a su gobierno entrampado. Ha escalado a nivel internacional. Reportajes en medios de comunicación de todo el mundo, posicionamientos políticos hasta en el Capitolio, identifican claramente lo que pasa en México: el presidente AMLO, por venganza, manda investigar a un periodista que reveló la inexplicable vida de lujos de su hijo en el extranjero y sus conflictos de interés. El desplante autoritario es evidente.
Pero el asunto va mucho más allá y es mucho más grave: en ningún gobierno anterior tantos periodistas habían sido asesinados como en los primeros tres años de López Obrador. Las protestas de reporteros —en el Senado, la Cámara de Diputados, Palacio Nacional, en varios estados— tuvieron ayer un punto climático en Tijuana, una bofetada al ego del presidente: los colegas corearon los nombres de los periodistas asesinados este año, frente al presidente que estaba de gira, en plena conferencia mañanera.
Mientras, los senadores del presidente dicen que publicar un reportaje es golpe de Estado y traición a la patria. A López Obrador siempre le ha encantado ese halo de soberbia: en 2006, Leonel Cota, entonces presidente del PRD, donde militaba AMLO, afirmaba que criticarlo era traicionar a la patria. Lo de hoy es una continuación de eso: la exigencia de que López Obrador sea tratado como un ser único que está por encima de la Constitución.
Están extraviados. No es que un reportaje sea un golpe de Estado. Es que este reportaje hizo que el presidente mostrara sin pudor su talante autocrático, su deseo de encabezar una dictadura en la que esté prohibido exigirle resultados, en la que todos los ciudadanos le aplaudan, le acaricien el ego y se tapen los ojos ante la corrupción que lo circunda y los nulos resultados de gobierno.
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