El gobierno ha tratado de echar a volar el AIFA usando la extorsión. La última: el Ejército está cobrando hasta el 15% de las ventas a locales comerciales instalados en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
En un arrojo de autoritarismo, la Secretaría de la Defensa Nacional se ampara en un contrato abusivo en donde asume las labores del SAT: fiscaliza empresas, interviene contabilidades y audita los ingresos de los comercios para que no rebajen el monto de sus ventas y los militares puedan cobrar ese impuesto extra al que llaman “participación de ingresos”. Ellos lo manejan a su conveniencia: cuota fija o hasta 15% de las ventas. Lo que más les convenga.
Esto me lo denunciaron dueños de locales en el AIFA que prefieren mantener el anonimato por miedo a represalias, pero para corroborar sus dichos me compartieron un documento, cuya copia se adjunta en estas Historias de Reportero. El oficio tiene el escudo nacional y membrete de “Secretaría de la Defensa Nacional. AIFA, S.A. de C.V.” Es el DCS/SSC/GEP/11440, con fecha 28 de diciembre del 2023 (no es broma de los Santos Inocentes), que tiene como “Asunto: Acciones de verificación”. Está dirigido a los prestadores de servicios, arrendatarios de servicios complementarios y comerciales del AIFA.
En el documento, acusa que hay locales comerciales que no están reportando fielmente sus ventas al Ejército:
“… se hace de su conocimiento que la Dirección de Administración de esta Empresa (AIFA) informó a esta Dirección Comercial que: se han detectado diferencias en los ingresos reportados y la facturación correspondiente a las ventas en este aeropuerto por parte de algunos prestadores de servicios y arrendatarios”, señala el documento, y establece dos líneas de acción:
La primera es que personal designado por el AIFA -que administran los soldados- pueda realizar “revisiones y verificaciones de cumplimiento” a los locales. La segunda es “enviar comprobantes de pago, reporte de ingresos y cualquier otra documentación derivada de las obligaciones de ámbito de competencia del área de cobranza” del AIFA.
Me parece un escándalo. ¿Quién le autorizó al Ejército a hacerla de SAT? ¿Se vale que los militares cobren una comisión de las ventas de los comercios en el AIFA? ¿Quién les dio el derecho de hurgar en las finanzas de las empresas privadas?
Luce más bien como una extorsión que busca darle una mejor cara a las finanzas del AIFA, un aeropuerto fracasado. Como casi no hay vuelos ni pasajeros, de algún lado tiene que salir el dinero para que los números no se vean tan rojos. Porque el que no pague esta cuota enfrenta consecuencias… con los militares. Ni más ni menos.
No es nuevo que el gobierno extorsione a la iniciativa privada para apuntalar sus proyectos. En el caso del AIFA, la primera extorsión la hizo el presidente López Obrador contra las aerolíneas, cerrándoles espacios en el aeropuerto Benito Juárez para que a fuerza tuvieran que irse al AIFA. La segunda extorsión la hicieron los propios militares: hablaron con locatarios del AICM para decirles que si no abrían sucursales en el AIFA iban a perder sus locales en el AICM, que es donde está el negocio porque ahí sí hay vuelos y pasajeros.
Extorsionando. Sólo así. Y ni así.
