El Estado mexicano tiene como primera obligación proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas; y entre estos el más elevado es el derecho de los ciudadanos a la vida y a su integridad física.
A mediados de marzo de 2021, el general Glen D. VanHerck, jefe del Comando Norte de Estados Unidos, estimó que aproximadamente 30 a 35 por ciento del territorio mexicano estaba controlado por grupos del crimen organizado trasnacional.
Dos años y medio después, la situación se ha vuelto mucho más complicada.
Lo curioso es que la Guardia Nacional ya está desplegada en todo el territorio nacional para cumplir tareas de seguridad pública, por lo cual deberíamos sentirnos más protegidos, pero la evidencia en contrario se multiplica. Trabajadores del transporte, pequeños y medianos productores de limón y aguacate, expendedores de pollos en los mercados, se ven sometidos al terror del crimen organizado que exprime su economía.
Transitar por las carreteras aledañas a la Ciudad de México es un hecho de alto riesgo. Las empresas alertan a sus ejecutivos sobre los peligros de secuestro exprés a automovilistas, montachoques, asaltos masivos durante embotellamientos, falsos vehículos haciéndose pasar por policías para asaltar.
Más botas en el terreno no se han traducido en mayor seguridad para los ciudadanos. La inseguridad aumenta y se coloca como el principal problema del país.
En otro delito de alto impacto, la desaparición forzada de personas, que tiene en su raíz al crimen organizado, a fin de marzo de 2023 el registro de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Segob dejó claro que el número de personas desaparecidas en el actual sexenio, 41 mil 673, era significativamente mayor que los 17 mil 189 registrados en el sexenio de Felipe Calderón, o los 35 mil 156 contabilizados en el mandato de Peña Nieto.
En mayo se emitió la instrucción desde Presidencia: que los ‘Servidores de la Nación’ hicieran un nuevo censo. Si no pueden contener al crimen organizado, ‘rasuran’ la cifra a la baja y presentan un descenso ficticio en tiempos electorales. La titular de la Comisión mencionada expresó su negativa a dicho método de ‘depuración’ del padrón, lo que llevó a su renuncia al cargo.
En junio de 2023, de acuerdo con el INEGI, 62.3 por ciento de la población de 18 años y más, residente en 75 ciudades de interés, consideró que es inseguro vivir en su ciudad.
Para averiguar por qué el actual gobierno ha perdido el control del territorio frente al crimen organizado, pueden empezar por la propia casa. En 23 de las 32 entidades federativas los gobernadores provienen de Morena y aliados. Tendrían que responder a tres preguntas. En cuántas de esas entidades federativas se puede meter la mano al fuego por tres personas: ¿gobernador(a), secretario(a) de seguridad pública y fiscal? ¿Ninguno de los que contendieron para cargos de elección recibió dinero ‘caliente’ para su campaña electoral? ¿Ninguno ha usado el cargo para negocios personales? ¿Ninguno mantiene vínculos con el crimen?
¿Por qué no investigan? Porque encontrarían a los culpables.
Mala noticia cuando la violencia toma carta de naturalización. Peor cuando se trata de maquillar las cifras de la crisis de inseguridad, en vez de reconocer que la estrategia naufragó y que es necesario cambiarla.