La UIF no ha investigado las cuentas de Mario Delgado a pesar del Rey del Huachicol. Tampoco las del gobernador tamaulipeco Américo Villarreal, mucho menos las del ex director de Aduanas, Ricardo Peralta. De hecho, la UIF ha estado pasmada ante los cuatro directores de Aduanas que el propio presidente López Obrador despidió porque impera la corrupción. Tampoco se investiga el dinero del narco en las campañas de Morena en Guerrero, ni a Félix Salgado Macedonio ni a su hija la gobernadora Evelyn, a pesar de que el líder criminal de la zona confesó que les daba recursos.
Olga Sánchez Cordero escondió un departamento en Estados Unidos y no pasó nada. Javier Jiménez Espriú hizo lo mismo. Las casas, terrenos y departamentos de Rocío Nahle no han merecido que le abran un expediente ni le congelen las cuentas. Tampoco por las 23 casas de Bartlett, sus 13 empresas ni los contratos a su hijo. Nada del edificio irregular de Luisa María Alcalde en la cotizada colonia Roma Sur. ¿Y las propiedades de Alfonso Durazo? Nadie se mete a revisar las cuentas de Epigmenio Ibarra a pesar de que no ha pagado los 150 millones que le dieron vía Bancomext, ni hay una investigación contra Jenaro Villamil porque compró unas antenas que no aparecen.
Ignacio Ovalle sigue trabajando en el gobierno a pesar del desfalco de 15 mil millones de pesos en Segalmex. ¿A Ana Guevara ya le hurgaron las cuentas después de tantos desvíos que le imputan deportistas de talla mundial? ¿Por qué no paso nada con el fiscal Gertz después de todas las denuncias de Julio Scherer? ¿Por qué no pasó nada con Scherer después de todas las denuncias de Gertz? Tampoco contra Zaldívar a pesar de las grabaciones. ¿Y las multimillonarias transferencias en dólares del hermano de Santiago Nieto? Nadie ha explicado la riqueza de Adán Augusto ni de Monreal. Ni las empresas fantasma que usó el vocero Jesús Ramírez para desviar dinero en la campaña. Ni los diezmos que cobraba Delfina. El exgobernador obradorista Jaime Bonilla acusa de narco a la gobernadora obradorista Marina del Pilar. Ella lo acusa a él de corrupto. ¿La UIF no va a aparecer? ¿Ni a revisar las cuentas de Cuauhtémoc Blanco, las de Rutilio Escandón con los contratos que otorgó al brazo derecho de su fallecida esposa (¡que era alto mando en el SAT!), los desvíos de Murat que acusa su ahora compañero Salomón Jara o los millones de Del Mazo en Andorra que tanto indignaban en Morena?
El secretario de la Defensa se puede ir de vacaciones familiares con el presupuesto público, nadie lo molesta. Al general Vallejo nadie le pide explicaciones de las empresas fantasma que usaron en la construcción del AIFA.
Y sobra decir: tampoco hay una investigación de la UIF contra ninguno de los hijos de López Obrador. Ni José Ramón, el de la Casa Gris. Ni Andy ni Bobby, los de El Clan que han traficado con influencias en Dos Bocas, el Tren Maya, Pemex y las medicinas. Tampoco contra sus primos Pedro y Osterlen Salazar Beltrán. ¿Por qué no le han congelado las cuentas a Amílcar Olán, su empresario favorito, su prestanombres vuelto millonario este sexenio? Hay grabaciones y contratos de sus corruptelas. Román Meyer y Daniel Asaf están embarrados en los negocios de los amigos de Andy y Bobby, pero no hay problema. Nadie explicó el dinero en efectivo que reciben clandestinamente en video los hermanos del presidente, Pío y Martín. Ellos decían que los sobres le llegarían a Andrés Manuel. Tampoco nada contra el que se los mandó: Manuel Velasco. Ni contra nadie del Partido Verde. Nadie molestó al secretario particular del presidente, Alejandro Esquer, a pesar de que sale en video lavando cash en los bancos. Y claro, seguimos sin saber de qué vivió López Obrador los trece años que no reportó ingresos entre que fue jefe de Gobierno y presidente de México.
En cambio, según lo reportó la periodista Peniley Ramírez en su columna de Reforma, “la UIF abrió una nueva investigación, hasta ahora inédita, contra Carlos Loret, su esposa, Víctor Trujillo y dos empresas de Latinus”.
Gracias a quienes han expresado su solidaridad frente a esta bajeza.