¿Qué ocurre cuando se desmantelan las instituciones del gobierno y son reemplazadas por redes de lealtad a una persona?
¿Qué pasa cuando un gobierno busca controlar políticamente a los tres poderes y el país se queda sin un propósito común?
De los productores de: ‘En México no existen laboratorios de fentanilo’, de ‘No derribaremos un solo árbol para construir el Tren Maya’, y de ‘Tendremos un sistema de salud mejor que el de Dinamarca’, nos llega ahora la superproducción de los Estudios Tetra-Transformación’: ‘Una elección ejemplar’. Ajá.
El domingo 1 de junio se llevó a cabo una simulación. No fue una elección, sino una designación. El 12 de mayo -tres semanas antes- el periodista Mario Maldonado dio a conocer, entre 33 mujeres y 31 hombres, a las 9 personas (cinco mujeres y cuatro hombres) que, según el dictum de Palacio Nacional, habrían de convertirse en ministros de la nueva SCJN.
El ‘acordeón’ no fue una ayuda de memoria, sino una grosera inducción del voto.
La participación real efectiva fue de 9.81 por ciento de la lista nominal; la abstención, votos nulos y en blanco sumaron 90.19 por ciento. Difícilmente puede llamarse a eso un mandato popular con plena legitimidad.
Retrocedamos a 2021. AMLO no tenía intención de reformar a la Suprema Corte, sino que buscaba prolongar hasta 2024 la presidencia de su aliado político, el ministro Arturo Zaldívar, pero la Corte no lo avaló. En 2023, resolvió en contra de asignar la Guardia Nacional -cuyo diseño constitucional la ubicaba bajo mando civil- como subordinada al mando militar.
El 5 de febrero (Día de la Constitución) de 2024, a ocho meses de concluir su sexenio, AMLO planteó una reforma constitucional para que jueces, magistrados y ministros llegaran a sus puestos por el voto popular. Ningún país del mundo hace eso, por razones muy fundamentadas.
Tras ganar la elección presidencial del 2 de junio, Claudia Sheinbaum hizo suyo el objetivo de AMLO, y para cumplirlo se realizó la construcción espuria de una mayoría calificada en el Senado, que no lo fue por los escaños ganados en la elección, sino por las extorsiones y compra de votos de legisladores perredistas y panistas.
En agosto 2024, el entonces presidente de Morena, Mario Delgado, soltó: ‘¿qué tal si le damos la reforma judicial como regalo de jubilación al presidente López Obrador? Hoy AMLO dice adiós a los contrapesos, y nadie lo juzgará (en México) por su desempeño durante 2018-2024.
Hugo Aguilar, un abogado mixteco, presidirá la Corte. Ello no significa que vaya a defender las causas de las comunidades originarias. Aguilar encabezó por el gobierno de AMLO la consulta sobre el Tren Maya a las comunidades indígenas, quienes podían optar entre decir sí o sí a su construcción. La ONU concluyó que dicha consulta no cumplió con los estándares internacionales de derechos humanos.
Sin división de poderes, el gobierno cambia el régimen político: indujo a los militares a convertirse en actores políticos, y ahora a los juzgadores. Y controla la narrativa: ‘Le arrebatamos el poder judicial a la derecha y construimos uno al servicio del pueblo’. Esto no genera certidumbre afuera de México, pero prevalece adentro en muchos ámbitos.
Además, sigue el verdadero problema de injusticia e impunidad, que sobre todo recae en la fiscalía federal, las fiscalías estatales y las policías, que la reforma no abordó.
Todos (menos uno) perdimos.
Profesor del CIDE. @Carlos_Tampico