¿Está el gobierno realmente en control del país? Uno pensaría que sí: tiene la presidencia, las cámaras de diputados y senadores, 26 de las 32 gubernaturas, una mayoría de las legislaturas estatales, el mando de las fuerzas armadas. Podría concluirse que el gobierno tiene la cancha libre para instrumentar su Plan México.

No es así.

La dinámica de tolerancia-complicidad-asociación-subordinación al crimen organizado sigue siendo la norma, más que la excepción, en al menos la mitad de las entidades federativas.

Lo que es peor, el control territorial del crimen organizado empieza a volverse control patrimonial. Además de arrebatarles sus empresas a limoneros, criadores de pollo, aguacateros, etc., se extiende el cáncer de bandas criminales con notarios públicos a su servicio, para despojar de casas habitación y propiedades inmobiliarias a particulares. Los recursos jurídicos en defensa de los afectados quedarán anulados en la medida en que el poder judicial local también esté controlado por pandillas criminales.

Mi reconocimiento al secretario García Harfuch por operativos exitosos en distintos puntos del país, pero llama la atención en primerísimo lugar que está atacando problemas que supuestamente no existían: AMLO nos dijo que había terminado con el huachicol y que ya no había laboratorios de fentanilo en México.

Lo sorprendente es que sigue sin haber detenciones de alto nivel en el ámbito político.

Que agarraron a una banda con las manos en el ducto, espléndida noticia. Que detuvieron a elementos de la guardia nacional que custodiaban pipas con el hidrocarburo robado, excelente acción. Que arrestaron a los choferes y aseguraron las pipas, qué bueno. Que ya les pusieron lupa a las aduanas, pues tomemos nota.

¿Acaso sancionaron a una gobernadora, a un alcalde? Ni hablar, para eso están los gringos. Aquí el gobierno se dedica a ganar elecciones a como dé lugar.

Exista o no la famosa ‘lista de Marco’ donde aparecen los nombres de gobernadores, senadores, diputados federales, y secretarios de Estado del régimen mexicano, e independientemente de lo que se proponga hacer Washington, lo que agravia es la extensa impunidad en casos donde el dinero ‘caliente’ del crimen organizado ha financiado campañas político-electorales, incluida la más reciente ‘elección’ judicial.

Todo esto abona al clima de incertidumbre en México.

Además, la economía mexicana no crecerá ni en 2025, ni en 2026. Las transferencias monetarias no alcanzan: se debilita el consumo privado, que representa 70% del PIB. La producción de crudo se desploma y Pemex requiere mayor inyección de recursos que nunca para operar. Trump ya avisó que se quedará con la cadena acero-aluminio, que es vital para la industria automotriz. A ver qué actividad nos deja –le faltan 3 años y medio. Empiezan los anuncios de que tales empresas cancelan inversiones en México o se trasladan a territorio estadounidense.

Sin embargo, quizá el mayor desafío es quitarnos el yugo del crimen organizado en la vida cotidiana. ¿Para qué pongo un negocio si me van a cobrar piso?

AMLO dijo que separaría al poder político del poder económico, y en su sexenio los ultrarricos ganaron más dinero que nunca. Con el actual gobierno, en su momento de mayor poder formal, el reto sigue siendo separar al poder político local, estatal y federal del crimen organizado, y combatir la impunidad de ambos.

Profesor asociado en el CIDE @Carlos_Tampico

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