A tres décadas del TLCAN 1.0, México, Canadá y Estados Unidos enfrentan una asignatura pendiente: el cumplimiento de los derechos laborales para todos los trabajadores en los tres países.
Los ‘tres amigos’ de América del Norte pueden jactarse de que han avanzado de manera significativa a partir de la liberalización comercial, la flexibilización de los flujos de capital y la canalización de inversiones extranjeras, hasta las plataformas de producción compartida.
Sin embargo, el avance en derechos laborales es, de lejos, insuficiente. En 1994 se incluyó en el TLCAN 1.0 un acuerdo paralelo en materia laboral, pero no formaba parte del cuerpo del tratado, y por ello no era vinculante para los gobiernos. México le apostó durante décadas a los bajos salarios para contar con una ventaja comparativa, en un marco de debilidad de los sindicatos. El gobierno era juez y parte: afirmaba que cumplía sus propias leyes y derechos laborales -que en buena medida eran letra muerta- sin que hubiese sanciones comerciales por su incumplimiento.
Hay que recordar que hasta 1994 el régimen político mexicano se caracterizaba por un partido de Estado ‘prácticamente único’, con un hiperpresidencialismo que subordinaba a los poderes legislativo y judicial. México inició la liberalización comercial en 1986 con el ingreso al GATT, y sólo en 1990 con la formación del Instituto Federal Electoral IFE no controlado por el gobierno, avanzó la esperanza de tener elecciones libres.
En los pasillos del Capitolio
En 1992-93, cuando se llevó a cabo la negociación del TLCAN 1.0, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, un grupo de mexicanos que denunciamos el fraude electoral de 1988, que lo llevó a la presidencia, manteníamos también una posición crítica respecto de las políticas de ajuste estructural neoliberales. Formamos mecanismos de coordinación como la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC), y nos coordinamos también con especialistas en todos los temas del TLCAN. Articulamos entonces alianzas con grupos afines en Estados Unidos y en Canadá, de cara a las posiciones de los gobiernos en Washington, Ottawa y la Ciudad de México.
El foco estaba en el comercio, y particularmente en la exportación. Los activistas ciudadanos -entre los que estábamos académicos, sindicalistas, ambientalistas, pequeños y medianos empresarios, miembros de distintas iglesias, representantes de pueblos indios, entre otros- fuimos recibidos con una pregunta muy reveladora en la primera sesión que sostuvimos con altos funcionarios de la entonces Secretaría de Comercio: ¿y ustedes qué exportan? Como si nuestra capacidad de ser interlocutores dependiera de nuestra participación en el comercio exterior. Uno de nuestros colegas respondió ágilmente: ‘un chingo de mexicanos’.
Me tocó constatar que el TLCAN iba más allá del comercio para constituir una alianza de los grandes capitales que buscaba establecer el trato nacional a la inversión extranjera y facilitar el flujo de capitales, incluida la repatriación de utilidades obtenidas por las corporaciones transnacionales. Bajo el gobierno del presidente Bill Clinton, el sector hegemónico del partido demócrata se movió de ser el partido de la clase trabajadora, a congraciarse con lo que se llama ‘el Estados Unidos corporativo’, cuyo centro de poder neurálgico y sede de los grandes intereses es Wall Street.
Tampoco es que prevaleciera la pureza ideológica del librecambismo. De hecho, algunos de los votos para que el TLCAN fuese aprobado en la Cámara de Representantes en Washington se consiguieron mediante medidas proteccionistas, como las otorgadas a los productores de tomate del estado de Florida, cuyo producto era inferior en calidad al tomate del estado de Sinaloa. Como suele ocurrir en la realpolitik, los votos se compraron y se vendieron en el mercado político-electoral a cambio de obras y de prebendas en los distritos de los congresistas reticentes a dar su voto para la aprobación del acuerdo.
Los activistas ciudadanos nos entrevistamos con funcionarios del gobierno del presidente Bill Clinton, y con legisladores clave en la Cámara de Representantes y en el Senado estadounidenses, así como con parlamentarios clave en Ottawa. En México el gobierno salinista puso todos los huevos en la canasta en Washington, porque estaba claro que allí se tomaría la decisión final. No existía en México un régimen democrático, ni un gobierno respetuoso de la división de poderes. Los legisladores eran vistos como accesorios al poder ejecutivo; a los diputados y senadores de su propio partido, el PRI, el gobierno de México ni siquiera les compartía los textos que estaban obligados a aprobar sin lectura alguna. Jorge G. Castañeda, Adolfo Aguilar Zinser y quien esto escribe les compartimos en 1993 a los legisladores mexicanos el llamado ‘Borrador de Dallas’ donde se perfilaban ya las líneas definitorias del pacto trinacional.
Y ahora ¿quién podrá defender a los trabajadores mexicanos?
Sin embargo, tras la salida del PRI de Los Pinos en el año 2000, incluso los doce años de gobiernos panistas dejaron incólume el corporativismo o ‘charrismo’ sindical, precisamente porque lo necesitaban para instrumentar las políticas neoliberales conocidas como el Consenso de Washington que eran la columna vertebral de los acuerdos de libre comercio.
En 2018 el presidente Trump anunció que revisaría el TLCAN, al que llamaba ‘el peor tratado comercial de la historia’ y ello tuvo como resultado el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, T-MEC, cuyo nombre ya no incluye la expresión ‘libre comercio’. Hacia afuera, su gobierno hirió casi de muerte a la Organización Mundial del Comercio, indicando que rechazaba las negociaciones multilaterales y sólo participaría en las bilaterales o de su propia región. Hacia adentro, Trump hizo concesiones a los demócratas para contar con los votos del sector sindical vinculado a la congresista Nancy Pelosi. De esta manera, Canadá y México -altamente dependientes de la economía estadounidense, pues envían más del 75 por ciento de sus exportaciones a su vecino- acabaron por aceptar las decisiones unilaterales de Washington.
Se produjo una paradoja a partir de entonces. A diferencia del TLCAN, la negociación del T-MEC sí implicó una reforma laboral en México, hecho que coincidió con la voluntad del recién llegado gobierno de AMLO para aumentar de manera consistente los salarios mínimos. El T-MEC tiene las disposiciones laborales más fuertes y de mayor alcance de cualquier tratado comercial, sostienen los tres gobiernos signatarios.[i] El nuevo pacto sí tiene ‘dientes’ para reivindicar los derechos laborales: el capítulo 23, que se enfoca en disputas laborales entre gobiernos, y un mecanismo de respuesta rápida, en el marco del capítulo 31 sobre solución de controversias, que incluye inspecciones para verificar in situ el cumplimiento de libertad de asociación y de negociación colectiva, cuyo incumplimiento puede conducir a sanciones comerciales. Los más entusiastas defensores de los derechos laborales de los trabajadores mexicanos en México han sido…el gobierno y los sindicatos de EEUU.
El congreso estadounidense destinó 180 millones de dólares para la instrumentación de la reforma laboral en México, que ha incluido una amplia gama de medidas como el aumento al salario mínimo por encima de la inflación, reformas legales, cambios en la seguridad social para empleados domésticos, cambios en el teletrabajo, eliminación del ‘outsourcing’ en el gobierno, reforma de pensiones, aumento de días de vacaciones pagadas, y otras aún pendientes de aprobación legislativa como la jornada de trabajo de 40 horas, y 30 días de aguinaldo en vez de 15. Asimismo, la igualdad laboral e igualdad salarial sin discriminación de género.[ii]
Entre mayo 2021 y diciembre 2023, el gobierno del presidente Biden ha promovido 19 casos por denegación de derechos laborales en nuestro país[iii], acusando a los empleadores de no respetar la voluntad de los trabajadores, a través del mecanismo de respuesta rápida. Con todo, aun cuando estos resultados han sido positivos gracias a las presiones y los mecanismos internacionales, los objetivos de la reforma laboral están lejos de cumplirse. Las mafias sindicales, la omisión gubernamental y la arbitrariedad patronal, así como la existencia de sindicatos ‘fantasma’ y de ‘contratos de protección patronal’ desconocidos por los trabajadores no desaparecerán de la noche a la mañana. Los avances en el papel en material laboral están aún muy lejos de materializarse y consolidarse en la realidad.[iv]
Algunos de los activistas opositores al TLCAN en los tempranos 1990s ingresaron más tarde a sus respectivos gobiernos, con los gobiernos liberales en Canadá, los de Obama y Biden en EEUU, y el de López Obrador en México. Sin embargo, más allá de los discursos, el gobierno de AMLO nunca tuvo entre sus prioridades reales la defensa de los derechos de los trabajadores migratorios mexicanos. A lo largo de su mandato, hizo cinco visitas a EEUU entre 2018 y 2023, y en ninguna de ellas se encontró personalmente con migrantes mexicanos. Ni siquiera los invitó a reunirse con él en México. Aunque el mecanismo mencionado permite la reciprocidad, no se conocen casos que el gobierno de México haya promovido públicamente bajo este marco para defender los derechos de los migrantes (con o sin papeles) mexicanos en EEUU.
Aumenta de nuevo el éxodo mexicano
La promesa del TLCAN era que se reduciría la migración mexicana hacia el norte, porque la inversión extranjera generaría suficientes empleos en casa. En 2010 se difundió la idea de que el flujo migratorio indocumentado mexicano a Estados Unidos había concluido su ciclo. Funcionarios del peñanietismo aseguraron que el muro prometido por Trump desde su precampaña en 2015 tenía como destinatarios a los migrantes centroamericanos. Asimismo, tras el advenimiento del gobierno obradorista en 2018, se aseguró en todos los tonos que sus programas sociales disminuirían la migración hacia el norte, especialmente en el caso de ‘Sembrando Vida’. No ha sido el caso. El nuevo ciclo del éxodo mexicano indocumentado -acicateado por la violencia sistémica en amplias franjas de control territorial del crimen organizado, y por la ausencia de fondos de alivio a las familias y apoyo a las empresas durante la pandemia Covid- hizo que nuestro país retomara el primer lugar en el poco honroso sitial del número de ‘encuentros’ con la patrulla fronteriza estadounidense: 717,000 en el año fiscal del 1 de octubre 2022 al 30 de septiembre 2023, cifra superior a los 700,000 de la suma de los tres países siguientes: Venezuela, Guatemala y Honduras.[v]
En el ámbito de la migración laboral (con papeles), EEUU emite visas para trabajadores temporales no estadounidenses; las H2A para trabajadores agropecuarias estacionales, y las H2B para trabajadores no especializados, en áreas de actividad donde hay escasez de trabajadores estadounidenses. En el año fiscal 2023 emitieron 360,656 visas para mexicanos en ambas categorías.[vi] Para poner esta cifra en perspectiva, hay más de 5 millones de trabajadores indocumentados nacidos en México, laborando en Estados Unidos. Muchos de ellos son considerados ‘trabajadores esenciales’, cuya labor tiene que ser presencial, y que son prácticamente insustituibles, en la agricultura, la construcción, el procesamiento de alimentos, y el cuidado de la salud, sin que por ello se les otorgue protección y estabilidad laboral, en el caso de los trabajadores indocumentados mexicanos.
Otra paradoja: en un periodo en que los tres países atraviesan por escasez de trabajadores (9 millones de puestos de trabajo vacantes en EEUU; al menos 1 millón en México, y medio millón en Canadá), prevalece la política de seguridad nacional estadounidense: la contención migratoria militarizada en las fronteras por encima de los requerimientos del mercado laboral.
La movilidad laboral, eternamente postergada
El Informe ‘Una frontera común, un futuro común’ – una propuesta para la regulación de la movilidad laboral entre EEUU y México’ [vii], publicado en septiembre de 2016, plantea una movilidad laboral regulada, acotada, reglamentada, por la cual los trabajadores conservan su residencia permanente en su país de origen. No es migración, es movilidad laboral circular, de ida y vuelta. Una mala jugada del destino hizo que Donald Trump fuera electo presidente apenas un mes y medio después de publicado, lo que probablemente lo condenó al archivo.
La movilidad laboral es sin duda alguna un elemento indispensable de la muy anhelada, pero cada vez más distante, convergencia salarial en América del Norte. Parece ingenuo e inocente proponer algo así en la actual polarización política, y, sin embargo, es imperativo hacerlo. Algún día esta propuesta verá su hora. Mientras tanto, más que convergencia de salarios e ingresos, en los tres países la tendencia dominante ha sido hacia la polarización.
¿Por qué el desdén por los derechos laborales de los trabajadores migratorios? El propio presidente Biden habla del ‘pecado original’ de la sociedad estadounidense, cuando evoca cómo su economía fue fundada sobre el trabajo esclavo de los afroamericanos y se benefició de este de manera gratuita durante 250 años. Hoy los trabajadores migrantes mexicanos ocupan el sótano de la sociedad estadounidense.
Al cierre de 2023, la economía de EEUU mostraba indicadores de una generación de riqueza impresionante, como el hecho de que el índice Standard and Poor 500 mostraba un retorno anual de 26 por ciento, más del doble que el promedio de 12 por ciento registrado desde 1986. En años recientes más de la mitad de los estados de la Unión han aumentado el salario mínimo de manera significativa, y el bajo desempleo ha permitido un alza sostenida en las remuneraciones a los trabajadores en el sector formal; incluso el propio presidente Biden ha expresado presencialmente su solidaridad con los trabajadores y sus reivindicaciones laborales.
En contraste, los trabajadores migratorios mexicanos indocumentados son tratados deliberadamente como una infraclase, sin derechos ni medios para defenderse, ni en su reclutamiento, ni en el lugar de trabajo, ni en el acceso a la justicia. El sistema político estadounidense ha optado por mantener como ‘ejército laboral de reserva’ a millones de trabajadores indocumentados desprotegidos. La Ley Nacional de Relaciones Laborales (NLRA[viii] por sus siglas en inglés) tutela sus derechos a organizar y elegir a un sindicato y a participar en la negociación colectiva con los empleadores, aunque muy pocos migrantes lo saben y aun menos utilizan este recurso.
El enfoque mediático sobre la seguridad en la frontera con México ejemplifica esta terrible hipocresía: para aprobar fondos a Ucrania en el combate a la invasión rusa, los congresistas republicanos seguidores de Trump ponen como condición el refuerzo del control y la seguridad, definida como una situación en la cual ‘ninguna persona y ningún producto entra al país de manera inapropiada’.[ix]
El presidente Biden ha solicitado fondos para contratar a un mayor número de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés), incrementar el número de tribunales y jueces de inmigración, y ampliar las vías legales de ingreso de trabajadores, como los programas de asilo, y las aplicaciones de solicitud vía electrónica. Incluso, contra su voluntad y promesas previas, ha accedido a tomar propiedad privada para construir segmentos adicionales del muro fronterizo.
Sin embargo, los republicanos MAGA (Make America Great Again) se rehúsan a legislar para otorgar los fondos, pero exigen que Biden cumpla objetivos que no han sido alcanzados por ningún titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) bajo presidentes republicanos o demócratas, sencillamente porque -como la definición de seguridad fronteriza ya descrita- son imposibles de cumplir.
Una gran indignidad
A la pregunta ¿por qué no podemos acabar con la migración no autorizada?, sobreviene una respuesta: ‘porque funciona’. Sigue siendo un enorme subsidio a la economía estadounidense. Es la consecuencia natural del choque entre su adicción por el trabajo barato y un sistema jurídico que abre y cierra la puerta de manera selectiva y discrecional.[x]
La parafernalia de la polarización política se aleja cada vez más de la original idea de una América del Norte integrada por naciones democráticas, con economías de mercado regulado por el Estado y con una clase media en expansión, respetuosas de la libertad y de los derechos humanos. Hoy Estados Unidos, la democracia más próspera de esta región y del mundo entero, se asoma al abismo del autoritarismo, mientras que en México el gobierno de AMLO se propone restaurar el hiperpresidencialismo, socavando a las instituciones electorales y tratando de subordinar a los poderes legislativo y judicial.
Por cierto, ni las autoridades mexicanas ni la opinión pública han dimensionado lo que esta postura de los republicanos MAGA significa para México en el camino hacia la elección presidencial en EEUU el 5 de noviembre, sobre todo si se confirman las tendencias de que Donald Trump puede alcanzar su reelección el 5 de noviembre de 2024, porque los juicios en que puede ser encontrado culpable no culminarán antes de esa fecha, con lo cual él podría ser electo presidente y perdonarse a sí mismo. Trump ha prometido cierres de fronteras, deportaciones masivas de indocumentados y una presión sostenida sobre México, considerado una vez más como ‘piñata’ electoral y chivo expiatorio, más que como socio comercial y aliado estratégico.
Es una gran hipocresía de los gobiernos de Estados Unidos y de México permitir que se mantenga a una legión de trabajadores mexicanos en una situación de sometimiento, sin condiciones para defender sus elementales derechos laborales. La exportación del bono demográfico mexicano (y centroamericano) a Estados Unidos ha permitido a este país impulsar el crecimiento económico, rejuvenecer su fuerza de trabajo y pagar las pensiones de millones de personas en una sociedad que envejece rápidamente.
A treinta años del primer TLCAN, volvemos al principio: la ausencia de derechos laborales efectivos para los trabajadores migratorios mexicanos en Estados Unidos es una gran indignidad para América del Norte, cuyos gobiernos gustan de llamarle ‘la región más competitiva del mundo’.
*Profesor asociado en el CIDE.
@Carlos_Tampico
