Desde que inició la pandemia, Alejandro Gertz Manero prácticamente no ha ido a la Fiscalía General de la República que encabeza. Preocupado por los efectos de la Covid a sus 81 años de edad, el fiscal se la pasa en bata y pants en su casa. Muchos interlocutores de primer nivel me han contado sorprendidos que así aparece “vestido” en sus reuniones de Zoom o cuando, ya más recientemente, convoca a alguien a su lujosa vivienda. Incluso detallan que en las videoconferencias de pronto se interrumpe la comunicación y una mujer entra a decir que cuidadito vayas a estar grabando porque se trata de un encuentro privado.
En bata, el fiscal Gertz Manero reserva sus energías sólo para un puñado de asuntos: los que le interesan a él y los que le interesan al presidente. Los opera a través de su subprocurador, Juan Ramos, quien es el que pone manos a la obra. Así me lo revelan fuentes del más alto nivel.
¿Qué le importa al fiscal? Sus asuntos: encarcelar a su sobrina política porque piensa que su hermano murió porque le faltó atención médica, encarcelar al rector de la UDLAP —su excompañero de gabinete con Fox, Luis Ernesto Derbez— por su añejo pleito con la familia Jenkins sobre el uso de esa marca universitaria, encarcelar a una treintena de científicos porque la comunidad académica protestó su incorporación al Sistema Nacional de Investigadores con Nivel III y hasta exhibieron sus plagios.
Concentrado el fiscal en sus venganzas personales, la actuación de Gertz Manero ha ido de fracaso en fracaso.
El caso Lozoya no derivó en la aprehensión de nadie relevante: llegó el ex director general de Pemex, le dieron todos los privilegios para que hablara, les dijo todo lo que querían escuchar… y ya. El caso Ancira lo dejó en ridículo: el empresario se fue a Estados Unidos y desde ahí lo mandó a volar.
Gertz, en su calidad de supuesto fiscal autónomo e independiente, ¿ha avanzado alguna investigación sobre el dinero de Pío López Obrador? ¿O del otro hermano del presidente, Martín, también grabado en video recibiendo dinero en efectivo clandestinamente? Nada. Pero sí emprendió una persecución contra Ricardo Anaya y logró lo que el propio Anaya no había conseguido en tres años: volverlo un precandidato presidencial.
En cambio, quiso dejar de tipificar el delito de feminicidio, se desentendió de las tareas de búsqueda de las personas desaparecidas, impulsó una iniciativa de ley que avalaba la tortura y luego la desconoció, contrató software para espiar masivamente ciudadanos y en el pináculo del servilismo, se prestó de comparsa al presidente en su mañanera llevándole un chequesote de 2 mil millones de pesos para avalar su falsa rifa del avión presidencial, cheque que fue rebotado ¡por el propio gobierno!
Con este estilo gerencial —distancia física, relajamiento personal, interés en un puñado de casos privilegiando los intereses personales y políticos— la Fiscalía está en peor estado que cuando era PGR. Es casi un consenso entre vigilantes de la sociedad civil, especialistas en Derecho, abogados que tienen litigios federales y, desde luego, funcionarios del propio gobierno obradorista. Más reinado del dinero, más sometimiento al poder presidencial, más vendettas personales, más impunidad.
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