El presidente López Obrador lleva varias semanas quejándose de que a su hombre en Guerrero, Félix Salgado Macedonio, el INE le quitó la candidatura por no haber reportado 19,000 pesos de gastos de precampaña. Una cantidad ridícula para un castigo enorme, concluye.
Paralelamente, el presidente siguió exactamente la misma partitura: quitarle la gubernatura de Tamaulipas al panista Francisco García Cabeza de Vaca, por no haber pagado impuestos en la compra de un departamento en la Ciudad de México.
Con ese criterio, si una candidatura se cae por 19,000 pesos, una gubernatura se pierde por 6 millones.
Es claro que en ambos casos se trata ante todo de una sanción política:
A Salgado Macedonio lo han acusado de abusos y acosos sexuales, violaciones de mujeres, y presuntos nexos con el crimen organizado. Pero por nada de esto le quitaron la candidatura: le quitaron la candidatura por no reportar 19,000 pesos en sus gastos de precampaña.
A García Cabeza de Vaca lo han acusado de corrupción, de tener casas, ranchos, empresas, restaurantes, galerías de arte, y también presuntos nexos con el crimen organizado. Pero por nada de esto ordenó el Congreso federal quitarle la gubernatura: lo desaforaron por no pagarle al fisco 6 millones (defraudación fiscal equiparada).
El historial de un presidente que mide con dos varas distintas es cada vez más abultado: una de sus primeras víctimas fue el entonces presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), a quien acusó de conflicto de interés porque la CRE otorgó un permiso energético a un primo en cuarto grado. Aun cuando la ley marca que los conflictos de interés terminan en los parientes de segundo grado, Guillermo García Alcocer renunció y lo inhabilitaron diez años. En cambio, los flagrantes conflictos de interés en su gabinete han pasado sin castigo. El caso de Manuel Bartlett es el más emblemático: su pareja tiene una empresa dedicada a la energía y su hijo es uno de los contratistas consentidos del gobierno. Tampoco importó que el IMSS otorgara contratos al hermano de su director general, Zoé Robledo. Ni los conflictos de interés de Carlos Lomelí, que resucitó como candidato de Morena a la alcaldía de Guadalajara. Por no hablar del manto protector del que gozan Pío López Obrador y la emblemática prima Felipa.
La práctica se extiende: el presidente canceló los fideicomisos sin probar que había corrupción en la inmensa mayoría de ellos, por un puñado de estancias infantiles irregulares se cargó a todas, cerró un aeropuerto premiado internacionalmente bajo el señalamiento de corrupción sin que jamás lo haya probado (incluso siendo desmentido por su propio gabinete), y así, sistemáticamente, hay muchos ejemplos.
Pero no aguantó una cucharada de su propio chocolate.
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