Después de mantener en la congeladora durante todo el sexenio los nombramientos de magistrados por supuesta austeridad, en plena temporada de sucesión presidencial el presidente López Obrador decidió retacar el Tribunal Federal de Justicia Administrativa con 60 nuevos nombramientos, de los cuales aproximadamente 40 son perfiles identificados con Morena, personas sin experiencia y funcionarios con claro conflicto de interés que saltarán de ser parte a ser juez.
De los nombrados, al menos 20 están vinculados con Adán Augusto López, aspirante presidencial y hasta hace unos días secretario de Gobernación. El grupo Tabasco se despachó con la cuchara grande. Están propuestos Arturo Torres Martínez, titular de la Unidad de servicios operativo y logísticos en el gobierno de Tabasco; José Alberto Guerrero Amador, director jurídico de la Secretaría de Salud tabasqueña; Maday Merino Damián, expresidenta del instituto electoral de Tabasco, a quien Adán Augusto recicló tras haberla impulsado y no lograr que fuera consejera del INE; otro reciclado del mismo proceso del INE es Netzaí Sandoval, hermano de la exsecretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval; Margarita Concepción Espinoza Armengol, presidenta del Tribunal Electoral de Tabasco; Aarón Marino Álvarez Montiel, gerente regional en Gobernación; Gabriela Evia Munguía, coordinadora de planeación en Gobernación y ex asesora de Morena en la Cámara de Diputados.
Hay perfiles totalmente políticos, como Susana Mercado Alvarado, coordinadora de Comunicación Política de Morena, y Martha Teresa Castañeda Becerra, coordinadora de Construcción de Paz de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Los que pasarían de ser parte a juez, pues tienen litigios y resolverían como magistrados, son varios funcionarios de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) y de la Consejería Jurídica, una criticada práctica en sexenios pasados que se repite en el gobierno del presidente que dice que no es como los de antes. De la PFF figuran el director general de Proyectos, Eduardo Galindo Flores; el director general de Asuntos Contenciosos y de Procedimiento, Juan Carlos Pinzón Guerra; la directora general en la Subprocuraduría de Legislación, Ely Cruz Pérez; el coordinador de Evaluación en la Subprocuraduría, Lawrence Salome Flores Ayvar; el director general de amparos contra leyes en la Subprocuraduría, Manuel Eduardo Mendoza Jiménez.
Otros provienen de la Consejería Jurídica, y se consideran cercanos al exconsejero Julio Scherer y a su sucesora María Estela Ríos. Entre ellos, destacan Diana Tecontero Juárez, consejera adjunta; Edgar Armando Aguirre González, director general de Defensa Jurídica Federal; y Eduardo Manuel Méndez Sánchez, director general de Legislación.
No son los únicos potenciales conflictos de interés. Están también Eduardo Manuel Méndez Sánchez, quien fue asesor del jurídico de Sedatu y ahora podría resolver los temas relacionados a expropiaciones y despojos. O Irving Pedro Chegüe Luna, titular del departamento de Recursos Materiales del ISSSTE, quien podría definir las demandas por falta de medicamentos. Maricela Lecuona González, abogada de la Secretaría de Salud. Y tanto Magaly Irais Mendoza Ríos que se encargaba de las auditorías en Pemex como María Dalia Cajero Jacinto que fue directora de amparos en Sedatu.
Los nombramientos, propuestos por el gobierno federal al Senado a través de un documento al que tuve acceso, garantiza a los seleccionados 10 años de trabajo con posibilidad de ser ratificados por otro periodo.
A estos sí les urge nombrarlos. No como a los del Inai. De ese tamaño el descaro.
