El presidente AMLO prometió ‘separar al poder económico del poder político’, pero nunca se propuso realmente hacerlo.
Desde su inicio, el presidente fomentó la promiscuidad política con magnates que requieren de permisos, contratos, y concesiones del gobierno. Un ‘buen empresario’ es quien lo apoya a él y su proyecto político, mientras que aquellos que lo cuestionan resultan parte de la oligarquía y de los ‘conservadores’.
Hoy México es más desigual que cuando empezó su sexenio. El estudio de Oxfam México ‘El monopolio de la desigualdad’ https://www.oxfammexico.org/wp-content/uploads/2024/01/El-monopolio-de-la-desigualdad-Davos-2024-Briefing-Paper.pdf indaga cómo décadas atrás las privatizaciones y concesiones (Televisa, TV Azteca, ferrocarriles, banca) representaron una transferencia masiva de riqueza de lo público a un puñado de personas y familias.
Dice Oxfam: ‘Los ultrarricos en México lo son, sobre todo, por décadas de gobiernos que han renunciado a regular su acumulación de poder e influencia. La fortuna de los 14 ultrarricos mexicanos, aquellos con más de mil millones de dólares de riqueza, casi se duplicó desde el inicio de la pandemia. En México, hablar de riqueza es hablar de poder’, y esa tendencia de largo plazo no se modificó en el sexenio actual.
En 2022 México ocupó el último lugar en recaudación tributaria (16.9% del PIB) entre las 38 economías de la OCDE (34.0% en promedio). A contrapelo de los gobiernos que se dicen progresistas, AMLO decidió NO emprender una reforma fiscal, y con ello el erario federal dejó de recaudar muchísimo dinero por concepto de tasas diferenciadas, exenciones, subsidios y créditos fiscales, condonaciones, estímulos fiscales, deducciones autorizadas, y regímenes especiales, que son resultado de las presiones políticas del poder económico.
Otro instrumento de gran valor es la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) que, con las facultades que tiene, ha evitado que los consumidores paguen sobreprecios, ha sancionado colusiones y abusos de poder en mercados de alimentos, transporte aéreo y terrestre de pasajeros, medicamentos y servicios de salud, productos químicos, construcción, servicios deportivos, intermediación crediticia y financiera, y combustibles, entre otros.
El presidente ha anunciado que en su paquete de reformas constitucionales del 5 de febrero está la desaparición de la Cofece. Vaya paradoja: lejos de combatir prácticas anticompetitivas, el presidente opta por dejarles el terreno libre.
Una vez más, dice que el propósito es ahorrar presupuesto. Nada que ver. Desde el primero de diciembre de 2018, Cofece ha devuelto diariamente a la sociedad 7.5 millones de pesos en promedio. Durante 2023 el presupuesto aprobado fue de 656 millones 419 mil 601 pesos; esto quiere decir que pagó su propio costo en tan sólo 87 días.
‘En nuestro juego de la pirinola no todos ponen, pero unos cuantos toman todo’, subraya Carlos Brown, de Oxfam.
¿Tiene el Estado mexicano instrumentos para romper la relación de conveniencia entre el poder económico y el político? Por supuesto que sí. Necesitamos nuevas reglas del juego que fortalezcan el rol del Estado mexicano para echar atrás y regular los monopolios, poner impuestos a grandes corporaciones y fortunas personales y reconocer y promover nuevas estructuras empresariales y de propiedad. Ingente tarea para quien llegue a Palacio Nacional.