Hoy se cumple un año de que publicamos la investigación sobre “La Casa Gris” del hijo del presidente López Obrador: una lujosa mansión en Houston, con cine privado y alberca de 23 metros, que se volvió un símbolo de la incongruencia y la corrupción del gobierno.
Incongruencia porque las imágenes exhibieron el doble discurso del presidente y derrumbaron eso de la austeridad, los dos pares de zapatos y el acabar con los privilegios.
Corrupción —lo más importante de la revelación— porque lo que quedó evidenciado las semanas posteriores fue el sello de este gobierno: la impunidad ante lo documentado y probado. Un asombroso conflicto de interés que, en un afán de taparlo, tropezó con sus propias mentiras. Un ejemplo de lo corrompido que está el obradorato.
Crearon un empleo ficticio para José Ramón López Beltrán y una empresa para darle ese empleo. Nadie sabe cómo justifica una visa de trabajo ni una estancia legal en Estados Unidos. Pemex nunca enseñó la investigación completa encargada por la empresa petrolera Baker Hughes, cuyo alto directivo era dueño de la “casa gris” que habitó el primogénito del presidente. Ni de forma pública ni por transparencia. Nunca se supo qué tipo de análisis hizo el despacho de investigación ni los detalles que los llevaron a concluir que no había conflicto de interés. Negaron que hubiera una relación cercana, pero Baker Hughes preparó su respuesta desde las oficinas de Pemex, dónde también dio su conferencia. Menudo descaro. Pemex tampoco hizo una investigación interna. Dos funcionarios que firmaron un contrato con Baker Hughes en agosto de 2019 avalaron dos meses después un contrato a Felipa Obrador, la prima del presidente. Pemex no retiró ni uno de los contratos a Baker Hughes ni revisó cómo habían sido entregados. Y para Baker Hughes sigue siendo el sexenio de oro: ha recibido más millones que nunca.
La Secretaría de Energía tampoco investigó ni se pronunció sobre las compras y los contratos a Baker Hughes y sus filiales para materiales de la refinería de Dos Bocas. En febrero del año pasado, la Fiscalía General de la República abrió una investigación a raíz de una denuncia del PAN. Nada se sabe de los resultados y las consecuencias. Y cuatro meses después, la Secretaría de la Función Pública, con menos pudor que Virgilio Andrade y su escándalo de “la casa blanca” de Peña Nieto, los indultó.
En este año, el presidente y los suyos no han logrado desmentir un renglón de la investigación presentada por Latinus en colaboración con Mexicanos contra la Corrupción. Sin argumentos, su respuesta fue un artero ataque personal en mi contra, que incluyó ponerme a merced del crimen organizado y confesarse extorsionador: él me atacó porque yo publiqué esos reportajes. Lo dijo en su conferencia del 15 de marzo: “si no salieran a atacarnos con esos reportajes, pues no estaríamos aquí hablando de esta situación”.
A un año, el que sigue sin poder explicar de qué vivió tantos años sin trabajar ni pagar impuestos, al que le endilgaron el certero apodo del “rey del cash” y cuyo hijo se da vida de millonario sin que se le conozca empleo, es López Obrador.
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