Dicen los que saben hacer dinero que no hay que poner todos los huevos en la misma canasta. Para el crimen organizado Chiapas tiene el atractivo de la diversificación financiera. Al ser frontera, hay tráfico de drogas y también tráfico de personas. Así que también hay secuestros y extorsiones. Al ser baluarte de la naturaleza, tiene venta ilegal de especies, explotación de maderas y hasta explotación de ámbar.
Hasta hace unos años en el estado se vivía una “pax narca”: el cártel de Sinaloa dominaba. Los políticos y los criminales estaban felices porque no estaban en el mapa. Pero esos arreglos son siempre inestables. Siempre salen mal. Chiapas no fue la excepción: el Cártel Jalisco Nueva Generación quiso aprovecharse también de esa jugosa diversificación financiera y arrancó la disputa por la plaza. Comenzó la guerra por territorios y negocios y a río revuelto, todos los grupos criminales entraron a conquistar a balazo las distintas zonas del estado. Hoy se vive una ola de violencia de la que nadie se salva.
Un desfile del cártel de Sinaloa por las calles con vítores de la población, una megamarcha por la paz encabezada por líderes religiosos, desplazamiento forzado de miles de personas por la inseguridad, caravanas de migrantes y acribillamiento de ellos, secuestros masivos de decenas de ciudadanos que súbitamente desaparecen de sus comunidades y hasta la más reciente tragedia: esta semana acribillaron al icónico padre Marcelo, defensor de indígenas y promotor de la paz, quien había advertido de las amenazas en su contra. El Estado no fue capaz de protegerlo fundamentalmente porque no hay Estado.
Las autoridades, tanto locales como federales, existen en el papel, pero no en la realidad. Militares y civiles. Guardias nacionales y policías. Recorren los municipios, pero no enfrentan a nadie. Autoridades presentes, pero ausentes. Simples espectadores que todo dejan en manos de los criminales. No hay gobierno porque no hay mando. Sin autoridad que ponga orden ni marque límites, la población está a expensas de las acciones de los grupos criminales. Es la ley de la selva.
Y cada que se exige a las autoridades que se acabe la ingobernabilidad, el gobernador o la presidenta sacan el manual “obradorista” que les dicta qué hacer en estos casos. El gobernador morenista, Rutilio Escandón, se la ha pasado declarando que en Chiapas no pasa nada, que todo está bajo control. Desde la Presidencia de la República cada que se reportó una tragedia durante la anterior administración, López Obrador declaraba que se iba a atender y que no habría impunidad. No se atendió y sí hubo impunidad. Por eso está cada vez peor. En la actual administración, Claudia Sheinbaum ya está mostrando que trae el mismo manual.
Y mientras la gente sufre. Hoy Tapachula ya es, con datos oficiales, la ciudad donde la gente se siente más insegura en el país.
Mientras las autoridades se ciegan ante las evidencias y los gritos de auxilio de la ciudadanía se topan con la sordera oficial, en este país todos estamos expuestos: tanto los 36 millones que votaron porque este proyecto de gobierno siga, como los 90 millones que no lo hicieron.
