El Compromiso por la Paz impulsado desde iglesias y otros actores de sociedad civil ha permeado el debate en las campañas electorales. La violencia criminal y la fallida estrategia de seguridad del gobierno han producido un diagnóstico sumamente crítico desde la sociedad mexicana.
El gobierno y su candidata han desestimado el ejercicio arguyendo que la iglesia ‘no puede meterse en política’ –porque pone el dedo en la llaga: ‘un sistema de seguridad fragmentado incapaz de responder a las economías criminales que hoy controlan muchos territorios del país’.
Los obispos convocaron al diálogo nacional por la paz. Sin embargo, el diagnóstico y las propuestas se originaron en más de 20 mil personas de 1,600 instituciones, en las 32 entidades federativas. Una tras otra, en más de mil reuniones a través del país se escuchó el clamor que denuncia la violencia cotidiana, pide la “retirada paulatina de los militares”, y exige la atención a la “crisis de derechos humanos”.
¿Qué hacer? Desarrollar políticas de cuidados; fortalecer policías municipales; renovar el sistema de procuración e impartición de justicia; emprender una reforma a fondo del sistema penitenciario para que el Estado retome el control de las prisiones; promover una estrategia con presupuesto asignado que fortalezca la seguridad de los adolescentes; e impulsar una gobernanza democrática.
El Presidente se instala en la negación y crea una realidad alterna.
En el país de la mañanera, ‘la percepción de violencia es producto de campañas mediáticas’. A final de febrero, en medio de homicidios violentos en Acapulco, Celaya, Cuernavaca, Fresnillo, Maravatío, Mich. y San Fernando, Chiapas, el presidente afirmó: ‘No hay realmente cosas graves’.
La ruta de la violencia continuó imparable en la primera quincena de marzo.
Hemos escuchado decir a menudo que, para sentirse en su elemento, AMLO necesita el conflicto, identificar buenos y malos, y señalar culpables.
¿De verdad está en el interés del presidente resolver el problema de la inseguridad pública? ¿O más bien aprovecha la crisis para convalidar y ratificar su ruta hacia la militarización de la seguridad pública, y hacia la erosión de los controles democráticos sobre el Presidente y sobre las fuerzas armadas?
Los candidatos opositores dieron luz verde al Compromiso por la Paz.
En un escenario que no controla, la candidata del gobierno exclamó que no puede aceptar un diagnóstico que apunta a homicidios, desapariciones y extorsiones, una realidad objetiva y comprobable.
Con empatía hacia ella, es necesario reconocer que atraviesa por una situación nada envidiable.
Debe mostrarse totalmente afín a AMLO, quien la puso donde está, y que repite un día sí y otro también: ‘no hay más ruta que la mía’. ¿Puede la candidata dialogar creíblemente en estas condiciones?
No está de acuerdo con las referencias a una ‘supuesta militarización o militarismo en el país’. Ella puede estar en desacuerdo, pero ¿cómo explicar que el inventario nacional de lo militarizado aumenta cada día, que el presupuesto manejado por los militares se ha incrementado exponencialmente, a pesar de que más botas en el terreno no se traduzcan en mayor seguridad?
Como lo señala el portavoz del Episcopado mexicano, se necesita reconocer una realidad para poder cambiarla (https://rb.gy/fql1yx). Pues eso.
