El Plan del presidente Joe Biden para fortalecer la seguridad y prosperidad en Centroamérica habla desde el título mismo de ‘colaboración con los pueblos de la región (https://bit.ly/3rlSfVT).
Su estrategia integral de cuatro años y $4 mil millones de dólares prevé movilizar la inversión privada en la región, mejorar la seguridad y el estado de derecho, y abordar la corrupción endémica. Es regional porque incluye a México, Canadá y otros socios de Centro y Sudamérica.
Todo esto ya lo hemos escuchado antes. ¿Qué es lo nuevo?
Que el plan Biden se propone abordar de manera integral los factores fundamentales que impulsan a los migrantes a abandonar sus países, y que plantea invertir en organizaciones de la sociedad civil y reconocer el papel de las mujeres como fuerza poderosa para el desarrollo.
No hay que ir lejos para averiguar las causas de raíz del éxodo:
1) El agotamiento de una economía que sirve a un puñado de personas, depreda territorios, agudiza el deterioro ambiental y excluye a la mayoría —el mejor negocio en Centroamérica es exportar pobres;
2) Una crisis de gobernabilidad, donde el Estado ha sido secuestrado por poderes fácticos incluido el crimen organizado;
3) La ausencia de esperanza en que las cosas puedan mejorar.
El arrollador triunfo del partido del presidente salvadoreño Nayib Bukele en las recientes elecciones legislativas no cambia mucho: su programa es su persona.
Quienes encabezan los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras aparecen como parte del problema, no de la solución. Sin embargo, no se trata de ‘saltarse’ al Estado nacional. Los gobiernos —buenos, malos o pésimos— son imprescindibles, pero no lo son todo. En la sociedad hay un número importante de movimientos sociales, pequeños productores, organizaciones de la sociedad civil, la academia, las iglesias, las fundaciones del sector privado, que tienen experiencia en proyectos de desarrollo de base.
El equipo de Biden para trabajar con la región está liderado por Kamala Harris —al designar a su vicepresidenta, confirma que es una alta prioridad. Incluye a funcionarios experimentados de primera línea como la embajadora Roberta Jacobson, el consejero de seguridad nacional para el hemisferio, Juan González, y el enviado especial, Ricardo Zúñiga, quienes de visita en México el martes 23 de marzo, mandaron un mensaje a los migrantes: no vengan a EU, la frontera está cerrada.
En cuanto al desarrollo local, quizá sea ingenuo pedir un cambio en el modelo de acumulación, pero con la triple crisis económica, sanitaria y de violencia no puede pensarse en un ‘regreso a la normalidad’ porque ésta es insostenible.
El mensaje central es: sí hay interlocutores creíbles y confiables en Centroamérica. No pueden, no deben sustituir o suplantar al Estado, pero tampoco pueden ser dejados de lado.
En el gobierno de Trump, EU y México se coordinaron para instrumentar el paradigma punitivo de la migración. ¿Pueden ahora cooperar para enfocar recursos en el desarrollo de la región? ¿Podemos pensar en apoyar la educación, la salud, el acceso sostenible a agua limpia, la creación de espacios libres de violencia para las mujeres?
Ahí está la tarea: transitar hacia la seguridad humana, que pone en el centro la protección y el empoderamiento de las personas.
