Ya salió el peine: la culpa de los problemas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la tiene la ministra presidenta Norma Piña. Ingenuos e ignorantes quienes no lo veíamos así.
Así lo dijo la (presunta) ministra Esquivel, la plagiaria que propone botar a la titular del máximo tribunal y votar para que ella, la plagiaria, se quede. Desde que Norma Piña decidió defender la independencia del Poder Judicial y no rendir culto a su par, Palacio Nacional dictó su sentencia.
Con su aliado Arturo Zaldívar como titular de la Corte, el presidente de México no quería reformarla, sino prolongar por dos años el periodo de quien la encabezaba. El escenario apocalíptico que se esgrime hoy para destruirla, simplemente no existía entonces. Hoy Zaldívar asume una actitud indigna y servil, para facilitar el escarmiento de AMLO a quienes se atrevieron a hacer valer el principio constitucional de la división de poderes.
En el caso del INE, nada tenía que ver con mejorar su operación la campaña de desprestigio contra Lorenzo Córdova y Ciro Murayama. Buscaba una autoridad electoral subordinada al Ejecutivo, de modo que la vulneración por parte de AMLO de los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, y el uso ilegal masivo de recursos públicos por los candidatos oficialistas permanecieran impunes.
La cabeza del INE, Guadalupe Taddei, fue suplantada por la Secretaria de Gobernación, quien perfiló una sobrerrepresentación inconstitucional que otorgó al oficialismo la mayoría calificada, incluso antes de que empezaran los cómputos distritales oficiales.
Tras el 2 de junio, no tardó el oficialismo en concluir: ‘los electores nos ratificaron el mandato en las urnas, vamos por la continuidad, no hay por qué cambiar las cosas’.
La violencia y la corrupción se ‘normalizaron’ y no hubo voto de castigo. Consulta Mitofsky -certera en los resultados de la elección presidencial- señaló en diciembre de 2023: ’74.4% considera que hay mucha corrupción en el gobierno de AMLO’. Hoy se pretende ‘matar al mensajero’ que la ha develado en el entorno íntimo del presidente. Es la hora de la venganza. Parece que el problema no es la corrupción grave, sino que quede al descubierto.
Palacio Nacional ya puede palomear uno a uno los temas: ¿INE y Tribunal? Resueltos. ¿Investigaciones periodísticas indeseadas? Todo el poder del Estado contra ellos. ¿Suprema Corte? Abajo con ella.
La adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena no puede separarse del resto del Plan ‘C’.
El propósito del ‘Plan C’ es consolidar el monopolio político del nuevo partido de Estado. Es la ruta a un cambio de régimen político: autoritarismo, punitivismo y militarismo para que no haya obstáculos a las decisiones del líder. Para mis amigos, justicia y gracia; para mis enemigos, la ley a secas.
En adelante habrá una sola ley: o estás conmigo o estás contra mí.
¿Por qué desmantelar a la Administración Pública Federal, socavar al Legislativo y al Judicial, eliminar a los contrapesos y concentrar el poder en una sola persona? Porque quiero.
¿Por qué utilizar facciosamente a las fiscalías, al SAT, a la UIF, para escarmentar a mis adversarios políticos? Porque puedo.
¿Por qué hay que elegir a los jueces, magistrados y ministros por voto popular? Porque lo digo yo.
Mientras tanto, escribe José Woldenberg, nos toca atender la abismal fractura social que marca nuestra convivencia.
