Desde hace varios meses, la Cancillería mexicana ha encabezado una encendida lucha por reclamar a Estados Unidos el masivo tráfico de armas hacia nuestro país. En esta disputa, el gobierno mexicano ha escondido un dato central. Lo ha hecho para proteger al Ejército, la institución que es columna vertebral de la administración López Obrador.
Según fuentes oficiales, el 30% de las armas que compra en Estados Unidos la Secretaría de la Defensa Nacional “se le pierden”.
El Ejército es el único que puede realizar la importación de armas legalmente en nuestro país. Todas las policías y procuradurías de México están obligadas a comprarle a la Sedena el armamento que utilizan. Lo grave es que muchas de estas armas han sido aseguradas en hechos delictivos, algunos de ellos dolorosamente emblemáticos, como la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa o el ataque contra agentes de la DEA en Tres Marías.
Pero nada de esto dice la Cancillería en sus querellas internacionales. No conviene a su estrategia legal. El asunto es todavía peor: según las mismas fuentes, al presentar su caso para demandar a fabricantes y distribuidores de armas estadounidenses, el gobierno federal mexicano tuvo que “rasurar” el listado de armas de procedencia americana detectadas en eventos delictivos en México porque muchas de ellas fueron importadas por la propia Secretaría de la Defensa Nacional. Exponer el escandaloso dato sería darse un balazo en el pie.
Por eso, me explican, el gobierno de AMLO se niega a transparentar la lista de armas aseguradas en hechos delictivos y ha rechazado varias solicitudes de información al respecto. Lo hace para proteger al Ejército, porque quedaría evidenciado como corresponsable de que las armas traídas de Estados Unidos circulen por el país y derramen sangre mexicana.
El escondido listado de armas aseguradas en hechos delictivos lo realiza el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), perteneciente a la Fiscalía General de la República. Otros países de los que se han detectado en México armas usadas por delincuentes son Alemania, Austria, Italia, Rumania, España y Bélgica, de acuerdo con los mismos informantes. Sin embargo, y posiblemente por la misma razón, la Cancillería ya se desistió de sus demandas internacionales contra la italiana Beretta y la austriaca Glock.
La convenenciera omisión mexicana no le resta un ápice de responsabilidad a Estados Unidos por la flagrante manera en que ha facilitado el establecimiento de cientos de tiendas de armas —particularmente en la frontera con México— que terminan siendo tienditas en las que los capos mexicanos son clientes distinguidos, a quienes se cumplen los más exóticos caprichos y se surten los más nutridos arsenales.
Ojalá México gane su caso ante las cortes internacionales y frene el tráfico de armas. Serviría mucho también que transparentara la lista de armas y con ello obligara al Ejército a aceptar su responsabilidad, corregir los descuidos, perseguir las complicidades y aportar en una tarea central. De otra forma sería regresar al famoso candil de la calle que es oscuridad en la casa.
