La polarización política mexicana tiene como factor subyacente a la polarización económica.
Durante décadas las élites mexicanas consideraron ‘normal’ y ‘natural’ que más de la mitad de la población mexicana subsistiera en niveles de pobreza y pobreza extrema. Se planteaba como puerta a la prosperidad la inserción en la globalización, pero sus beneficios sólo alcanzaron a una minoría privilegiada.
Hubo crecimiento, pero mucho menor al requerido. Hubo educación y salud, pero muy por debajo de los estándares de América del Norte y de la OECD. Dejamos intacta una estructura interna de poder que es un sistema brutal de segregación económica, social, cultural e incluso racial.
En México ni siquiera se usa el concepto de ‘ciudadanía económica’, en su acepción de la manera en que la posición o situación económica de un individuo o una familia, puede influenciar el ejercicio de sus derechos políticos, sociales, culturales y ambientales. La libertad de que gozaban millones de mexicanos era la de padecer hambre o emigrar, mientras que el acceso a la justicia era solo para quienes podían comprarla.
Llegó AMLO y les propuso a estos mexicanos: yo te veo, te miro y te hablo —voy a repartir el presupuesto para que a ti te toque algo— transferencias en efectivo con un componente emocional, cuya sustentabilidad está a prueba.
El depósito de dinero en la cuenta individual se volvió un pacto social mucho más poderoso que la Constitución o las leyes. Al mismo tiempo, el gobierno abdicó de sus responsabilidades fundamentales: proteger la vida y la seguridad de los ciudadanos, y proveer bienes como educación y salud, cuyos sistemas públicos están hoy convertidos en zonas de desastre.
Así, el vínculo caudillo-masas no ha conducido al empoderamiento de los mexicanos. El gobierno ha suplantado al pueblo, y ha negado sus derechos a los ciudadanos. La política se ha convertido en una instrumentalización de los electores para ampliar y hacer permanente la concentración del poder y la dependencia respecto de una persona, quien ‘volvió a los ciudadanos rehenes, a los opositores enemigos y a los críticos adversarios’ (Azucena Uresti, EL UNIVERSAL, 2 enero 2025).
En el primer gobierno de Morena, 2018-2024, la tasa de crecimiento anual promedio del PIB fue de 0.85%, la más baja en seis sexenios.
Las transferencias en efectivo y los programas sociales tienen gran aceptación social y llegaron para quedarse, pero no modifican el statu quo económico. No se está generando aquí la emancipación de la baja productividad, de la elevada segmentación social, ni de la escasa calidad institucional (Ugo Pipitone, La salida del atraso, CIDE y FCE, 1994). El gobierno de Morena oculta la información pública gubernamental, recicla a los corruptos y perpetúa a las oligarquías, en lugar de generar la expansión sostenida y sustentable de las clases medias.
Nos urge a los mexicanos una verdadera transformación que libere el potencial creativo y productivo de la mayoría de los mexicanos. No hay secretos ni fórmulas mágicas, ello sólo puede lograrse con seguridad ciudadana, educación, salud, justicia fiscal y competencia económica.
El gobierno actual parece atrapado entre el estancamiento económico y el autoritarismo; ¿habrá nuevos actores políticos que promuevan el crecimiento incluyente, la justicia, y la cohesión social en democracia?
Profesor asociado en el CIDE.
@Carlos_Tampico
