Quizá la mayor asignatura pendiente que tenemos los mexicanos es revalorar la contribución a la nación por parte de los trabajadores.

El corporativismo sindical sirvió para controlar políticamente a los trabajadores, no para hacer valer sus derechos. A su vez, la gran mayoría de los trabajadores no asalariados e informales sobreviven en la precariedad absoluta.

Queremos una economía del bienestar, pero seguimos con una base laboral estancada en un contexto feudal.

Son contundentes los datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) en 2021: de los 57.1 millones de mexicanos que tienen un trabajo remunerado sólo 2 de cada 100 perciben más de 18,483 pesos al mes, un equivalente a cinco salarios mínimos. El salario mínimo para 2021 es de 123.22 pesos diarios.

Los hogares mexicanos gastan en promedio 15,799 pesos mensuales para el mantenimiento del hogar y el pago de deudas, lo que significa que un hogar necesita más de una fuente de ingresos.

Tomo prestado el título de este artículo del documento ‘Renovar políticas para un nuevo curso de desarrollo en México’ (https://bit.ly/3jNmljj) —en cuya elaboración participamos 21 mexicanos— que enfatiza el imperativo de recuperar la iniciativa pública para generar bienestar y desarrollo con base en acuerdos sociales robustos. Nada sustituye a una política productiva que atraiga inversiones y genere más empleos dignos.

La explotación del trabajo femenino es el otro lado de la moneda. Descargamos sobre las mujeres —tanto amas de casa como trabajadoras del hogar— todos los cuidados familiares: hacer la comida, cuidar a los niños, velar por los enfermos, dar seguimiento a la educación a distancia durante la pandemia. La falta de una red de guarderías asequible agudiza la carga inmensa para las mujeres con este tipo de responsabilidades.

¿Qué ha cambiado?

El gobierno actual subraya su compromiso con la reforma laboral y con el aumento del salario mínimo. Ambas son buenas noticias, pero necesitamos invertir más en nuestra gente, con el fin de contar con una fuerza laboral capacitada y calificada para la innovación, en un contexto de cambios tecnológicos, con derechos sociales ciudadanos que sean universales.

El Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) incorpora en el cuerpo de este nuevo pacto a los derechos laborales, incluso aquellos que no están vinculados con el comercio internacional.

Durante décadas firmamos compromisos por los derechos laborales a sabiendas de que no los cumpliríamos. Ahora legisladores y sindicatos cercanos al liderazgo de la Cámara de Representantes de EU ejercen presión en el marco del T-MEC.

Desde adentro de México ello se califica como intervencionismo —siempre es difícil trazar la línea limítrofe de un compromiso firmado en un tratado internacional. En todo caso, hemos de exigir reciprocidad para nuestros compatriotas mexicanos que laboran en EU. Muchos de ellos han sido designados como trabajadores esenciales, pero sin gozar de la estabilidad laboral, del cuidado de la salud y de la seguridad y previsión social elementales.

Aquí y allá, los trabajadores son los sujetos protagonistas de nuevas luchas transfronterizas por los derechos laborales y constituyen la base fundamental de la democracia. Vivir con dignidad no debe ser una utopía ni un privilegio.

Profesor asociado en el CIDE
@Carlos_Tampico

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