Washington, DC – Escribo desde la capital estadounidense, donde a partir del lunes 20 de enero inicia el segundo mandato de Donald Trump en la Casa Blanca. El presidente 47 de Estados Unidos se propone cumplir todas las amenazas que ha proferido contra México, entre las cuales preocupan sobremanera las deportaciones masivas.
En EU hay entre 4.5 y 5 millones de mexicanos sin papeles. Pende sobre sus cabezas la amenaza de que pueden ser expulsados en cualquier momento y desde cualquier lugar.
México tiene una red de más de 50 consulados y un personal capacitado y entregado a su trabajo en el área de protección. Conozco de cerca su trabajo y merece un gran reconocimiento, sobre todo cuando se realiza, como ahora, en condiciones precarias, sin una estrategia acompañada de un presupuesto acorde.
El presidente AMLO visitó Estados Unidos en cinco ocasiones durante su sexenio, y en ninguna de ellas se reunió con los trabajadores migratorios mexicanos. La defensa de nuestros compatriotas, en lo que concierne a las más altas autoridades mexicanas ha sido más reactiva que proactiva.
La economía de EU fue construida sobre el trabajo esclavo de la población negra. Hoy la agricultura, la construcción, los servicios de hospitalidad, los servicios de salud, de limpieza, de transporte, descansan sobre el trabajo mexicano y de migrantes de otras latitudes. Su vinculación con los trabajadores estadounidenses tiene mucho terreno por donde avanzar; no son rivales entre sí.
Trump no quiere solucionar nada con las deportaciones. Lo que quiere es someter, subordinar, sojuzgar a los mexicanos y otros trabajadores, en el marco de un esquema de supremacismo en que los trabajadores son fichas de negociación. Él necesita el conflicto contra los migrantes como chivos expiatorios y combustible de sus campañas políticas.
Al cabo de las deportaciones iniciales, la misma dinámica de los mercados laborales exigirá de nuevo traer trabajadores del exterior a Estados Unidos. En el camino, sin embargo, el inquilino de la Casa Blanca causará mucha humillación y mucho dolor.
¿Qué podemos / debemos hacer los mexicanos?
No hay dinero en el presupuesto 2025 ante estas deportaciones extraordinarias. ¿Han estimado Gobernación y SRE los impactos estatales de acoger a los migrantes? ¿Ha calculado Banco de México cuántas remesas se dejarán de recibir? ¿Tiene la Secretaría de Seguridad algún mecanismo para defender a los deportados frente a la ofensiva del crimen organizado para reclutar deportados? ¿Cuentan los gobiernos estatales con una estimación de cuántos paisanos regresarán? En cualquier caso, nos urge cubrir dos flancos cruciales:
1. Un registro con información precisa, amplia y confiable sobre los expulsados, quiénes y cuántos son, de su procedencia en EU, su tiempo de estancia, si vienen con familiares, si dejaron parientes, habilidades aprendidas, manejo del inglés, como lo plantea el profesor Jorge Durand acertadamente (https://shorturl.at/cuQMF)
2. La defensa jurídica de calidad, a la que todos los trabajadores migratorios tienen derecho como forma de resistencia y defensa. Lo hará la American Civil Liberties Union (ACLU), algunos sindicatos obreros y de jornaleros agrícolas, pero debemos hacerlo nosotros hasta donde se pueda.
Por elemental dignidad. Se lo debemos a nuestros compatriotas migrantes.
Profesor asociado en el CIDE. @Carlos_Tampico
