En medio de su afortunada convalecencia de coronavirus, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió al Congreso una iniciativa de ley para otorgar un desmedido poder a Manuel Bartlett, el cuestionado director de la Comisión Federal de Electricidad.
A pesar de su pasado ominoso, en este sexenio Bartlett despacha de rey. Rey Bartlett. A pesar de los escándalos propios y familiares, a pesar de que su gestión en la CFE le ha causado pérdidas al país por miles de millones de dólares, el presidente lo ha tolerado, consentido, exonerado y sobre todo, encumbrado. Esto se debe —lo hemos puesto en esta columna varias veces— a que Bartlett fue una pieza clave en el financiamiento de al menos dos de las tres campañas presidenciales de López Obrador.
La iniciativa preferente (que obliga al Congreso a abordar el tema y no mandarlo a la congeladora) le da todo el monopolio y todo el poder a Bartlett. Es bastante fácil de explicar:
1.- Antes, el gobierno estaba obligado a comprar primero la energía más barata, fuera producida por el gobierno o por empresas privadas. El objetivo es que a los usuarios nos llegara el recibo de luz más barato posible. Ahora ya no. Si se aprueba la iniciativa, se comprará primero la energía a CFE, que por cierto, es de las más caras del mercado. Si el gobierno no quiere que nuestros recibos de luz suban de precio (sería electoralmente devastador porque se trata de una promesa central del candidato AMLO), va a tener que destinar mucho dinero a subsidiarlos. ¿De dónde va a sacar el dinero en medio de esta crisis? Está por verse.
2.- La energía que produce la CFE es la más sucia. Por decreto, la iniciativa plantea otorgarle a las plantas de CFE los Certificados de Energía Limpia (CELs). Así nomás. No porque contaminen menos o vayan a mejorar. No. Nomás por decreto. Esto es como hacer trampa en un examen: los CELs se crearon para que México cumpliera con sus compromisos ambientales en el Acuerdo de París. El gobierno mexicano pretende hacer trampa. ¿A poco se van a quedar cruzados de brazos los demás? ¿A poco no hará nada el gobierno del presidente Joe Biden, que tiene como bandera central el combate al cambio climático, y como símbolo el regreso de Estados Unidos al Acuerdo de París?
3.- Si alguna empresa recibió o recibe permiso para generar energía eléctrica (esto sirve para no saturar la red y evitar apagones), el gobierno le puede quitar ese permiso. Si la Suprema Corte no revierte esta violación a la Constitución (no se vale cambiar las reglas y quererlas aplicar en el pasado, para mal), esto cancela cualquier inversión: ¿quién va a querer invertir millones en una planta si cuando ya la hiciste te pueden quitar el permiso de que funcione? Esto, además, viola el TMEC y los acuerdos de protección de inversiones.
De nada sirve decir que con esto el gobierno se da un balazo en el pie. Ha demostrado tener una masoquista afición por hacerlo. Por eso no camina.